LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
El PSIB presentará un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos de los consells insulares para aplicar la disposición adicional séptima del decreto de simplificación administrativa que hace referencia a la legalización de viviendas en suelo rústico.
Así lo han anunciado este miércoles la diputada socialista Mercedes Garrido y la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en una rueda de prensa en la que han detallado que se presentará recurso por parte de las federaciones socialistas de Mallorca, Menorca e Ibiza.
De este modo, serán tres recursos, uno por acuerdo, que se presentarán ante el Tribunal Contencioso-Administrativo. Igualmente, instarán al juez que plantee cuestión de inconstitucionaliadad y que abra la puerta a la suspensión cautelar de los acuerdos de las instituciones insulares.
La diputada socialista ha señalado que son los consells insulares los encargados de aplicar la “amnistía urbanística” que, a su parecer, es una norma “totalmente inconstitucional”. En esta línea, ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que “no cree falsas expectativas” a los ciudadanos, puesto que si la norma se declara inconstitucional, los actos que desarrolle, es decir, las legalizaciones, también lo serán.
Por su parte, la portavoz socialista en el Consell de Mallorca ha criticado la actitud del presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, por ratificar la disposición adicional séptima del decreto “sin estudios” y una semana después de que se convalidara en el Parlament.
Motivos de la decisión
Así, Cladera ha expuesto las motivos del recurso, que pasan, en primer lugar, por una “vulneración del principio de jerarquía y especialidad normativa”, argumentando que es un decreto ley pensado para la simplificación administrativa y no para la legalización urbanística.
En segundo lugar, los socialistas consideran que vulnera la Constitución y la normativa básica estatal y, en tercer lugar, apuntan a la “falta de motivación” del acuerdo aprobado en el pleno del Consell. Sobre esta última cuestión, ha lamentado que el acuerdo se tomó “sin ningún tipo de motivación ni informe” y que, teniendo en cuenta que se trata de una medida discrecional, tendría que tener una motivación.
Además, ha asegurado que la ley de urbanismo insta a motivar todos los acuerdos en materia de urbanismo y “no hay ningún informe en relación con este acuerdo”. “Este es uno de los motivos por los que tuvo prisa Galmés, para no dar tiempo a hacer los informes”, ha apostillado.
Tras el acuerdo del Consell de Mallorca, los ayuntamientos están obligados a legalizar las edificaciones que hayan prescrito atendiendo a los criterios que establezcan. Según la portavoz socialista, cada ayuntamiento pondrá el criterio que quiera porque la institución insular “se dio tanta prisa que no estableció criterios comunes”.
En cuanto a la posible inconstitucionalidad que ven desde el PSIB, Garrido ha señalado que se basa en el artículo 13.1 de la Ley de Suelo estatal que, según ha dicho, establece que únicamente se pueden implantar en suelo rústico usos agrarios o que necesariamente estén ligados al suelo rústico.
Este artículo se declaró básico por el Tribunal Constitucional en 2018 y, por ello, “por mucho que las competencias de ordenación territorial sean de las CCAA, el artículo se tiene que cumplir”. En este sentido, preguntada por la diferencia con la legalización de la 'ley Company', la diputada ha indicado que el artículo 13.1 se considera básico a partir de 2018, mientras que la 'ley Company' se aprobó en 2014.