La crisis que se vive en Formentera es uno de los episodios más surrealistas de la política balear de los últimos tiempos. Recuerda, como mínimo, a un episodio de 'House of Cards'. El PP y la derecha local, que van en coalición, han dejado de dar apoyo al presidente del Consell Insular, Llorenç Córdoba, a quien acusan de estar en bancarrota y de pedir un sobresueldo de 4.000 euros a la líder del PP en las Islas y presidenta del Govern, Marga Prohens. Un mes y medio después de que se iniciara la polémica, los conservadores por fin han encontrado la fórmula para echar a Córdoba de la coalición, pero al final quien saldrá ganando es él, ya que ahora podrá cobrar más dinero que el que recibía antes.
Córdoba ha sido finalmente expulsado de la coalición de derechas Sa Unió, después de que las juntas locales del Partido Popular y Compromís –nombre de la formación de derecha local, sin ninguna relación con la coalición valenciana del mismo nombre– lo acordaran este viernes, según avanzó Radio Ibiza. Durante la reunión, Sa Unió ha presentado las conclusiones del informe jurídico del secretario del Consell Insular, que indican que la salida de Córdoba, un independiente sin partido, “no supondrá un obstáculo en el funcionamiento diario del Consell”. Esto es así porque el presidente de Formentera seguirá formando parte de las juntas de gobierno, en las que se toman decisiones relevantes, y podrá acudir también a las comisiones informativas. La expulsión, avalada por las juntas locales, se hizo efectiva el 12 de enero, aunque con carácter retroactivo al 31 de diciembre.
Por otro lado, cabe recordar que Córdoba también es diputado autonómico en el Parlament balear en el grupo mixto, en representación de Sa Unió. Después de su salida de la coalición, serán los diputados del grupo mixto quienes decidirán si Córdoba pasa a ser diputado no adscrito. En este sentido, en declaraciones a Radio Ibiza, José Alcaraz (PP), vicepresidente tercero del Consell Insular y principal adversario de Córdoba, ha afirmado que están estudiando poner en conocimiento de la Mesa del Parlament la decisión de la expulsión de Córdoba “para que tomen en consideración lo que se tenga que hacer”.
En caso de que Córdoba pase a ser un diputado no adscrito, paradójicamente, podrá controlar la asignación mensual de los 2.700 euros que tiene en la Cámara autonómica, uno de los principales focos de conflicto con Sa Unió. Desde que se inició la crisis, el presidente del Consell Insular sostiene que hay determinados gastos que corren de su bolsillo y que tienen que ver con su actividad parlamentaria, cuando se desplaza de Formentera a Mallorca. Según su versión, Sa Unió controlaba hasta ahora esos 2.700 euros para pagar determinados gastos del PP, como el alquiler del local de Formentera. La versión de Sa Unió es otra: según Alcaraz, Córdoba “está arruinado” económicamente y habría pedido un sobresueldo de 4.000 euros a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP).
En caso de que Córdoba pase a ser un diputado no adscrito, paradójicamente, podrá controlar la asignación mensual de los 2.700 euros que tiene en la Cámara autonómica, uno de los principales focos de conflicto con Sa Unió
Aunque se haya resuelto la expulsión de Sa Unió, ahora la gran incógnita es cómo Córdoba podrá gobernar el Consell Insular, ya que se encuentra totalmente solo: no le apoyan ni los ochos consellers de la izquierda ni los ocho consellers de la derecha, aunque estos últimos hayan aprobado los presupuestos insulares.
¿Quién está en bancarrota? ¿Él o el PP?
Esta es una lucha de poder en la que se alude pérdida de confianza y en la que ha habido acusaciones entrecruzadas entre los dos bandos enfrentados. Entre otras cuestiones, ha habido acusaciones de que Córdoba habría pedido ese sobresueldo bajo un supuesto chantaje. El presidente del Consell Insular, en cambio, ha acusado de un supuesto asalto al poder a dos consellers de Sa Unió que además son pareja: la vicepresidenta primera, Verónica Castelló, y el vicepresidente tercero, José Alcaraz, ambos del PP. Sa Unió, además, ha amenazado con presentar una moción de censura contra su propio presidente, o con la dimisión de sus ocho consellers en bloque. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones, una atribución que compete al Consejo de Ministros, previa aprobación del Senado, en caso de que se llegue a una situación de bloqueo institucional.
En esta historia hay dos versiones. Mientras que Sa Unió acusa a Llorenç Córdoba –un independiente sin partido– de exigir “sobresueldos” en Formentera y Palma –en concreto, a la presidenta autonómica Marga Prohens–, Córdoba defiende que es el PP de Formentera el que tiene problemas económicos. Según Córdoba, los populares necesitan dinero para pagar los gastos asociados a su local en la isla.
