La absolución de los policías investigados en la causa contra el magnate Cursach costará 2,5 millones de euros públicos

El Ayuntamiento de Palma habrá necesitado destinar más de 2,5 millones de euros al pago de las defensas jurídicas de los policías locales que fueron investigados, acusados y finalmente exonerados en varias de las piezas del conocido como caso Cursach, impulsado hace casi diez años para investigar supuestas prácticas corruptas en el seno de la Policía Local de Palma dirigidas a proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach. Los hechos fueron finalmente echados por tierra y todos ellos acabaron absueltos por falta de indicios probatorios.

El pago se hará efectivo cuando se acaben tramitar todos los expedientes relativos a este procedimiento judicial, como ha reconocido este miércoles la portavoz del Consistorio y teniente de alcalde de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, en una rueda de prensa para dar cuenta de los principales acuerdos de la Junta de Gobierno.

Celeste ha explicado que, en los meses que lleva el nuevo equipo de gobierno, se han cerrado 14 expedientes para efectuar los pagos a los diferentes abogados de los agentes y aún quedan por cerrar otros dos más por un valor cercano a los 300.000 euros.

A esta cuantía de 2,5 millones de euros, contabilizada desde 2018, habría que sumarle el dinero devuelto a los policías que estuvieron suspendidos de empleo y sueldo por esta causa y que finalmente fueron absueltos. Además, Celeste ha resaltado que a estos policía locales se les ha devuelto el sueldo base pero a ello habría que añadir determinados complementos que suelen cobrar los agentes por horas extras, nocturnidades o festivos.

“Es un tema difícil de cerrar, pero se tiene que cerrar y llegar a un acuerdo, porque hay muchos contenciosos abiertos por esta cuestión”, ha alegado. Pese a la “complejidad técnica”, en el Ayuntamiento están “dispuestos a abrir un diálogo” y “llegar a puntos de acuerdo”. Celeste ha reflexionado que aunque estos 2,5 millones de euros son un gasto “notable” para las arcas municipales, es “nada comparable al daño causado a unas personas inocentes”.

El sumario del caso Cursach llegó a contener más de un centenar de imputados y hasta cuarenta encarcelados, además de acusaciones de delitos que abarcaban desde corrupción de menores hasta un presunto homicidio y episodios como supuestas fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP de una de las discotecas de Cursach con las que, según sostenían los antiguos investigadores de la causa, se agasajaba a un nutrido número de policías locales a cambio de garantizar la protección del magnate. 

Más allá del pago de sus defensas, varios de los antiguos investigados contemplan reclamar elevadas indemnizaciones al Estado por el tiempo en prisión preventiva que permanecieron en su día así como por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que muchos de ellos aseguran haber sufrido.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) condenó el pasado mes a nueve años de prisión a Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, juez y fiscal, respectivamente, que durante cerca de tres años encabezaron las investigaciones del caso Cursach. Los magistrados les atribuyen delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones mientras la causa se encontraba bajo secreto sumarial. Es una de las penas más elevadas impuestas a un juez y a un fiscal en España.