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El GOB reclamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de simplificación administrativa del Govern, con el objetivo de paralizar su aplicación.
En una rueda de prensa ofrecida este martes, la entidad ecologista ha anunciado que solicitará por carta al líder del Ejecutivo central esta medida, ya que, a su juicio, el decreto “vulnera” distintos artículos de la Constitución y supone una “regresión ambiental”.
La representante del GOB, Francisca Mas, ha apuntado que esta es una de las iniciativas jurídicas que barajan para detener esta normativa y en caso de que Sánchez rehúse presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional, plantearán esta posibilidad a través de los diputados de los diferentes grupos políticos presentes en el Congreso --se necesita un mínimo de 50 para presentarlo--.
De esta manera, si prospera cualquiera de las dos opciones, el decreto podría quedar suspendido en caso de que el Constitucional admitiera a trámite el recurso y tendría seis meses más para pronunciarse sobre su constitucionalidad.
En la carta, el GOB hace una exposición jurídica en la que sostiene que el decreto de simplificación administrativa “vulnera” los artículos 9, 45 y 86.
Para el GOB, la fórmula del Decreto-Ley debe usarse sólo en situaciones de “necesidad extraordinaria y urgente” pero, desde su punto de vista, “no hay nada” en el la normativa que “encaje en una premisa de ese estilo”.
“No es urgente dejar construir en zonas de protección de riesgo. No existe ninguna urgencia en legalizar construcciones en rústico que responden a estrictos intereses particulares. No es ninguna necesidad extraordinaria provocar competencia desleal a las actividades económicas en rústico”, han recalcado.
El GOB ha recalcado que la regulación para impedir nuevos asentamientos dentro de zonas con peligro de incendio o inundación, surgió “después de muchos casos que habían terminado en tragedia”. El representante del GOB Menorca, Miquel Camps, ha incidido en que pretender “olvidar” estas precauciones, “sólo puede explicarse para satisfacer determinados casos con intereses particulares”, pero “nunca como una ordenación con una mínima racionalidad”.
El ecologista menorquín ha criticado que se haya modificado el concepto de 'interés general' de las construcciones y ha apuntado que ahora “ya no es necesario que los beneficios de los proyectos trasciendan los meros intereses individuales”, como se exigía en la legislación hasta ahora vigente.
“Agravios comparativos” entre los propietarios en rústico
Camps también ha puesto el acento sobre la disposición que permite legalizar construcciones en rústico, puesto que, a su modo de ver, representa una norma “arbitraria” que “genera agravios comparativos entre la ciudadanía”.
“A cualquier persona que quiera realizar una construcción en suelo rústico se le pide una parcela mínima, unas alturas máximas, no superar determinadas volumetrías, o de otros parámetros urbanísticos, además de contratar técnicos cualificados y pagar las oportunas licencias. Ahora, se pretende legalizar miles de construcciones sin pedir el cumplimiento de los parámetros urbanísticos que rigen para quienes hacen las cosas bien”, ha reprochado.
La presidenta del GOB Mallorca, Margalida Ramis, ha reprochado que este decreto “no está orientado para familias y personas con economías modestas” que tenían una pequeña construcción en suelo rústico, ya que, de ser así, el Govern habría delimitado los edificios que se podrán acoger a la “amnistía urbanística”, que incluso permite legalizar obras realizadas en estos inmuebles.
En este misma línea, ha ahondado Camps al resaltar que esto supondrá una “revalorización inmobiliaria brutal” y añadirá “más presión” sobre el suelo rústico de Balears.
El GOB ha destacado que esto resulta “grave” en el caso de negocios, porque permitir legalizar negocios en rústico “sin exigirles los mismos parámetros que han tenido que cumplir los que han puesto negocios similares en marcha, se convierte en competencia desleal”. En este punto, ha puesto el ejemplo del parque acuático de Biniancolla en Menorca.
Aumento de los parámetros para hacer una evaluación ambiental
Por otro lado, han insistido en que el decreto modifica la Ley de Evaluación Ambiental, para aumentar “sustancialmente” determinados límites que hasta ahora marcaba la obligación de realizar evaluación ambiental. Por ejemplo, debían pasar la declaración los embalses de agua superiores a 500.000 m3 y ahora se cambian por dos millones m3, es decir, cuatro veces más, sin explicación alguna.
“Tampoco está explicado el cambio que puede evitar declaración de impacto ambiental a los proyectos de regeneración de playas. Hasta ahora, tenían que hacerlo todos los proyectos de este estilo y ahora sólo aquellos que superen los 500.000 m3”, han matizado.
El PP se defiende
En declaraciones a los medios de comunicación, y desde el “máximo respecto” a todas las entidades, Prohens ha defendido que el decreto de simplificación administrativa ha sido votado por la mayoría de ciudadanos de Balears, al votar al PP en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, porque ésta es una medidas que iba en el programa con el que la formación se presentó a los comicios.
“Nosotros no llevamos medidas escondidas”, ha asegurado Prohens, insistiendo en que el decreto de simplificación administrativa “estaba negro sobre blanco” en su programa. Y, por tanto, ha continuado, el Govern ha ido “de cara”.
Es más, se ha mostrado convencida que esta medida fue “una de las reivindicaciones que hizo que más ciudadanos votarán al PP” en las elecciones autonómicas “para un cambio de criterio”. “Frente a una administración pública que burocratiza, que interviene, que prohíbe y dificulta la vida a los ciudadanos”, este Govern quiere “una administración pública que facilita las gestiones a los ciudadanos”.
Asimismo, Prohens ha considerado que este decreto, el de simplificación administrativa, es una medida “esperada y bien recibida por los ayuntamientos”, porque éstos “más allá de posiciones ideológicas, son los que tocan día a día la realidad de la calle, las reivindicaciones y preocupaciones de los ciudadanos”.
Por este motivo, ha continuado, “ayuntamientos de todos los colores políticos esperaban este decreto”. Es más, “nos habían pedido por la aplicación de este decreto ayuntamientos del Partido Socialista, que además esperan que se amplíe el objeto del mismo”.
Un decreto ley que, ha recordado también, “se está tramitando como proyecto de ley”. Por tanto, según el Govern “se salvaguarda cualquier legalidad y cualquier formalidad jurídica en la tramitación como ley a fin de que todos los grupos puedan hacer sus aportaciones, incluso ayuntamientos del Partido Socialista harán aportaciones para poder ampliar el objeto del mismo”, como había dicho previamente.
Y, ha concluido, “lo he dicho muchas veces, este es un primer decreto de simplificación administrativa, no será el último porque el objetivo es aprobar uno cada año durante toda la legislatura”.