Balears no sabe qué hacer con su basura

Las Illes Balears son un territorio que no ha parado de crecer demográficamente en las últimas décadas. Las estadísticas apuntan a que en el periodo 2001-2021 la población de las islas se ha incrementado en un 33,5%, según datos del Instituto Balear de Estadística (IBESTAT). En el caso de Mallorca, la población ha aumentado en 2.000 personas en el último año, alcanzando las 914.564 en 2022; en Eivissa se ha incrementado en 1.400 personas, situándose en 154.210 residentes y Menorca, en 500 personas, cuya cifra se ha fijado en 96.467 empadronados. Solo Formentera ha perdido población, casi 300 personas, siendo 11.418 personas las que tienen fijada su residencia en la menor de las Pitiüses.

Más población implica mayor presión sobre los recursos. Por ejemplo, más consumo de agua o más generación de residuos, lo cual alcanza cotas más elevadas durante los meses con mayor actividad turística. Supone también adecuar las infraestructuras y servicios públicos a estos crecimientos, en territorios que debido a su factor insular y su tamaño limitado cada vez tienen más problemas tanto para disponer de las infraestructuras públicas adecuadas como para encontrar suelo donde construirlas. Esta cuestión también plantea la siguiente dicotomía: si se construyen las infraestructuras públicas teniendo en cuenta la población flotante (la suma de la población local y los turistas), estas quedan sobredimensionadas cuando termina la temporada turística.

Durante todo el año, las islas tienen una población superior a la que oficialmente reside, debido al enorme peso que tiene el turismo en el archipiélago balear. Esta presión turística alcanza su punto álgido durante el mes de agosto: Mallorca alcanzó una media de casi el millón y medio de personas sobre el territorio durante este mes en 2022; Eivissa, 316.053 personas de media diaria, más del doble de su población; Formentera tuvo una media de 36.007 personas, más del triple; y Menorca alcanzó las 215.567, más del doble.

La ley de residuos y suelos contaminados de Balears entró en funcionamiento el 21 de febrero de 2019 incorporando las directivas europeas que marcan las políticas de prevención y los objetivos de reciclaje, pretendiendo ser una herramienta jurídica para avanzar hacia la economía circular, con capacidad para disminuir la generación de residuos. La normativa indica que los objetivos de reutilización y reciclaje de materiales como el papel, vidrio, plástico, biorresiduos (domésticos y comerciales) y metales se tiene que situar en el 65% en 2030.

El artículo 6 de la ley, de jerarquía de residuos, establece, en este orden, la reutilización, el reciclaje, otras formas de ‘valorización’ material (es decir, otras formas de reciclaje), la valorización energética (incineradora) y la eliminación (vertedero), como las opciones a seguir en cuanto a cómo tiene que ser la política de gestión de residuos que ejecutarán, en este caso, los ayuntamientos y consells insulars. El mismo artículo matiza que, atendiendo a criterios de sostenibilidad y ciclo de vida, “con el fin de conseguir resultados ambientales mejores en determinados flujos de residuos”, se puede alterar el orden anteriormente establecido, previa elaboración de un análisis de impacto ambiental y sanitario.

En el caso de Eivissa, la isla inauguró en diciembre de 2020 su planta de triaje, una instalación de 50.000 metros cuadrados que permite tratar alrededor de 300 toneladas al día de diferentes tipos de residuos: aquellos que llegan procedentes del contenedor gris (rechazo); plásticos y envases del contenedor amarillo; la materia orgánica recogida selectivamente del contenedor marrón; los lodos de las depuradoras públicas; restos de poda y residuos voluminosos (muebles, colchones, electrodomésticos…).

Lejos de los objetivos europeos

Durante el último año se han producido un total de 133.106 toneladas de residuos en Eivissa, depositados en todos los contenedores, una cantidad a la que hay que sumar las 52.861 toneladas de residuos recogidos en instalaciones como las deixalleries (desecherías). Solo el 39,7% de esta basura es depositada en el contenedor que corresponde, según datos del Consell d’Eivissa. El 60,4% restante se deposita en el contenedor gris, pese a que el objetivo que establece la legislación es que este porcentaje se reduzca al 10% de cara al 2030. Por otro lado, la recogida selectiva subió al 31,53% en 2022, mientras que en 2019, año prepandemia, este porcentaje se situaba en el 17,10%, según la misma fuente.

