Multas por no hablar castellano y cambios en sanidad y educación: la cruzada de PP y Vox contra el catalán en Balears

Uno de los principales campos de batalla de Vox en Balears es cambiar el modelo de inmersión lingüística en catalán, pensado para garantizar que todos los estudiantes de las Islas conozcan la lengua propia del archipiélago, que se encuentra en retroceso en comparación con el castellano. Con este contexto como telón de fondo, este martes se ha producido uno de los plenos más tensos de la legislatura, después de que los ultraderechistas presentaran una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de “garantizar la libre elección de lengua” (castellano o catalán) en todas las etapas de educación infantil y primaria -hasta los doce años- a partir del próximo curso y que se extendiera al resto de fases educativas -ESO, Bachillerato y FP- desde 2025. La iniciativa no ha salido adelante porque el PP se ha abstenido y la oposición ha votado en contra. El PP se ha abstenido no porque esté en desacuerdo con Vox, sino porque discrepa del calendario que deben implementar para desplazar al catalán de la escuela pública.

Pero la educación no es el único ámbito donde PP y Vox están maniobrando para hacer retroceder el catalán en estos primeros 100 días de gobierno -sumido ahora en una profunda crisis después de que la ultraderecha haya boicoteado la tramitación de los presupuestos autonómicos como venganza contra el PP por abstenerse en la citada PNL-. A conservadores y ultraderechistas les ha dado tiempo a eliminar el requisito del catalán en la sanidad pública balear -que según ellos provocaba una fuga de profesionales e impedía la llegada de personal sanitario, a pesar de que no cuentan con ningún dato que avale esta teoría-. E, incluso, se están planteando la posibilidad de extender esta medida a toda la función pública -es decir, que para tener una plaza de funcionario no sea necesario acreditar ningún nivel de catalán-. Todo ello acompañado de una futura 'Oficina de Libertad Lingüística', ideada y dirigida por Vox para, a través de multas desorbitadas, “luchar contra la imposición del catalán” en Balears.

Derogar las leyes que promueven “enfrentamiento y división”

Prohens necesitó los votos de Vox en su investidura para hacerse con el bastón de mando en el Consolat de Mar, sede del Govern balear. Pese a que la extrema derecha no consiguió hacerse con ninguna conselleria -sí ostenta la presidencia del Parlament, la segunda autoridad balear-, condicionó el acuerdo de gobierno a un pacto programático de 110 medidas, firmado por PP y Vox, que implicaba, entre otras cuestiones, derogar “aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división, o que ataquen a la unidad de la nación”, al tiempo que el documento destacaba que se iba a promover “la identidad y cultura, así como las peculiaridades lingüísticas de las Islas Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España”.

En los primeros meses de gobierno, el Ejecutivo de Prohens ha aprobado algunas medidas que ya iban incluidas en su programa electoral, como la citada eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública bajo el argumento de evitar una “fuga” de médicos, pese a reconocer que no contaban con datos exactos sobre la supuesta huida de los facultativos. La presidenta Prohens llegó a decir esta semana que ella quiere que “ir a trabajar a Balears sea un regalo, no un castigo”, en relación al requisito del catalán en la sanidad pública. Cabe destacar que antes de que entrara en vigor la medida, el título del B2 en catalán era una exigencia obligatoria para los profesionales sanitarios que quisieran optar para una plaza fija en la sanidad pública.

La presidenta Prohens (PP) quiere que "ir a trabajar a Balears sea un regalo, no un castigo", en relación al requisito de hablar catalán para poder ejercer en la sanidad pública

Durante este tiempo, Marga Prohens, presidenta del Ejeuctivo autonómico (PP), ha manifestado en diversas ocasiones que no pretende hacer de la lengua “una materia de confrontación”. “Quien desee eso me conoce muy poco y conoce muy poco a este Govern”, afirmó este lunes. Del mismo modo, Prohens reconoció los errores que considera que se cometieron durante la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015), quien intentó implementar un modelo educativo en la escuela pública que habría terminado con la inmersión lingüística, a favor de un modelo trilingüe en castellano, catalán e inglés. La rama educativa del sindicato STEI, en cambio, ha respondido este martes que el Govern de la ‘popular’ Prohens “no ha aprendido la lección” de las ‘mareas verdes’ -las manifestaciones multitudinarias que hubo contra las políticas lingüísticas de Bauzá- y exigió al Ejecutivo conservador a aparcar “los experimentos pedagógicos”.

Vox marca una agenda lingüística “anticatalana”

Otras medidas, en cambio, están más bien condicionadas por la necesidad de bailar al ritmo que marca la ultraderecha, ya que al gobernar en solitario y carecer de socios estables en el arco parlamentario, el PP necesita a Vox para dar estabilidad a la legislatura. De este modo se explica, por ejemplo, que el Govern conservador haya derogado la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos -una exigencia de los ultraderechistas para luchar contra la “imposición del catalán”- que será sustituida por la Oficina de Libertad Lingüística, bajo control de Vox.

Este fue, de hecho, uno de los puntos que los ultraderechistas fijaron para dar su apoyo a la investidura de Prohens. El texto firmado por PP y Vox ya preveía la creación de “una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas”. Esta entidad pretende contraponerse a su predecesora Oficina de Defensa de Derechos Lingüísticos, la cual, según Vox, solo existía “para la protección exclusiva del catalán, excluyendo al castellano”.

