El PSOE pide que Prohens dimita si cedió a las presiones de Koldo García para no devolver el sobrecoste de las mascarillas

Fuentes del entorno de Francina Armengol han pedido este viernes la dimisión de la actual presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), si, “como estudia la investigación, cedió a las peticiones de la empresa investigada [en la 'trama Koldo'] e hizo caducar la reclamación [del sobrecoste de las mascarillas] iniciada por el anterior Govern” de Armengol. Este Ejecutivo socialista reclamaba a Soluciones de Gestión un sobrecoste de 2,6 millones de euros por el envío de material sanitario de peor calidad al contratado.

“La investigación se centra en el Gobierno balear actual por los posibles contactos para hacer caducar el expediente iniciado por la señora Armengol. Es el actual Govern quien ha podido provocar un perjuicio sobre las arcas públicas dejando morir la reclamación a la empresa, con el consiguiente daño, ya que toda reclamación posterior quedará en entredicho al haber dejado perder la vía administrativa”, añaden. “Quien tiene que dar muchas explicaciones es Armengol”, se limitan a decir desde el entorno de Prohens a elDiario.es.

Fuentes socialistas cercanas a la presidenta del Congreso sostienen que fueron ellos quienes iniciaron el expediente contra la empresa de la 'trama Koldo' y que es “falso” que las mascarillas que les entregaron sean “inútiles” o “fake”. “Son válidas, pero de una calidad inferior a la pactada y por eso se reclamó la diferencia de precio entre una calidad y otra, y no el total. Y por eso se almacenaron para ser reclamadas. Pero el hecho de que se lleven a revisar y de que se inicie la reclamación demuestra que no se forma parte de ninguna trama”, añaden.

Los socialistas apuntan que “según el auto judicial, la trama maniobró con el nuevo Gobierno, ya del PP, para que caducara el expediente, cosa que ocurre con Prohens y el PP en el gobierno este año”. Además, defienden que el Ejecutivo de Armengol no colaboró con la trama porque pidió que se analizaran las mascarillas y “reclamó la diferencia de dinero”. Sobre el plazo de tres años que existe entre que se detectó que eran de menor calidad y se interpuso la reclamación, comentan que son “los tiempos medios que han tardado todos los expedientes administrativos de pandemia”. Pero añaden: fue todo “dentro de plazo”.

El expediente

El Govern balear, bajo la presidencia de Armengol, contrató el 29 de abril de 2020 varios lotes de mascarillas con la empresa principal de la 'trama Koldo', tras ser la compañía la que ofreció sus servicios al Ejecutivo balear. Al recibirlas, se observó que una parte del pedido no se correspondía con el tipo de material sanitario solicitado (FFP2) y que probablemente eran mascarillas de menor protección, no válidas para el ámbito sanitario.

Para verificar este extremo, el Govern, por voluntad propia, solicitó un análisis del material el 25 de mayo de 2020 al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), que confirmó que eran mascarillas KN-95. El 8 de junio de 2020, el Servicio de Salud balear (Ib-Salut) tuvo conocimiento de los resultados del informe, que confirmó que ningún ejemplar de la muestra era una mascarilla FFP2.

Tres años más tarde, el 21 de marzo de 2023, cuando Armengol todavía era presidenta, el IB-Salut comunicó a Soluciones de Gestión que las mascarillas no eran de la calidad solicitada y le trasladó que iba a “tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de las Illes Balears de la situación que ha ocasionado este hecho”.

No fue hasta el 6 de julio de 2023, el mismo día en que la actual presidenta balear, la popular Marga Prohens, era investida en el cargo, cuando el Servicio Balear de Salud formalizó el expediente de reclamación de los 2,6 millones de sobrecoste. Los conservadores aducen, asimismo, que el 24 de agosto -ya bajo su mandato- fue formalmente iniciado el expediente.

En medio de todo este proceso, hay otros tres momentos clave. El primero es el 12 de agosto de 2020, cuando el Ib-Salut emitió un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a pesar de que sabía que no eran FFP2. Esta certificación se hizo a solicitud de la empresa. El documento acredita que, para el Ib-Salut, el contrato se había ejecutado “correcta y satisfactoriamente”. El segundo es cuando el Govern de Armengol no incluyó, en un expediente que remitió a las autoridades europeas para reclamar el pago de las mascarillas, el certificado que ratificaba que el material era de menor protección. El tercero es cuando los agentes de la Guardia Civil se personaron en la sede del IB-Salut en julio de 2022 para recabar información.

Caducidad del expediente

El PP sostiene que el expediente de reclamación del sobrecoste no está caducado porque, según ellos, que toman como referencia la fecha del 24 de agosto, existe un plazo de ocho meses. Para ello se amparan en una resolución de la Junta Consultiva de Contratación, que estipula que el plazo para resolver los contratos públicos de Balears es de ocho meses. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional que investiga este caso refleja en su auto que la fecha de caducidad límite es el 18 de enero de 2024 y que el procedimiento habría caducado por inacción del Govern balear del PP.