Córdoba ha acusado de un supuesto asalto al poder a dos consellers de Sa Unió que además son pareja: la vicepresidenta primera, Verónica Castelló, y el vicepresidente tercero, José Alcaraz, ambos del PP
Las acusaciones, que se han hecho públicas a través de los medios de comunicación, han dejado perplejos a los partidos de la oposición, que exigen que, en caso de que haya pruebas que incriminen a Córdoba, sean puestas en conocimiento de la Fiscalía. Sa Unió afirma tener unas grabaciones, que habrían sido registradas sin el consentimiento de Córdoba, donde éste pide más dinero para que le salga rentable ser diputado autonómico en Palma y presidente del Consell Insular en Formentera.
La tregua que hubo los días 21 y 22 de diciembre, con la aprobación de los presupuestos del Govern y el Consell de Formentera, solo fue un espejismo. El presidente del Consell Insular, que entonces era diputado de Sa Unió en el grupo mixto, votó a favor de los presupuestos autonómicos dando apoyo al Ejecutivo conservador de Prohens, como también dio luz verde a los presupuestos insulares junto a los ocho consellers con los que mantiene relaciones muy tensas.
Mientras que Llorenç Córdoba ha rectificado y ya no pide la dimisión de Castelló y Alcaraz, Sa Unió sí que mantiene que Córdoba debe abandonar todos sus cargos. Fuentes del Consell de Formentera confirman a elDiario.es que, en estos momentos, la intención del presidente Córdoba no es dimitir, sino “cerrar esta crisis de manera interna junto con los ocho consellers del gobierno, incluyendo a Alcaraz y Castelló, para los cuales no pide la dimisión”.
Córdoba pide reconducir la crisis
“Tanto Alcaraz como Castelló han hecho un muy buen trabajo. Lo mejor para Formentera y el Consell es que continúen haciendo su trabajo”, aseguró Córdoba después de la aprobación de los presupuestos insulares, en declaraciones a los medios recogidas por Ràdio Illa. “En su momento lo pedí [la dimisión], pero ahora rectifico y en la situación actual no pido su dimisión, sino que trabajemos juntos para sacar adelante este programa electoral y este proyecto que es Sa Unió de Formentera”, añadió.
La postura de Sa Unió, sin embargo, sigue siendo la misma. “La situación no es salvable”, afirmó el conseller Óscar Portas, quien ejerce de portavoz de los ocho consellers, a la salida de la aprobación de los presupuestos del Consell Insular. Sin embargo, Córdoba atribuye toda la crisis a un “malentendido” y espera que la crisis no sea “insalvable”. “Ha habido un malentendido evidente y no entiendo cómo no lo conseguimos solucionar. Con el tiempo se ha visto que las acusaciones de deslealtad y que yo tenía intereses personales se han ido desmontando con los hechos”, argumentó Córdoba.
“Lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el trabajo (...). Mi intención es que se pueda continuar trabajando (...). Espero que después de la aprobación de los presupuestos del Govern balear y del Consell todos tengamos más tranquilidad y más tiempo para poder hablar y no descarto que esta situación se pueda arreglar”, explicó Córdoba. En cuanto a las relaciones que mantiene con el Ejecutivo de Prohens, aclaró que “en ningún momento” dijo que retiraría su apoyo al Govern y añadió que se arrepiente del mensaje que mandó el 27 de noviembre, sin consensuarlo con sus compañeros del Consell Insular, en el que anunció que se planteaba “dejar de apoyar incondicionalmente al Govern balear del Partido Popular”.
Así, Córdoba defiende que mandó ese comunicado porque, en ese momento, “el Govern negociaba con Vox, pero se había olvidado del trabajo” que hace él como diputado por Formentera y “había que dar un toque [de atención]”. “Espero que todo esto se pueda arreglar”, insistió. Además, asevera que no se “esperaba” que el mensaje desencadenara la dimensión que ha adquirido la crisis institucional y que supusiera una ruptura de las relaciones entre el presidente insular y sus ocho consellers.
El origen de la ruptura
La crisis se origina el 27 de noviembre cuando Córdoba, unilateralmente, mandó un comunicado a los medios de comunicación para anunciar que se planteaba “dejar de aportar incondicionalmente al Govern balear del PP”. En aquel momento, se barajaba la posibilidad de que Córdoba estuviera descontento por asuntos relacionados con inversiones en infraestructuras u otros compromisos adquiridos por el Govern, como solucionar el deslinde de la Ley de Costas. El presidente insular y diputado autonómico se aferraba a su condición de independiente para defender su postura. Hay que tener en cuenta que el Govern necesita el voto favorable de Córdoba en el Parlament para que el Ejecutivo conservador no dependa de los votos afirmativos de Vox.
