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PP y Vox culminarán el próximo martes su ofensiva contra la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears. Lo harán durante el último pleno ordinario del Parlament antes del verano con la toma en consideración de una Proposición abanderada por la extrema derecha con el objetivo de derogar una normativa que ha permitido a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos llevadas a cabo durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La supresión de esta ley, aprobada en 2018 -durante el primer mandato de la socialista Francina Armengol- figura en el acuerdo de legislatura alcanzado entre conservadores y Vox por el que los de Santiago Abascal, a cambio de su apoyo, se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.
Coincidiendo con el debate de la iniciativa (previsto en torno a las 13.00 horas), la asociación Memòria de Mallorca ha convocado una concentración a las 12.00, frente a las puertas de la Cámara autonómica, para rechazar este “atentado contra los derechos de las víctimas”. El pasado 2 de junio, una manifestación organizada por la Plataforma por la Memoria Democrática (que integra a más de 80 entidades de la sociedad civil) exigió a PP y a Vox que no eliminen la ley y advirtió de que la convocatoria era “un aviso más de que la sociedad civil no aceptará políticas antidemocráticas” de las derechas.
Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo se convirtió en uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan. Su objetivo pasa por sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, ya ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la ofensiva de Vox contra la memoria histórica.
En Balears, entre los alegatos que el partido de extrema derecha expone en su Proposición de Ley, recrimina que la normativa “atenta contra la igualdad de todos los españoles”, dado que, a su juicio, “vulnera el artículo 14 [de la Constitución] que sirve de llave para los derechos fundamentales”. “Esta ley procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”, añade.
En opinión de Vox, esta circunstancia “promueve el rencor y evita el reconocimiento a todos aquellos que, en algún momento de la historia y por diversas causas, derramaron su sangre por España sin importar el bando en el que estuvieran”. En su texto, el partido vuelve a malinterpretar la memoria histórica como un intento de “dividir a los españoles”, en lugar de valorarla como una herramienta dirigida a reparar las heridas provocadas por el golpe fascista de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El texto, por otra parte, sitúa el inicio de las “convulsiones” que desembocaron en el estallido de la Guerra Civil en la proclamación de la Segunda República en 1931. Estas “convulsiones”, apuntan, “ya hacían presagiar el clima de inestabilidad social, crisis institucional y exclusión del adversario que caracterizaría a sus distintos gobiernos”. Vox enmarca “lo sucedido en España entre 1931 y 1945” en un contexto generalizado a nivel europeo y “movido por pasiones ideológicas, la brutalización de la política y la deshumanización del otro”.
Cabe destacar que, entre otros hitos, la Ley de memoria democrática balear ha posibilitado delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Bajo el amparo de esta normativa también se ha declarado la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.
Asimismo, en una iniciativa pionera a nivel estatal, se han podido recuperar más de 800 objetos (elementos conservados de la vestimenta de los asesinados por el franquismo (botones, hebillas, cremalleras, restos de calzado, también objetos de aseo) pertenecientes a las víctimas, principalmente procedentes de las fosas de cementerio de Son Coletes, en Manacor, y del cementerio de Porreres, y restaurarlos para devolverlos a sus familias. Algunos de los familiares optaron por ceder los objetos a las Secciones Museísticas de la Memoria Democrática creadas al amparo de esta normativa.
En esta línea, la Ley ha dado cobijo a la puesta en marcha una Oficina de Atención Directa para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familiares. También es una iniciativa pionera en España. Del mismo modo, se ha creado una nueva figura de protección en Balears: los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos. También ha permitido declarar el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, así como confeccionar un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas que han tenido que ser retirados por las instituciones públicas.
Desde la oposición de izquierdas han criticado duramente la decisión de derogar esta ley. “Es muy lamentable tener una presidencia a cambio de ir en contra de la democracia de la institución que presides”, criticó en su día el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien considera “lamentable” que “se pueda argumentar en un Parlament democrático que un levantamiento fascista y una dictadura nacionalcatólica pueden ser cuestiones interpretables”.