Una comparativa con Mallorca desprende que la isla generó 529.481 toneladas de residuos en 2022, situando su porcentaje de recogida selectiva en un 24,28%, lo que supone un aumento de dos puntos en el reciclaje respecto al año anterior, según los datos facilitados por el Consell de Mallorca a elDiario.es.

Pese a la puesta en vigor de la planta de triaje en Eivissa, que ya se contemplaba en el año 2003, la isla está lejos todavía de cumplir con los objetivos que marca la legislación. Buena parte de toda la basura que no se puede reciclar termina en el vertedero de Ca na Putxa. Sin embargo, su vida útil podría terminar entre 2027 y 2032, según diferentes estimaciones. A esta cuestión hay que añadir que la normativa europea, que ya forma parte del ordenamiento jurídico autonómico y nacional, establece un porcentaje máximo del 10%, antes del año 2030, de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. En estos momentos no se están cumpliendo los principales objetivos fijados de cara al 2030.

“La cuestión es que ya deberíamos tener un plan aprobado que diga qué se va a hacer cuando el vertedero esté lleno, y no lo tenemos”, explica a elDiario.es Joan Carles Palerm, presidente del grupo ecologista GEN-GOB. El Plan Director de Prevención y Gestión de Residuos (PDSPIGRE), instrumento de ordenación territorial, tiene que fijar la proyección, ejecución y gestión de las infraestructuras y equipamientos necesarios para tratar los residuos no peligrosos de la isla.

Sin embargo, aunque el plan actual (2020-2026) establece los objetivos que hay que alcanzar (en la línea de la ley de residuos que hay en vigor), todavía no ha fijado cuáles son las infraestructuras que hay que construir y dónde se van a proyectar. Esto es, un vertedero y/o una incineradora. El GEN-GOB ha pedido tanto al anterior gobierno progresista del Consell Insular como al actual gobierno conservador que hicieran un trabajo que todavía no se ha hecho, según Palerm.

“El trabajo que se ha hecho servirá como base para hacer el plan nuevo que diga qué es lo que hay que hacer”, indica el presidente de los ecologistas. “Además de alcanzar los objetivos del 60% de reciclaje, la normativa europea nos obligará a que no se deposite en el vertedero más del 10% de los residuos. Si no se reutiliza y se reduce muchísimo la cantidad de residuos no se llegará a ese objetivo”, advierte Palerm.

El departamento de Medio Ambiente del Consell Insular ha encargado recientemente a una empresa externa un estudio de alternativas de posibles infraestructuras para gestionar los residuos domésticos de la isla. El vertedero de Ca na Putxa, a fecha de 2019, tenía una ocupación del 69%, según datos de la UTE Giref (FCC, Urbaser, Ferrovial y Herbusa), la empresa que gestiona la infraestructura, según consta en el estudio.

Para solucionar el problema del espacio, se presentan dos alternativas: la ampliación o minería (extraer materiales valiosos a partir de los restos) del vertedero. El análisis concluye que en la actualidad no hay muchos vertederos en los que se haya aplicado el proceso de minería debido, entre otras cuestiones, a que requiere de una elevada inversión. Además, no soluciona totalmente el problema del espacio, porque al menos un 50% de los residuos no son reciclables, por lo que terminan de nuevo en el vertedero.

En cuanto a la necesidad de alcanzar el objetivo de establecer un porcentaje máximo del 10% antes del año 2030 en la eliminación de residuos mediante depósito en el vertedero, las opciones más viables que plantea el estudio son enviar el excedente de la basura a la planta incineradora de Palma (Son Reus) o construir una incineradora en Eivissa. Ambas opciones plantean más desventajas que ventajas, desde el punto de vista medioambiental.

Una incineradora, la peor opción medioambiental

En el caso de la primera opción, el estudio indica que es la opción más económica para la isla menor, si el Gobierno subvenciona el coste total del transporte (marítimo y terrestre), es decir, que los residuos se lleven a Son Reus en lugar de tratarlos en el vertedero de Eivissa. En caso que no se conceda dicha subvención, la opción más económica sería trasladar el 90% de los residuos a la planta incineradora de Palma y el 10% restante al vertedero. El informe asegura que esta opción es la que tendría menor impacto social.

La segunda alternativa, que es la construcción de una incineradora, implica que la mayor parte del residuo desaparecerá, aunque se obtendrá un residuo de escorias y cenizas que en una pequeña fracción tendrá que ser tratado en el vertedero. El estudio indica que esta tecnología es la más habitual a nivel mundial y permitirá cubrir un 17,5% de las necesidades eléctricas de Eivissa. Sin embargo, esta opción implica mayores emisiones de gases de efecto invernadero que si los desechos se transportaran a la incineradora de Palma.

