El 12 de septiembre de 2013, el juez José Castro, quien se debatía entonces sobre si imputar a la Infanta Cristina por su papel al frente de los negocios de Iñaki Urdangarin, se encontraba de guardia cuando otro asunto reclamó de inmediato su intervención. El fiscal Miguel Ángel Subirán acababa de pedirle una orden de entrada y registro en las dependencias de la Policía Local de Palma. Y el veterano magistrado la autorizó. Apenas unas horas después, numerosos agentes de la Guardia Civil se encontraban en el interior del cuartel en busca de indicios en torno al presunto amaño del concurso convocado en 2012 para acceder a catorce plazas de oficial dentro del cuerpo.
Los hechos podrían resultar baladíes. Una supuesta manipulación de pruebas para obtener el ascenso. Sin embargo, nadie imaginaba entonces la magnitud que, años después, acabarían alcanzando las incipientes pesquisas. Lo que comenzó como una supuesta argucia para escalar de categoría acabaría tomando la forma –según la tesis de los entonces investigadores, posteriormente desechada por completo– de una presunta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y, con ello, aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra en los negocios nocturnos del magnate Bartolomé Cursach.
El conocido como caso Cursach, originado a partir de aquella embrionaria causa –la relativa a los exámenes– y protagonista desde entonces de innumerables avatares, se desgajó en una maraña de líneas de investigación centradas prácticamente en su globalidad en desentrañar supuestas prácticas corruptas dirigidas a proteger los intereses del considerado 'rey de la noche mallorquina'. En total, cerca de 70 policías policías locales –de una plantilla de 800– terminarían encausados, además del histórico empresario de la noche palmesana y varios de sus acólitos.
Sin embargo, nada queda hoy de todo aquello. Con el transcurso de los años, la causa fue desinflándose poco a poco hasta quedar prácticamente dinamitada por falta de pruebas. Bartolomé Cursach acabó absuelto y, en una metamorfosis inédita, el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Subirán, quienes buscaron averiguar supuestas irregularidades tras las actividades del empresario cuyo nombre llevaba décadas insertado en el imaginario de los isleños, se enfrentan en la actualidad a nueve años de prisión por las prácticas ilícitas que, según consideró probado la Justicia, desplegaron para apuntalar sus tesis acusatorias y allanar futuras condenas.
Arranca el último juicio del caso Cursach
Este miércoles daba comienzo en la Audiencia Provincial de Balears el último juicio que queda pendiente de las múltiples piezas separadas del caso Cursach. Su objeto es el que, paradigmáticamente, dio pie a todo lo que vino después. Porque todo arrancó con un examen supuestamente amañado. De los 36 investigados sobre quienes inicialmente se puso el foco, seis –cinco de ellos policías– han acabado en el banquillo: son el ex intendente jefe de la Policía Local Antoni Vera, el ex director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma Enrique Calvo, el ex comisario jefe Rafael Estarellas y tres agentes. A un cuarto policía, el que reveló la presunta manipulación de las pruebas, se le ha retirado la acusación.
La Fiscalía sostiene que Calvo, Vera y Estarellas se concertaron para alterar el resultado del concurso y beneficiar a determinados agentes. Vera y Estarellas formaban parte del tribunal del concurso y elaboraron siete de las diez preguntas de la prueba profesional. El Ministerio Público sostiene que ambos facilitaron un escrito con las respuestas a Calvo, quien a su vez convocó a Daniel Montesinos –el policía recién exonerado– a su despacho en el cuartel y le remitió las preguntas y respuestas en un correo electrónico. Después, el mensaje fue reenviado a otros dos agentes investigados, que se presentaron a la prueba y sólo obtuvieron puntuación en aquellas siete preguntas.
Según la tesis del fiscal anticorrupción Juan Carrau, el plan pasaba por lograr el ascenso de estos dos policías a oficial y, una vez conseguido, éstos posibilitarían que Montesinos obtuviera una plaza fija. De hecho, uno de ellos formaría parte del tribunal que debía examinar al policía interino. En paralelo, Vera habría facilitado todas las preguntas y respuestas a un pariente, quien obtuvo la puntuación máxima. Con todo, la acusación pública no acusa a este último porque no consta que se hubiera concertado previamente para obtenerlas. La Fiscalía reclama para los acusados condenas de un año y medio de cárcel e inhabilitaciones de hasta quince años por revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.
Nulidad de las investigaciones
Las defensas, por su parte, han apelado durante esta primera sesión, dedicada a las cuestiones previas, a la nulidad de las investigaciones ante la “falta de imparcialidad” del exfiscal Miguel Ángel Subirán y han propuesto que declare como testigo, pero el tribunal ha rechazado la petición. En concreto, la abogada del ex intendente jefe Vera ha aludido a la existencia de “enemistad” e “inquina” del exfiscal hacia su patrocinado “por, supuestamente, no dar trámite a unas quejas que venía presentando Subirán a título personal”, y ello era motivo “suficiente para tener que inhibirse”.
Cabe recordar que Subirán acusaba inicialmente a los investigados de actuar como una “organización criminal” cuyo fin último era el de crear dentro de la Policía una estructura “corrupta”, e incluso “dócil y maleable”, que les permitiera proceder “con absoluta impunidad” e “instrumentalizar” las distintas unidades policiales en beneficio de intereses “de la más variada índole”. La tesis quedó finalmente desechada después de que el fiscal Carrau acotase los hechos al supuesto amaño de las oposiciones en sí y efectuase una 'siega' de los hechos que dejó fuera a 29 investigados al considerar que no se habían hallado indicios delictivos suficientes con los que formular acusación.
Mientras, tanto Penalva como Subirán, quienes siempre han defendido su labor al frente del caso Cursach, apelan a su inocencia ante el Tribunal Supremo, que deberá resolver en los próximos meses los recursos de casación interpuestos contra la sentencia que les condenó a nueve años de cárcel. En la última sesión del juicio contra ellos, ambos se declararon víctimas de un “odio en estado puro” y de un complot en su contra para desacreditar las investigaciones que llevaron a cabo y conducirles al banquillo de los acusados. “Nos han dicho que somos el 'cártel de la toga', que soy manipulador de testigos, un corrupto, un delincuente”, profirió el exmagistrado. A partir de ahora, será el TS el que dictamine sobre la actuación que desplegaron en el marco de la mayor causa de corrupción impulsada en los últimos años en Balears.