Vuelven a sobrevolar los fantasmas que apuntan a que el Govern del PP de Marga Prohens estaría preparando una modificación de la ley que rige el funcionamiento de IB3, la radiotelevisión pública de las Illes Balears, para tener un mayor control sobre el servicio público, algo que ya ocurrió durante las etapas de los expresidentes Jaume Matas y José Ramón Bauzá. El objetivo no sería otro que el de cesar a Andreu Manresa, actual director general del ente público. Manresa fue reelegido en 2022 y su mandato no termina hasta 2028, lo que implica que, con la actual norma en vigor, mantendrá su cargo durante toda la legislatura del Ejecutivo conservador.
El Govern está intentando forzar la salida de Manresa, según avanzó Última Hora, pero con la ley actual los populares no pueden cesarle. La salida solo se produciría si el director general presenta su renuncia. El Parlament balear aprobó en 2015, a propuesta del PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos la modificación de la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, que regía la radiotelevisión pública balear, con el voto favorable de la derecha regionalista del PI en la mayoría de los puntos, pero el voto en contra del PP y Ciudadanos.
Actualmente, el mandato de los miembros del Consejo de Dirección del ente público (artículo 16.1) es de seis años desde su nombramiento y son elegidos por el Parlament por tres quintas partes en primera votación o mayoría absoluta en segunda votación (artículo 15.1). También corresponde a la cámara autonómica la designación de la persona que tiene que ocupar el cargo de director o directora general de la radiotelevisión pública y del Consejo de Dirección.
Los partidos de izquierdas justificaron esta modificación legislativa en que, si las designaciones de la dirección de IB3 se producen cada seis años, no habrá cambios cada vez que entre un nuevo Ejecutivo en el Govern, ya que las renovaciones no coinciden, en principio, con las elecciones locales y autonómicas. Sin embargo, según Última Hora, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, quiere cambiar la duración de los mandatos para que sean de cuatro años y estén vinculados a las legislaturas. Una maniobra que recuerda a la que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para asegurarse el control total de Telemadrid con el apoyo de Vox.
Ni confirma ni desmiente
El Govern, oficialmente, no ha hecho ninguna propuesta de modificación legislativa. Fuentes de la Conselleria de Presidencia aseguran a elDiario.es que el Ejecutivo regional “no ha tomado ninguna decisión respecto a IB3” y que, actualmente, “Andreu Manresa continúa siendo el director general”. Las mismas fuentes sí señalan que el Govern está “analizando la situación” del ente público y no han querido ni confirmar ni desmentir los rumores de un cambio legislativo.
Cabe destacar que ha sido durante el mandato de Andreu Manresa como director general de IB3 cuando se ha producido la internalización de 315 trabajadores de los servicios informativos de la radiotelevisión pública que, hasta el 31 de enero de 2023, estaban subcontratados por las diferentes empresas que optaban a los concursos públicos para explotar y gestionar los servicios informativos.
La internalización, una reivindicación histórica de los trabajadores, entró en vigor el pasado mes de febrero, después de muchos años de movilizaciones y huelgas. Las negociaciones se llevaron a cabo entre el comité de empresa, la dirección del ente y el Govern de Armengol. Pese a que ya forman parte de la radiotelevisión pública como personal laboral todavía queda por fijar, entre otras muchas cuestiones, la adaptación de los salarios de los trabajadores subrogados a las condiciones públicas y la negociación de un nuevo convenio colectivo.
Críticas de la oposición
El PSOE criticó este miércoles, en relación a las informaciones publicadas en la prensa local, que le parecería “muy grave” modificar la ley de IB3 simplemente para cesar a Andreu Manresa, actual director general, si tal extremo se confirmara. “Es volver a la época de Bauzá (...) porque significa un cambio de ley por motivos estrictamente políticos y partidistas”, lamentó Pilar Costa, portavoz del grupo socialista en el Parlament.
Costa aseguró que en la legislatura de 2015 se llegó a un consenso con diferentes fuerzas parlamentarias para que los mandatos del ente público duraran seis años, es decir, más de una legislatura. “Vemos que el PP, con unas formas absolutamente caciquiles, vuelve a tiempos pasados, concretamente, de Bauzá y Matas”, opinó la portavoz socialista, y añadió que el PP siempre quiere hacer de la televisión pública “una herramienta propagandística” que esté al servicio del partido cuando gobiernan.
El PP gobierna en minoría en Balears gracias a un pacto programático con Vox que implica el cumplimiento de 110 medidas con el partido ultraderechista. En dicho acuerdo, sobre IB3, el punto 52, de eficiencia en el gasto público, establece que apostarán “por un modelo de radio y televisión pública que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad de las Islas Baleares en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales, apostando por programas de producción propia elaborados por empresas con arraigo en nuestras islas”.
La propuesta de Vox es otra: cerrar la radiotelevisión pública balear. “Uno de los principales motivos es por el bien de los propios trabajadores”, aseguró Jorge Campos, líder de Vox en Balears y actual diputado nacional, en una entrevista en Diario de Mallorca. “Somos críticos con la continuidad de IB3 por su politización extrema y su sectarismo, y eso no es culpa de los trabajadores”, afirmó. Vox propone el cierre, según defiende, para ‘ahorrarse’ 40 millones de euros anuales e impulsar, en su lugar, políticas de promoción del sector audiovisual privado. “Tampoco querríamos una IB3 a las órdenes de Vox”, argumentó Campos.
La asociación de periodistas balear exige independencia
La Asociación de Periodistas de las Illes Balears (APIB) ha criticado en un comunicado, en relación a la información publicada en la prensa local, la intención del Govern de reformar la Ley 15/2010 del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears “para forzar el relevo del director general actual, cuyo mandato, por imposición legislativa, es de seis años, lo que supondría que puede continuar en el cargo hasta 2028”.
La APIB denuncia que la propuesta del PP de cambiar a cuatro años el mandato para ligarlo a la legislatura implicaría “vinculación ideológica”. En este sentido, la asociación de periodistas de Balears recuerda que la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal, también establece “un mandato de seis años para el director general de RTVE”.
La APIB también ha criticado a anteriores gobiernos autonómicos por intentar “politizar al ente público”, incluido el primer gobierno de coalición progresista encabezado por Francina Armengol. La asociación balear de periodistas recuerda que el PSOE, con el apoyo de diferentes grupos del arco parlamentario, reformó en 2015 la ley de IB3 para “rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para nombrar al director general y al Consejo de Dirección”, pasando de dos tercios a tres quintos, con lo que evitaban consensuar el candidato “con el principal partido de la oposición”.
Por este motivo, la APIB exige el cumplimiento de la norma respecto al “perfil técnico y profesional” de los candidatos para garantizar “independencia y neutralidad” y pide a los partidos que “despoliticen la radio y televisión públicas”. Además, han exigido que se convoque concurso público y transparente para valorar la “idoneidad” de los candidatos, primando un perfil “profesional contrastado, solvente e independiente”.