Considerando todos los factores, el estudio concluye que la mejor solución es el envío de los residuos de Eivissa a la planta de Mallorca. “Esto es debido a que el impacto medioambiental de la construcción de una nueva planta de ‘valorización’ energética (incineradora) es elevado por la necesidad de ocupar un espacio forestal y el coste medioambiental propio de la construcción”, indica. Por otro lado, el informe valora que el impacto sociocultural estimado es menos favorable a la construcción de una incineradora en la isla, aunque incide en la necesidad de realizar encuestas a la población para obtener mayor información sobre el estado de la opinión pública.

Pese a que el estudio concluye que el envío de los residuos a Mallorca es la mejor de las opciones que se plantea (o, mejor dicho, la menos mala), hay que tener en cuenta los efectos adversos de esta opción a medio y largo plazo. Entre ellos, el posible colapso de las carreteras durante el transporte de los residuos; aumento de ruidos y olores debido al paso de los vehículos y otros problemas asociados a estas dos últimas problemáticas. Asimismo, el estudio finaliza exponiendo la necesidad de ampliar la capacidad del vertedero de Ca na Putxa para “circunstancias de emergencia o excepcionalidad”.

Respecto a estas alternativas, los ecologistas del GEN-GOB afirman que aunque es cierto que la gestión de las incineradoras ha mejorado desde el punto de vista de que contaminan menos, es mejor la opción del vertedero. “Una incineradora implica que los ayuntamientos dejarán de tener la presión de reducir la producción de residuos, reciclar y recuperar materiales porque todo se quema ‘sin ningún problema’, cumpliendo con la normativa (europea)”, sostiene Palerm. Es decir, que pese a que el impacto medioambiental de una incineradora hoy en día es menor, su uso puede desincentivar la necesidad de reducir y reciclar, además de promover un uso extractivista de los recursos naturales. “Al planeta le irá peor porque los materiales hay que extraerlos del planeta”, argumenta el presidente del GEN-GOB.

El portavoz de los ecologistas cree que el vertedero se llenará antes de que se construya la alternativa, sea un vertedero o una incineradora, por lo que se deberá llevar la basura a Mallorca, de todas maneras. “No lo hemos hecho bien, lo cual es tristísimo”, lamenta. El futuro plan director, detalla Palerm, deberá señalar qué y dónde se construye la futura o futuras infraestructuras. El actual plan caduca en 2026, por lo que el margen es cada vez más estrecho. 

“Si nos dicen que no saben dónde colocar esta infraestructura, habrá que recordarles que llevamos treinta años pidiendo que el suelo rústico deje de ser urbanizable”, incide Palerm y añade que, en su opinión, no sería de recibo trasladar los desechos de la isla, indefinidamente, a Mallorca. La opción de la incineradora propia tampoco gusta a los ecologistas. “El principal argumento en contra es el despilfarro de recursos: tenemos que trabajar en reciclar, reducir y reutilizar”, señala. En este sentido, defiende que si la isla redujera a la mitad la producción de residuos, el porcentaje de reciclaje se multiplicaría por dos.

El GEN-GOB quiere un vertedero

Sin embargo, según Palerm, cree que se acabará construyendo una incineradora porque “es la opción fácil”. “La incineradora también necesita un vertedero porque las cenizas que se producen -que hay dos tipos diferentes, unas son peligrosas mientras que las otras no- se tienen que depositar en vertederos de forma separada”, detalla. Otra posibilidad, indica, es que se trasladen a Mallorca pero, nuevamente, ello mostraría, dice el presidente del GEN-GOB, la incapacidad de la isla para gestionar sus propios residuos.

Por otro lado, si se hace una suma de la población local que reside en la isla más las plazas turísticas que hay (unas 100.000) se puede afirmar que el techo entre viviendas y oferta turística reglada se sitúa en unas 255.000 personas, aunque la población flotante en los meses de temporada alta suele estar muy por encima. Hay un cierto consenso en que este excedente de turistas termina optando por la oferta ilegal, lo cual también tiene sus repercusiones en cuanto al consumo de agua, la producción de residuos o el incremento de los precios de la vivienda. “Si este excedente turístico no existiera, la vida útil del vertedero duraría muchísimo más; el porcentaje de reciclaje se incrementaría directamente porque miles de toneladas de residuos no se producirían”, opina Palerm.

