El empresario de la noche Bartolomé Cursach, acusado inicialmente de amedrentar a la competencia sirviéndose de numerosos agentes de la Policía Local de Palma, quedará definitivamente absuelto tras retirarse la última acusación mantenida contra él. De igual forma, también será exonerado el que fuese su número dos, Bartolomé Sbert.
Tras más de siete años de investigaciones en torno a un supuesto entramado mafioso urdido para proteger los intereses del magnate, el más conocido como caso Cursach, cuya matriz dio pie a un centenar de imputaciones y al ingreso en prisión de unos cuarenta investigados, se precipita a su final. La Fiscalía Anticorrupción abrió la veda hace diez días al apartar todos sus cargos contra Cursach, Sbert, 14 policías y un funcionario de Calvià que están siendo juzgados mientras que el resto de acusaciones particulares han hecho lo propio en las últimas jornadas al no considerar probado lo atribuido a todos ellos. Tan solo dos agentes continuarán en el banquillo.
Las dos últimas acusaciones de las que pendía el futuro procesal del principal empresario del ocio de Balears y su mano derecha han anunciado este lunes que se retiran del procedimiento penal. Una de ellas era la ejercida por el dueño de una las principales discotecas situadas en el Paseo Marítimo de Palma –donde también se ubicaba la famosa discoteca Tito's, buque insignia del grupo Cursach–, quien les acusada de instar el continuo hostigamiento y la persecución de su establecimiento mediante inspecciones. Las defensas y varios atestados policiales apuntan, sin embargo, a que los antiguos investigadores del caso Cursach “instrumentalizaron” al propietario del local para lanzar falsas acusaciones.
También la defensa de varios empresarios de Magaluf (Calvià) ha remitido un escrito a la Audiencia Provincial de Balears, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que informa de la retirada de todos sus cargos. De este modo, tan solo continuará actuando en el juicio la acusación ejercida por un local de Palma, cuya copropietaria mantendrá sus imputaciones contra dos policías a los que acusa de hostigarle con inspecciones después de que su marido no contratara a agentes como seguridad privada. La mujer reconoció en el juicio que su esposo -ya fallecido- y ella han sido amigos de Cursach desde 1978 y que incluso le tenían el local alquilado y fueron socios más de diez años. “Hay muy buena relación”, manifestó, precisando que únicamente está presente en el juicio por la actuación de los policías.
La vista ya arrancó con una notable reducción en la petición de condenas por parte de la Fiscalía. En concreto, la acusación pública reclamaba inicialmente ocho años y medio de prisión para Cursach, si bien varios días antes de iniciarse el juicio decidió rebajar la solicitud a un año y medio, retirando por “falta de verosimilitud”, las acusaciones más graves que pesaban sobre el empresario.
Entre tales imputaciones se encontraban las relativas a los supuestos sobornos de los que, según han sostenido las acusaciones durante los últimos años, abasteció a varios funcionarios a cambio de ganarse su voluntad o las presuntas orgías que las investigaciones iniciales señalaban que se habían celebrado en la discoteca Tito's para agasajar a numerosos policías bajo la condición de garantizar la buena marcha de los negocios del conglomerado empresarial.
Tanto Cursach como su número dos ya fueron exonerados en 2020 en la matriz del caso Cursach -los hechos que en la actualidad están siendo juzgados conforman una de las quince líneas de investigación en que se dividió aquélla, la mayor parte de las cuales han acabado sobreseídas-. Ambos comenzaron a ser investigados por un rosario de delitos relativos a un supuesto entramado político, empresarial y policial dirigido a salvaguardar su autoridad en la noche y que incluían, entre otros, los de homicidio, corrupción de menores, extorsiones, amenazas y tráfico de influencias.
Entre medias, el magnate permaneció en prisión provisional durante más de un año y ha afrontado varios juicios, en los que ha sido condenado a ocho meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas a raíz del hallazgo en su vivienda de una carabina de calibre 22, así como a abonar una multa de 9.000 euros por referirse en el Juzgado como “subnormal” al juez Manuel Penalva, quien no se encontraba presente en el lugar -había sido apartado del caso Cursach en marzo de 2018- cuando el empresario profirió el improperio.
Cabe recordar que lo que arrancó en 2013 como una investigación en torno al presunto amaño del concurso convocado el año anterior para acceder a una plaza de oficial dentro de la Policía Local de Palma acabó convirtiéndose en una de las causas más complejas de las que se han instruido y juzgado en Balears. Paradigmáticamente, el juicio contra Cursach transcurre en paralelo a la instrucción de la causa abierta contra el ex juez Manuel Penalva, el ex fiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con quienes trabajaban codo con codo al frente del caso Cursach, quienes, por su parte, se encuentran a las puertas del banquillo por, presuntamente, coaccionar y amenazar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, inducir al falso testimonio, prevaricar a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultar las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y por filtrar información cuando la causa se encontraba bajo secreto.
Lo arrojado por estas investigaciones llevaron a las defensas del caso Cursach, al inicio del juicio, a reclamar la nulidad de la causa, invocando para ello las “graves vulneraciones de derechos fundamentales” que, sostienen, se produjo durante la instrucción de la causa. Consideran, como subraya uno de los encausados, que la instrucción de la causa fue “un auténtico fraude” y “un artificio de principio a fin”. Frente a tales alegatos, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, rechazó la petición de las defensas así como la mayor parte de las cuestiones previas planteadas por éstas, como las dirigidas a expulsar a las acusaciones particulares personadas en la causa -sí se acordó limitar la actuación de éstas respecto a cinco de los policías acusados-.
En 2013, cuando comenzó a investigarse la supuesta manipulación de los exámenes en la Policía Local, nada se intuía acerca de la magnitud que las incipientes pesquisas, en manos entonces de la jueza Carmen González, acabarían alcanzando, con acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra en los negocios nocturnos a Cursach. Como tampoco nada se sabía de los vuelcos que esas mismas investigaciones sufrirían hasta el punto de verse altamente comprometidas en la actualidad.
Con la llegada del juez Penalva, quien el 15 de junio de 2015 cogía las riendas del caso Cursach en sustitución de la anterior magistrada, la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios empezó a tomar forma. Y, de la mano del fiscal Subirán y de los cuatro policías de Blanqueo, comenzó a levantar las alfombras de esa supuesta trama, dando pie a un centenar de imputaciones y al ingreso en prisión de unos cuarenta investigados, acusados de participar en una red de chantaje y extorsión que actuaba “como una auténtica organización policial instalada de manera permanente en el delito”, como ponía de manifiesto entonces el ex instructor del caso en uno de sus autos.
Hasta una quincena de delitos recaían entonces sobre el considerado rey de la noche mallorquina: homicidio –un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado–, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, tenencia ilícita de armas y delitos contra los derechos de los trabajadores. La mayor parte de ellos han decaído a lo largo de estos años.
Que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose con ello las defensas imposibilitadas a tener acceso a las investigaciones, es una de las cuestiones a las que comenzaron a aferrarse –y se aferran– los abogados de la causa para alentar la tesis de que todo fue un montaje contra sus patrocinados. La publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar fue lo que motivó las primeras sospechas en torno a la instrucción y se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales.
Junto a ello, comenzaron a trascender las supuestas presiones a las que habían sido sometidos investigados y testigos al tiempo que salían a la luz conversaciones de WhatsApp mantenidas por juez, fiscal y los funcionarios policiales que ponían de manifiesto la connivencia que existía entre todos ellos. La situación llegó a tal extremo que el ex juez -Manuel Penalva- acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las investigaciones en octubre de ese año.
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