A nivel autonómico, el PP necesita el voto favorable de Córdoba en el Parlament para que el Ejecutivo conservador no dependa de los votos afirmativos de Vox
Cabe destacar que Sa Unió cerró un acuerdo de investidura con el Govern de Prohens, pero no de gobernabilidad. “Hay que controlar que se cumple con Formentera”, reiteró en declaraciones a IB3 Ràdio el presidente del Consell Insular, para justificar su posicionamiento. Sa Unió tiene un acuerdo basado en veinte puntos con el Govern balear del PP. Según Córdoba, no había suficientes avances por parte del Ejecutivo conservador, por lo que lanzó un mensaje para fortalecer su posición de cara a unas negociaciones.
Después de haber anunciado que retiraba el “apoyo incondicional” al Govern del PP, Córdoba tenía una reunión con Marga Prohens en Palma, a la que también asistieron José Alcaraz (PP) y Javier Serra (Compromís), vicepresidentes tercero y segundo del Consell de Formentera, respectivamente. El presidente del Consell Insular afirmó que no se esperaba encontrar a sus dos consellers en esa reunión a la que iba a negociar con Prohens y que tuvo la sensación de que sus compañeros de gobierno se encontraban “en el otro lado de la mesa”. Es decir, que apoyaban a Prohens y no a él.
El 5 de diciembre saltó la sorpresa cuando el propio Córdoba reveló que las cuestiones políticas no eran la única causa de la crisis de gobierno. En una entrevista en Ràdio Illa afirmó: “Es un problema muy grave incluso para los políticos porque como diputado pierdo dinero cada vez que voy a Mallorca”. Córdoba cobraba 54.000 euros brutos -ahora 55.350 debido a la subida a políticos y funcionarios del Consell del 2,5% en base al IPC- como presidente del Consell Insular, y entre 18.000 y 33.000 euros brutos en función de las dietas y su actividad en el Parlament. Además, recibe una asignación extra por asistir al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y al Consejo de Navegación de La Savina.
Córdoba, acusado de pedir “sobresueldos”
El presidente del Consell Insular, sin embargo, desveló más tarde que le corresponden unos 2.700 euros por gastos de representación que tienen los diputados para ejercer su labor parlamentaria, y que este dinero estaría controlado por los partidos de la coalición (PP y Compromís). Según su testimonio, hay gastos que están corriendo de su bolsillo, pero que tienen que ver con su actividad parlamentaria, ya que cada semana se tiene que desplazar de Formentera a Mallorca para acudir, por ejemplo, a las sesiones parlamentarias.
La versión de Sa Unió, en cambio, es que Córdoba exigió tanto en Palma como en Formentera un “sobresueldo” fijado entre 3.000 y 4.000 euros. Por este motivo, Sa Unió exige la dimisión de Córdoba, mientras que Córdoba reclamaba, entonces, la dimisión de Verónica Castelló (PP), vicepresidenta primera, y José Alcaraz (PP), vicepresidente tercero. Según el presidente del Consell Insular, la crisis se desencadenó con uno de los dos partidos de la coalición: el PP de Formentera.
Córdoba asegura que el chantaje era contra él
Al mismo tiempo, unos y otros se acusaron de “chantaje” y “extorsión”. Sa Unió afirmaba que Córdoba iba a Palma a presionar al Govern mientras pedía un “sobresueldo” a Prohens, mientras que Córdoba aseguraba que las pruebas que Sa Unió dice tener contra él son “ilegales”. El presidente del Consell Insular reconoció implícitamente que podría haber alguna prueba de lo que Sa Unió le acusa (el sobresueldo), pero afirmaba que dichas pruebas son “ilegales” dado que son grabaciones que se han hecho sin su permiso. Al mismo tiempo, emplazó a sus críticos a presentarlas en la Fiscalía.
La versión de Sa Unió fue respaldada por el portavoz del Govern, Antoni Costa (PP), que en una rueda de prensa afirmó que Llorenç Córdoba “pretendía comprometer la estabilidad del Govern, no en función de los intereses de Formentera y sus ciudadanos, sino en función de sus intereses personales”. “La respuesta es sí”, dijo a la pregunta sobre si el Govern había recibido presiones para que Córdoba cobrara un sobresueldo.
En este sentido, Córdoba valoró recientemente que Costa “recibió mal la información porque aquí ha habido un malentendido”. “Nunca he pedido un sobresueldo”, dijo, e indicó que se refería a las “asignaciones que reciben los grupos parlamentarios para su funcionamiento”. En este caso, los 2.700 euros mensuales que recibe Sa Unió por su actividad parlamentaria y a los que, según Córdoba, no ha tenido acceso hasta ahora. Pero esto podría cambiar si se convierte en diputado no adscrito en el Parlament y pasa a cobrar dicha asignación mensual. Al final, Córdoba podría ganar esta partida: no está en Sa Unió, pero sigue como presidente de Formentera, como diputado autonómico y, encima, cobra 2.700 euros más del Parlament.