El GOB de Mallorca ha estado muchos años luchando para evitar la importación de residuos de fuera del archipiélago balear. Sin embargo, dicen los ecologistas, la incineradora está sobredimensionada, hecho que podría posibilitar la importación de basura desde las islas menores. “Es la única infraestructura que no se queja de que en verano tengamos masificación turística, porque realmente tiene capacidad para quemar mucho más de lo que se genera en la isla”, asegura a elDiario.es Margalida Ramis, portavoz del GOB.

Ramis incide en que aunque cada isla debería gestionar sus propios residuos, argumenta que las islas más pequeñas, como Formentera, Eivissa y Menorca, tienen más problemas en cuanto a la capacidad de gestión debido a que tienen territorios más pequeños. Para gestionar los residuos no reciclables, se necesita un vertedero o una incineradora, pese a que ambas opciones generan conflicto y rechazo social. “Cualquier opción que implique no tener la posibilidad de gestionar tus residuos en tu territorio no tiene lógica desde el punto de vista medioambiental”, explica la portavoz del GOB.

La opción de que Mallorca se tenga que hacer cargo de los residuos de Eivissa (o de otras islas menores) no gusta al actual Ejecutivo insular. “En ningún caso contemplamos la importación de residuos, que es una práctica habitual del Partido Popular antes de que gobernáramos”, afirma a elDiario.es Juan Carrasco (Unides Podem), director insular de Residuos de Mallorca. La política medioambiental del Consell de Mallorca va encaminada, dice Carrasco, a restringir totalmente la importación de residuos de fuera, aunque estas prohibiciones no se aplican al territorio balear. “Únicamente contemplaríamos esta opción ante una situación de emergencia, temporal y puntual”, sostiene Carrasco. “No es el caso, a priori, que va a sufrir Eivissa”, añade.

El Ejecutivo insular argumenta esta posición porque, según defiende, trabajan “incansablemente por la reducción de residuos, con el objetivo de cerrar dos de las cuatro líneas de incineración que tenemos actualmente en nuestras instalaciones”. “Una importación de residuos no lo permitiría”, afirma. El director insular de Unides Podem sostiene argumentos de carácter medioambiental para defender su postura. “Entendemos la situación de Eivissa y nos solidarizamos con ellos, pero este flujo de basuras no es, ni mucho menos, la solución”, insiste.

Carrasco lamenta que conoce la problemática de la mayor de las Pitiüses por lo que ha leído en la prensa, ya que, según defiende, “ningún responsable del Consell d’Eivissa ha contactado” con él “para barajar una posible solución al estado actual de los residuos de la isla”. Esta versión no ha podido ser contrastada con el Consell d’Eivissa, que no ha respondido a la petición de este diario en cuanto a saber cuál será su política de gestión de residuos a largo plazo. Para el Consell de Mallorca, el problema también está en la generación de cenizas y escorias, el residuo que queda después de la incineración, que la institución insular tendría que trasladar al vertedero correspondiente.

El PSOE de Eivissa se opone a la incineradora

Esta problemática se llevó a debate también en el pleno del Consell d’Eivissa del 31 de marzo. A preguntas del portavoz del PSOE en la oposición, Vicent Torres, el Ejecutivo insular, liderado por el PP, acusó a los socialistas de “politizar” la gestión de residuos y pidió que se dejara a los técnicos hacer su trabajo, ya que se plantean “diferentes soluciones y diferentes sistemas de gestión”.

“Dejemos que los técnicos hagan su trabajo, se haga el proceso de consultas que se tenga que hacer y para ello es necesario tener la mayor cantidad de información técnica posible”, afirmó Vicent Roig (PP), conseller de Medio Ambiente de Eivissa, en referencia a la información que apunta a que tres técnicos del Consell d’Eivissa visitaron, a principios de marzo, una planta incineradora de Andorra, dos de Barcelona y la de Palma. “Después de estas visitas se presentó el plan de alternativas para hacer el correspondiente informe. Los informes son técnicos y quienes van son los técnicos, no los políticos”, insistió Roig.

elDiario.es ha pedido en dos ocasiones una valoración al Consell Insular sobre la futura gestión de residuos que plantea el gobierno insular, sin éxito. El PSOE, por su parte, se opone a la construcción de una planta incineradora en Eivissa, haciendo suyas las conclusiones del informe externo que pidió el Consell Insular, que indica que la opción menos nociva es trasladar los residuos -que hasta ahora terminan en el vertedero de Ca na Putxa- fuera de la isla, aseguran fuentes del partido a este diario.