En realidad, la razón de ser de la anterior Oficina no era otra que proteger los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes. Según el Estatut, el idioma propio de las Islas es el catalán, a pesar de que se encuentra en un grave retroceso en contraposición al castellano. Idoia Ribas, portavoz de Vox en el Parlament, aseguró que la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística es “una actuación fundamental para restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre en esta comunidad autónoma” y que Vox asumiría la dirección de esta oficina para “proteger a los ciudadanos, atenderles si se sienten oprimidos y controlar al Govern y a las instituciones”.

Según el Estatut, el idioma propio de las Islas es el catalán, a pesar de que se encuentra en un grave retroceso en contraposición al castellano

Uno de los asuntos más polémicos que contempla la proposición de ley de Vox para crear la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, y que los ultraderechistas pretenden controlar, es que el documento recoge, entre sus funciones, infracciones y multas que podrán alcanzar -si se aprueba la propuesta- hasta 100.000 euros, en los casos considerados como “más graves”. “Esta oficina será una realidad a partir de enero y para ello es necesario aprobar esta normativa para regular su funcionamiento”, señaló Ribas. Según los ultraderechistas, la Oficina anterior estaba motivada por una normativa “pancatalanista” que “dificultaba el uso del castellano”.

La intención de los ultraderechistas es que la nueva Oficina pueda actuar en el ámbito tanto público como privado, desde Govern, Parlament y otras instituciones públicas como la Universitat de les Illes Balears (UIB) hasta las “personas físicas y jurídicas de naturaleza privada”. Entre las funciones que entrarían en el ámbito de esta entidad, la proposición de ley marca, por ejemplo, recoger y tramitar las reclamaciones sobre vulneración del derecho a la libertad lingüística, asesorar y formular propuestas y recomendaciones de medidas normativas que se consideren necesarias para garantizar el derecho a la libertad lingüística en el Parlament balear e investigar o inspeccionar posibles casos de “vulneración del derecho a la libertad lingüística” y el cumplimiento de la normativa que la ampara.

Tensiones con el PP

La proposición de ley presentada por Vox, sin embargo, generó tensiones en el Partido Popular, quienes aseguraron que la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, tal como está planteada, “no les gusta ni poco ni nada”. Sebastià Sagreras, portavoz del PP en Balears, advirtió que si no se retiraba la proposición de los ultraderechistas, los populares iban a presentar “multitud” de enmiendas a un texto que “no estaba pactado” y del cual “no habían sido avisados”.

“Hace daño centrarse en aspectos concretos de la norma, dado que invade competencias, no nos gusta el preámbulo, tiene un régimen sancionador que está fuera de lugar o permite registrar instituciones”, declaró Sagreras. El portavoz de los populares añadió que “los acuerdos se tienen que cumplir”, en referencia a la creación de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, pero con la condición de que el texto esté pactado, remarcan los conservadores, tal como constaba en el acuerdo programático.

La “guerra contra el catalán” ha penetrado en otras instituciones donde gobierna el PP con Vox, como el Ajuntament de Palma. En la sesión plenaria del mes de julio, los conservadores alcanzaron un acuerdo con los ultraderechistas para modificar la normativa lingüística municipal -con los votos en contra del PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos-. El cambio en la norma implicó que la administración local debe dirigirse en castellano al ciudadano cuando éste se haya dirigido al Consistorio en dicha lengua, cuando antes se tenía que pedir expresamente. Del mismo modo, el dominio '.cat' de la web del Ajuntament se cambiará por el de '.es'. El PP ha aprobado la propuesta de Vox después de haber incorporado una modificación transaccional en la misma, ya que la extrema derecha pretendía introducir el uso del castellano “en toda la práctica administrativa”, algo que no es posible porque la Ley de Normalización Lingüística de 1986 es de ámbito autonómico -y no lo permite-.

“El PP sí está de acuerdo con la normalidad lingüística, que es que cualquier persona que se dirija a la administración en castellano o en catalán sea contestada en ambos idiomas, sin necesidad de pedir expresamente que se le conteste en castellano. Queremos que a cualquier persona se le atienda en la lengua en la que se dirija a la administración”, defendió Javier Bonet, primer teniente de alcaldía de Turismo, Cultura e Innovación. Este cambio, según Fulgencio Coll, portavoz municipal de Vox, implicaba que se “recuperan derechos” para que “los ciudadanos puedan recibir información en las dos lenguas oficiales, catalán y castellano”.

Por otro lado, los diputados del PP en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament votaron el pasado miércoles en contra de pedir al Govern balear que mantenga el requisito de catalán en toda la función pública. De esta decisión se desprende hacia dónde podrían dirigirse las políticas lingüísticas del Ejecutivo de Prohens en los próximos meses, con el objetivo de dejar al catalán en un segundo plano, pese a ser una lengua frágil y en claro retroceso respecto al castellano en el archipiélago balear. El hecho de que el catalán deje de ser requisito en toda la función pública es, por tanto, una de las opciones que está sobre la mesa del Gobierno autonómico que lidera Prohens.