El Parlament balear ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, la solicitud de comparecencia del vicepresidente del Govern, el popular Antoni Costa, para ofrecer explicaciones sobre el nombramiento de un amigo suyo como gerente de la la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec) de Balears a pesar de estar investigado por una presunta agresión sexual. El Ejecutivo autonómico cesó de forma fulminante a este ex alto cargo, Juan Antonio Serra Ferrer, tras trascender que la Fiscalía reclama para él tres años de cárcel.
La comparecencia había sido solicitada por el PSOE, que buscaba esclarecer los pormenores de la anterior contratación. Tras el cese de Serra Ferrer, Costa reconoció haber cometido un error cuando, dos meses antes, le había contratado a sabiendas de que estaba siendo investigado. El vicepresidente aseguró que aquél le había trasladado su convencimiento de que la causa se archivaría y ni siquiera llegaría a juicio: “Confié en él, creí en su palabra, y por eso lo nombré, respetando la presunción de inocencia que considero que había que respetar”, manifestó.
Con todo, Costa consideró que no debía dimitir por su equivocación, tal como solicitaron PSIB-PSOE, Podemos y los ecosoberanistas de Més per Mallorca. “No considero que deba dimitir ni voy a dimitir”, espetó cuando fue preguntado al respecto por los medios de comunicación, mostrándose “a disposición” de lo que estimase “conveniente hacer la presidenta”. En este sentido, la líder del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, defendió la actuación de su conseller y rechazó cesarle: “Ha reconocido con humildad que se equivocó y ha pedido perdón”.
Para el portavoz adjunto del PSOE en la Cámara balear, Marc Pons, el rechazo de la comparecencia de Costa es “una muestra más de la falta transparencia que está aplicando la derecha y la ultraderecha en las instituciones”.
Las acusaciones de la Fiscalía
En concreto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para Serra Ferrer, quien fue nombrado como gerente del Ibetec el pasado mes de agosto, por presuntamente intentar besar y lamer la cara a una desconocida en un restaurante de Palma, y otro año de prisión por propinar un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo cuando intentaba huir.
El funcionario policial reclama, por su parte, cinco años de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso con otro de lesiones.
Serra Ferrer, por su parte, niega haber incurrido en delito alguno, si bien, en cualquier caso, señala que concurren en él las atenuantes de haber consumido bebidas alcohólicas que anulaban sus facultades intelectivas y volitivas así como la de haber procedido a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos vía indemnizatoria. Asegura, además, que no actuó de forma libidinosa y en ningún caso opuso resistencia a los agentes de la autoridad. El encausado se encuentra ahora pendiente de la celebración del juicio por estos hechos.
El día en que fue cesado, coincidiendo con el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ejecutivo presidido por Prohens manifestó su “absoluto rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres” y, en el mismo comunicado, subrayaba su “compromiso de poner todos los recursos y medidas en la protección de las mujeres y en la lucha contra esta lacra social”.