Primer pulso entre PP y Vox, socios de investidura en Balears, a raíz de la Proposición de Ley para la creación de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, un ente propuesto por los ultraderechistas y que, según declaran, pretende luchar “contra la imposición del catalán” y equiparar el castellano con la lengua propia de las islas. La presidenta del Govern, Margalida Prohens (PP), ha reafirmado este lunes su compromiso con el cumplimiento del Estatut d'Autonomia -que reconoce el derecho de la ciudadanía a conocer y utilizar la lengua catalana- frente al texto presentado por Vox en el Parlament balear.
Los populares han reconocido que “trabajarán para modificar el texto” de la PNL si el partido de extrema derecha no la retira, como ha anunciado, por su parte, la diputada del PP Marga Durán Durán, quien ha remarcado que se trata de una iniciativa de Vox y que su formación “nunca ha puesto en cuestión” el Estatut d'Autonomia, por lo que “no se aprobará ninguna ley que sea contraria al Estatut” y se “trabajará para reconocer los derechos lingüísticos de todos los baleares”.
Mientras tanto, Prohens ha querido aclarar, una vez más, que “Vox, como cualquier grupo político en el Parlament, está en todo su derecho a presentar iniciativas parlamentarias”. Sin embargo, ha añadido que “en ningún caso” la Proposición promovida por los de Santiago Abascal “es una iniciativa que comparta, ni cuyo contenido conociera previamente el Govern”.
Así, ha apuntado que, “si bien es cierto que PP y Vox pactaron que hubiera una Oficina de Derechos Lingüísticos”, tal como se recoge en el acuerdo de gobernabilidad de esta Comunidad, “ello fue para garantizar la libertad lingüística en las dos lenguas oficiales”. “Yo no haré de la lengua una batalla de política lingüística ni para los unos ni para los otros”, ha subrayado la máxima dirigente autonómica, quien se ha mostrado “orgullosa de ser parte de una comunidad bilingüe” donde la lengua “es una herramienta de cordialidad no de confrontación”, pese a “lo se puede pretender por uno u otro lado”.
Por tanto, ha incidido en que la PNL presentada por Vox “es un texto que habrá que analizar, enmendar y, finalmente, respetar lo que salga de la Cámara Autonómica aunque, así como está redactado a día de hoy, este Govern no lo comparte”.
El PP, “comprometido” con el acuerdo de gobierno con Vox
Finalmente, y preguntada por si cree que la polémica pueda afectar de alguna manera al Ejecutivo que preside, Prohens ha considerado que “no” porque “están dispuestos y comprometidos a cumplir el programa de Govern y los acuerdos de investidura” que, ha reiterado, “no es lo que recoge el texto de la Proposición de Ley presentado por Vox”, y “cumplir el Estatut d'Autonomia”. “Esto es un compromiso ineludible, cumplir, respetar y hacer respetar el Estatut”, ha sentenciado.
Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha asegurado que la intención de su partido es mantener el régimen sancionador contemplado en la PNL y que podrá alcanzar, si se aprueba la propuesta, los 100.000 euros de multa en los casos más graves. Ribas ha manifestado que, de modificar las sanciones propuestas, sería “un brindis al sol”.
En esta línea, Ribas ha reconocido que no van a retirar la propuesta legislativa, por lo que ha invitado, por un lado, a la ciudadanía a presentar alegaciones y, por el otro, a las formaciones políticas a presentar enmiendas durante su trámite parlamentario para “mejorar el texto”, algo que “forma parte de la normalidad democrática”.
La representante parlamentaria ha recalcado que esta Proposición de Ley es “un proyecto de Vox”, ya que “solo está firmado por Vox y no por las dos formaciones [PP y Vox]”, y va “en consonancia con su ideología, ideario, sus principios” y con lo que consideran que “tiene que ser el tratamiento de lenguas oficiales en Balears”. Preguntada por la reacción que ha despertado la PNL en el PP, Ribas ha recalcado que se trata de “dos fuerzas políticas diferentes” y cada una “defiende sus ideales y lo que considera”.
Vox niega una “crisis” con los populares
De igual modo, en repetidas ocasiones la representante de Vox ha reiterado que “no hay ninguna crisis de Govern” y ha incidido en que “en ningún momento Vox ha pensado en retirarse del acuerdo de investidura al Govern”: “De crisis nada”. No obstante, ha puntualizado que “no pueden estar de acuerdo en todo” porque, si no, “se abrían presentado en coalición”.
“Esta ley no regula el uso de las lenguas, lo que regula es cómo se va a exigir que las administraciones públicas cumplan con las leyes que regulan el uso de las lenguas, que es diferente”, ha alegado, a lo que ha añadido que, en el caso del régimen sancionador, no afectaría a particulares o empresas privadas.
Interrogada por si Vox mantendría el régimen sancionador, ha aclarado que “esa es su intención” pero que “no tiene una bola de cristal” para saber cómo va a acabar la tramitación de la ley. “Las leyes que introducen obligaciones y deberes, siempre van acompañadas de un régimen sancionador porque si no acaban siendo un brindis al sol y nadie tendría por qué cumplirlas”, ha insistido.
Ribas también puntualizado que la ley distingue entre administraciones en las que tiene competencias el Parlament y las que no, como la Administración General del Estado o la de Justicia. “El acuerdo de gobierno de investidura dice que tiene que existir esa oficina y se confía en que el PP cumpla con el acuerdo, igual que Vox lo está haciendo”, ha subrayado. Finalmente, ha reconocido que los partidos del acuerdo han pactado “estar informados” de las iniciativas y del momento en que se va a presentar, por lo que ha asegurado que el PP “conocía que se iba a presentar” esta proposición de Ley.