Vinculado al Opus Dei, es el único centro educativo de Balears que todavía separa a sus alumnos por sexo. El colegio Aixa-Llaüt de Palma, de marcado perfil religioso, no se ha librado de la polémica en los últimos años: en 2019, un profesor era sancionado por fotografiar a varios de sus alumnos haciendo el saludo fascista mientras sujetaban dos banderas de España plagadas de referencias a Vox. Hasta el pasado mes de enero, el centro recibía 2,1 millones de euros públicos a raíz del concierto económico que mantenía con el Govern, pero la actual Ley educativa impide financiar con el dinero de todos a la escuela segregada, lo que ha abierto una nueva batalla entre el Aixa-Llaüt y el Ejecutivo balear.
“También somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos”, alegan las familias. La normativa vigente, sin embargo, habla claro: los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos no pueden separar al alumnado por género. El objetivo: favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En caso de mantener este modelo educativo, deberán optar a ser cien por cien privados, es decir, se quedará sin financiación pública. ElDiario.es ha contactado con la dirección de este colegio días antes de la publicación de este reportaje, que elude hacer declaraciones a la espera de que se produzca cualquier novedad sobre el asunto.
Impulsado en el año 2007 y situado a las afueras de la capital balear, en el parque tecnológico Parc Bit, el Aixa-Llaüt pertenece a la Institución Familiar de Educación, un grupo educativo que cuenta con trece colegios en Catalunya y Balears que suman más de 8.000 alumnos y 700 docentes. Como informa la entidad en su página web, Institución Familiar de Educación se constituyó en el año 1969 por iniciativa de un grupo de familias con la finalidad de promover y gestionar colegios en Catalunya que ofreciesen “un modelo educativo de calidad en el cual se valorara a las personas por encima de todo”.
“Nuestra propuesta docente se inspira en un sentido cristiano de la persona, del mundo y de la sociedad con el objetivo de buscar la unión coherente entre fe, pensamiento y vida, siempre respetando y promoviendo la libertad personal de cada uno —de los padres y de los alumnos—en todos sus ámbitos. Para iniciar estos centros, los promotores fueron padres de familia animados por San Josemaria Escrivá, fundador del Opus Dei”, señalan.
La Ley Wert
El Aixa-Llaüt se promociona como “una escuela de familias” que pone el foco en la “educación de la afectividad y las dimensiones social, física y espiritual” gracias a una “visión cristiana del mundo y de la persona”. Entre el personal del colegio hay dos capellanes y entre las actividades que lleva a cabo hay festivales, desfiles, excursiones y también romerías familiares, como la llevada a cabo el pasado 27 de mayo en la ermita de la Virgen de la alegría de Aixa. “Después de rezar el Rosario para pedirle muchas cosas, habrá merienda cena. ¡Te esperamos!”, anunciaban en su perfil de Facebook.
El Aixa-Llaüt es, además, uno de los numerosos centros educativos españoles que segregan a su alumnado por sexo y que, a partir de 2013, se aprovecharon de la puerta que les abrió la aprobación, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) -popularmente conocida como Ley Wert-, para acogerse al sistema de conciertos y beneficiarse de la financiación pública. La normativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert recogía que este modelo de enseñanza “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos”, por lo que no se le podría aplicar “un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas”.
Precisamente, apenas un año después una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) reconocía el derecho al concierto educativo del Aixa-Llaüt y condenaba al Govern balear a indemnizar al centro escolar, dado que, el curso anterior, el Ejecutivo había concertado seis clases de Infantil cuando debería haber beneficiado a siete grupos de Primaria que cumplían las condiciones para ello. Entonces, el concierto estaba estipulado en 400.000 euros. Fue la primera de las batallas judiciales emprendidas por el colegio contra la Administración autonómica.
Llega la Ley Celaá
Sin embargo, el panorama sería muy distinto años después. En 2020, la Lomloe (más conocida como Ley Celaá) ponía coto a esta situación y obligaba a todos los centros que reciben fondos públicos a practicar la coeducación y no separar a su alumnado. En su introducción, la nueva normativa señala que la Lomce “representó una ruptura del equilibrio que se había alcanzado en la Ley Orgánica de Educación (LOE) entre diferentes visiones y planteamientos acerca de la educación que deben necesariamente convivir en un sistema democrático y plural”. Y en su disposición adicional vigésimo quinta establece que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos “desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas (…) y no separarán al alumnado por su género”.
La modificación llevó a la escuela concertada y a Vox a pelear ante el Tribunal Constitucional el mantenimiento de las subvenciones públicas. Finalmente, el tribunal rechazó por mayoría el recurso interpuesto por la formación ultraderechista y avaló varios de los puntos principales de la Ley Celáa. Entre ellos, la prohibición de financiar con dinero público la escuela que segrega al alumnado, la exclusión de la asignatura de religión del currículo escolar, la presencia de las lenguas cooficiales en la educación o la presencia de la perspectiva de género. Los magistrados del bloque conservador votaron en contra.
Hasta el momento, la comunidad autónoma más beligerante con la subvención de modelos educativos como el que plantea el Opus Dei es Catalunya. Antes de la Ley Celáa ya trató de retirar el concierto a 11 centros que segregaban por sexo a su alumnado de Primaria, pero el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad obligó a la Generalitat a mantener los conciertos e incluso a ampliarlos durante seis años porque podría suponer una merma en sus ingresos y para no perjudicar -argumentaba- a los menores, que se verían obligados a cambiar de colegio y adaptarse al nuevo centro.
Las familias se manifiestan
Mientras tanto, Balears aprobaba el pasado 27 de diciembre el nuevo decreto de conciertos educativos, que dejaba fuera a los colegios que segreguen a sus alumnos por sexos. “De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la disposición adicional vigésima quinta de la LOE, en la redacción dada por la LOMLOE, por renovar un concierto educativo o suscribir uno nuevo los centros solicitantes deben desarrollar el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separar a los alumnos en función de su sexo”, establece. Sólo el Aixa-Llaüt continúa separando de este modo a sus estudiantes.
Tras conocer lo dispuesto en la normativa, la dirección del centro educativo anunció un giro en su modelo de enseñanza y, para no perder la financiación pública, se mostró dispuesto a implantar de forma progresiva la educación mixta y dejar así de segregar al alumnado. La propuesta, sin embargo, no convenció al Govern. Para poder renovar el concierto económico, la normativa exige aplicar la coeducación a partir del próximo curso, como han confirmado fuentes de la Conselleria de Educación y Formación Profesional a elDiario.es. Una medida que ha indignado a las familias de los alumnos hasta tal punto que el pasado mes de mayo decidieron manifestarse ante el Consolat de Mar, sede de la Presidencia balear.
“Nuestros hijos no pueden salir perjudicados ni ser discriminados respecto al resto de los alumnos de centros concertados de Balears”, proclamaban los padres de los estudiantes, quienes reclaman poder tener acceso al concierto puesto que ellos “también pagan impuestos”. “Tenemos derecho al concierto. Nos lo reconocieron los tribunales y ahora lo fulminan”, manifestaron durante la lectura de un manifiesto.
La negativa del Govern ha llevado al Aixa-Llaüt, una vez más, a batallar por el concierto en los tribunales. Hasta el momento, el colegio había ganado varias sentencias judiciales amparadas en la Ley Wert. Pero todo cambia tras el aval del Constitucional a la Ley Celáa y, principalmente, a la prohibición de financiar con dinero público la educación diferenciada. La incógnita planea sobre el próximo curso escolar, en el que el centro educativo podría perder la financiación si continúa separando a los niños y las niñas.