Además, si se aplica la jurisprudencia que marca la sentencia 422/2024 del Tribunal Supremo, el procedimiento estaría caducado. La resolución del Alto Tribunal, que unifica los criterios de caducidad en la resolución de contratos estipula que, tal y como marca Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, actualmente el plazo para resolver este tipo de expedientes es de tres meses, si bien tal regulación podría ser sustituida por otra elaborada por las Comunidades Autónomas con competencia para ello.

En el caso de Balears, la Ley 3/2003 de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma establece, en su artículo 50.1, que los plazos de caducidad no podrán exceder de seis meses (y siempre que la autonomía cuente, como así ocurre en las islas, de competencias de la materia en cuestión, en este caso sanitaria). Por tanto, tomando como referencia el 24 de agosto, fecha que el PP esgrime como aquella en la que se dio inicio al expediente de reclamación, éste ya habría caducado, ya sea por el plazo de seis meses que marca la Ley 3/2003 de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma o por el de tres meses que menciona el juez en su auto.

“Todo va por buen camino”

“Todo va por buen camino”, “cuanto más desapercibido pase, mejor”... Son algunas de las impresiones que transmitió telefónicamente Koldo García al considerado presunto cerebro del entramado, Juan Carlos Cueto, empresario que consiguió más de 50 millones de euros en adjudicaciones de varias administraciones públicas en los peores meses de la crisis sanitaria. García se refería, en concreto, a las maniobras que estaba llevando a cabo para frenar la reclamación de 2,6 millones de euros que Balears había pagado de más por los cubrebocas.

Así consta en uno de los autos dictados por el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Ismael Moreno, quien recoge intervenciones telefónicas registradas a finales de 2023, cuando el expediente de reclamación cursado por el anterior Govern balear de izquierdas estaba a punto de caducar y cuando ya era presidenta Marga Prohens (PP). En este contexto, el magistrado sitúa al exministro de Transportes José Luis Ábalos como “intermediario” en la actuación de su antiguo asesor –Koldo García– y otros investigados para evitar que la solicitud de devolución no prosperase, como así acabó sucediendo.

“Si vamos a dar palos de ciego...”

Como apunta el juez en su auto, a finales de 2023 se observaron conversaciones que reafirman la influencia que estaría ejerciendo Koldo a través de dos personas distintas para que la reclamación de Balears no acabara en buen puerto, y por lo tanto, favorecer a Soluciones de Gestión y a su titular real, Juan Carlos Cueto, a quien el instructor señala como “la persona que realmente controla” la mercantil. De manera literal el exasesor de Ábalos afirma en un momento dado: “Voy a hacer una cosa... voy a rebotarla”. Entonces, Cueto le pregunta: “Pero... ¿tiene sentido lo que vas a hacer?... pregunto... porque si vamos a dar palos de ciego...”. 

El magistrado señala que de las conversaciones mantenidas los días 29 y 30 de noviembre se infiere que Koldo García había tenido acceso a las alegaciones formuladas por Soluciones de Gestión al expediente administrativo iniciado por la Administración balear, de las que habría dado traslado a terceras personas para que las revisaran. “Se han observado numerosas conversaciones telefónicas a través de las que se aprecia un cambio de enfoque en Soluciones, en el caso de que por parte la administración balear se produjese un silencio administrativo a su recurso planteado en el seno de la reclamación efectuada”, abunda el juez.

El 2 de diciembre de 2023, Koldo García manifestó que había comentado este asunto al “exministerio” donde él “trabajaba antes”, habiendo obtenido como respuesta que este asunto no tenía recorrido jurídico alguno. En el mismo sentido, el día 4 de diciembre 2023 Cueto informa al titular de Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, que, en principio, la Administración balear del PP no tenía intención de continuar con la reclamación iniciada: “Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino... él y su ex jefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio”, recoge el auto de una grabación autorizada. Los investigadores añaden: “Del devenir de la conversación telefónica en curso se referiría a José Luis Ábalos Meco”.

Alguien “de la línea de Casado”

Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado”. El juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern del PP dejó caducar la reclamación.

Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió. Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la causa. 

Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que Rotaeche asegura en un pinchazo que Koldo le había dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de Baleares no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.

Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al frente del Govern, dirigido por la popular Marga Prohens, están dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y “colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la cita responde a que le acaban de llamar. Este jueves, a preguntas de los periodistas, Tellado negó “rotundamente” haberse reunido con “ningún miembro de la trama”, al igual que lo hizo el PP de Balears. 

Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova en ningún momento. 

Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis medios para poderte poner en contacto”.

Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe” –en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.