El pleno del Parlament balear ha aprobado este jueves los primeros presupuestos generales del Govern de Marga Prohens (PP), que ascienden a 7.320,7 millones de euros para 2024, y que han estado ampliamente condicionados por las exigencias de Vox, socio de investidura de los populares. El texto ha incorporado la práctica totalidad de las enmiendas presentadas por la extrema derecha, incluida la dirigida a destinar 20 millones de euros a desmantelar la escuela pública en catalán.
Los presupuestos han quedado aprobados, antes de final de año como marca la Ley, con el apoyo del bloque de investidura: PP, Vox, el diputado de Sa Unió de Formentera -conformada por PP y Compromís (la derecha local)- Llorenç Córdoba y el no adscrito Xisco Cardona -antiguo diputado de Vox que dejó la formación por discrepancias con el partido de extrema derecha-. El propio Córdoba, que está inmerso en una profunda crisis política, anunció esta semana que votaría a favor de las cuentas.
Los presupuestos autonómicos han superado así su tramitación tras tensas negociaciones entre el PP y los ultraderechistas. No en vano, el acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos de 2024, anunciado in extremis la víspera del pleno del martes, ha centrado el debate a lo largo de estos tres días. Vox llegó a afear a su socio de Gobierno que estaban negociando las cuentas autonómicas en los penaltis y que se sentía ninguneado por el PP.
Al final, para poder aprobar los presupuestos, el PP ha tenido que ceder ante todo lo que le ha pedido Vox: la aprobación de 20 millones de euros para implantar la segregación lingüística en las aulas -dinero con el cual se podría contratar a 500 profesores o eliminar 50 barracones-, los 750.000 euros dedicados a la oficina de Vox para “luchar contra la imposición del catalán” en las Islas -a pesar de ser el idioma propio de Balears-, los 200.000 euros para tener inspectores que luchen contra las “intromisiones ideológicas” en las aulas, la eliminación de las subvenciones a patronales y sindicatos -lo que ha obligado a CCOO y UGT a eliminar sus oficinas de Igualdad- y la supresión del Impuesto de Patrimonio a los más ricos -lo que hará perder 70 millones de euros a las arcas.
Voto en contra de la izquierda
De forma unánime, los partidos de izquierdas - PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos- han reprochado a los conservadores lo que consideran una completa “claudicación” ante sus socios, mientras que en el Ejecutivo no han dejado de insistir en que no se desvían del programa del PP ni del acuerdo original con Vox. Otro argumento recurrente del bloque de la derecha ha pasado por agitar la Ley de Amnistía y los pactos del PSOE con Bildu y los independentistas catalanes.
Afirmando que Vox “sólo se arrodilla ante Dios”, la portavoz de esta formación en la Cámara balear, Idoia Ribas, respondía a las críticas de la izquierda jugando con las alusiones de la diputada de Unidas Podemos por la felicitación navideña del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox). Ribas negó que el PP se haya “vendido”, mientras que el portavoz 'popular' Sebastià Sagreras aplacaba las acusaciones afirmando que “la ciudadanía puede estar tranquila” y que los populares no han renunciado a su hoja de ruta de esta legislatura.
Los 20 millones para segregar a los alumnos
El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda y Presupuestos, Antoni Costa, ha explicado que la partida presupuestaria de 20 millones de euros para la “libre elección de lengua” (castellano o catalán) en la enseñanza quedará “bloqueada” hasta conocer cuántos centros implantarán esta medida a partir del curso que viene.
Tras incorporar esta enmienda, Costa ha matizado que el Govern mantiene su postura de que la implantación de la elección de lengua no se puede cuantificar y, por ello, no podrá ejecutarse hasta que conozcan el número de centros que quieran sumarse al plan piloto, de carácter voluntario.
El acuerdo entre PP y Vox prevé la elección de la primera lengua en la primera enseñanza -catalán o castellano- en todos los centros educativos en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el primer ciclo de Educación Primaria a partir del curso escolar 2024-2025. Los conservadores aseguraron en su día que todo ello se hará “de acuerdo a la normativa vigente” -la Ley de Normalización Lingüística y la Ley de Educación- y “en los centros que sea posible”, y que el nuevo modelo se extenderá durante toda la legislatura al resto de los centros, “siempre respetando la autonomía” de cada uno y “sin comportar segregación por razón de lengua”.
Para el resto de etapas educativas, según el PP, los centros podrán “acogerse voluntariamente a un plan piloto para ofrecer a las familias la elección de primera lengua de enseñanza en las materias no lingüísticas del ámbito científico y social”, a través de diferentes medidas organizativas y pedagógicas (que pueden implicar, por ejemplo, desdoblamientos y grupos flexibles). Del mismo modo que en las etapas educativas anteriores, señaló el PP, se hará respetando “la autonomía del centro” y ello no comportará “segregación por razón de lengua”.
La aplicación de este plan voluntario, incidió la formación conservadora, será para el próximo curso 2024-2025 para Infantil y Primaria y para el curso 2025-2026 para Secundaria. En cuanto a las etapas de Bachillerato y Formación Profesional, se estudiará su viabilidad. Asimismo, los centros educativos que se acojan al nuevo modelo de enseñanza recibirán “dotación económica, humana y material para llevarlo a cabo”, señaló el comunicado del PP, firmado conjuntamente con Vox.
El documento aclaró que, al final del periodo de escolarización obligatoria, se tiene que garantizar que el alumnado haya adquirido “la competencia lingüística y comunicativa en lengua catalana y lengua castellana”. Además, la propuesta deberá contar con la participación y consulta de toda la comunidad educativa del archipiélago balear, un extremo que parece no cumplirse, ya que los principales sindicatos de las Islas y decenas de colegios e institutos de Mallorca se han mostrado en contra de esta medida.