En vísperas del Día del Orgullo, Balears se despertaba con la primera medida de su nuevo Parlament aprobada con los votos de PP y Vox: el rechazo a que la bandera arcoíris vuelva a colgar en los balcones de la institución como era costumbre desde hacía años para reivindicar al colectivo LGTBI en su día grande. La cuestión, subraya el profesor, político e investigador Nel Martí, es un “símbolo”: “La libertad afectivo-sexual era algo asumido, había un ámbito mínimo de respeto, pero ahora llegan a romper esa unanimidad y es el momento de que la sociedad se movilice para defender todo lo que ha conseguido”.
La medida no sólo coincidía con el día del Orgullo, sino con la reivindicación de la memoria histórica del colectivo en las Islas en un momento en que, como destacan desde la asociación Ben Amics, “pese a las conquistas del movimiento” están observando “un aumento de los discursos de odio y la LGTBI-fobia”. Proclamas que llegan “de la mano de la extrema derecha” que, además, “pone en peligro los avances sociales y las conquistas institucionales conseguidas”.
Hace apenas unos días la entidad presentaba su Informe de recuperació de la memòria històrica del col·lectiu LGTBI a les Illes Balears en el que rememoran 40 años de historia como una “estrategia de resistencia y visibilidad”. Por su parte, tras ocho años de investigación, Nel Martí ha finalizado su estudio La repressió de l’homosexualitat a Menorca durant el franquisme, un trabajo con el que, pese al título, contribuye a construir la memoria histórica LGTBI de todo el archipiélago.
Vagos, maleantes… y homosexuales
El primer gran golpe contra el colectivo LGTBI llegó en 1954, cuando se modificó la Ley de Vagos y Maleantes para incluir la persecución de los homosexuales. Cuando se les condenara a ser internados en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola -uno de los castigos que contemplaba la norma-, además, deberían ser ingresados en “instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás”.
Nel Martí asegura que la modificación no fue una “anomalía”, sino que “legitimó jurídicamente” una “represión brutal” que ya existía a nivel social y cultural, y avaló “la intervención policial, además de justificar el encarcelamiento y la expulsión”. “El franquismo convirtió en ley el rechazo a la homosexualidad que ya existía”, resume. Una ley que les equiparaba con rufianes y proxenetas y que contaba “con el papel de la Iglesia católica como justificador”, relata.
La ley franquista equiparaba al colectivo LGTBI con rufianes y proxenetas y contaba 'con el papel de la Iglesia católica como justificador', según el historiador Nel Martí
Aquella transformación legal derivó en la creación de juzgados especiales de Vagos y Maleantes, que en el caso de Balears fue compartido con Catalunya hasta 1964. De sus archivos -hoy en la Ciutat de la Justicia- Nel Martí ha recuperado la historia de 18 represaliados que fueron detenidos en las Islas o que acabaron desterrados aquí tras su procesamiento.
En los sumarios queda patente el desprecio de los investigadores, que se refieren a los detenidos -siempre hombres- como La Meri, La Miguela o La Fabiola. Los expedientes hablan de “actos contranatura con personas del mismo sexo”, de “homosexualidad por condicionamiento en la infancia”, de “homosexualidad utilitaria” e incluso de detenciones por “bujarrón”. Algunos de los casos cuentan con el dictamen de forenses que les describen como “invertido congénito” y diagnostican una “anomalía instintiva” o trastornos con “psicomotricidad feminoide”. Pese al uso de este presunto lenguaje técnico, tampoco faltaban alusiones a la moral, como la sentencia que asociaba la “condición de homosexual” con ser “productor de hechos que ofenden a la sana moral de nuestro país con tradicional acervo a las buenas costumbres”.
Los 18 casos identificados por Nel Martí son solo una parte y, probablemente, una ínfima. En Catalunya, por ejemplo, se han documentado más de 1.200 juicios relacionados con la represión de la homosexualidad. En Balears, sin embargo, la memoria histórica LGTBI ha topado también con la enorme dificultad de acceso a archivos como los de los juzgados de Primera Instancia, la Audiencia Provincial, el Gobierno Civil o el archivo penitenciario. Muchos cuya documentación está afectada por la ley de protección de datos; otros, reacios a facilitar la consulta. “Si consiguiéramos acceder a todas las causas y detenciones, el número de víctimas de esta represión se multiplicaría de forma exponencial”, sostiene.
Si consiguiéramos acceder a todas las causas y detenciones, el número de víctimas de esta represión se multiplicaría de forma exponencial
En el perfil de los represaliados destaca su juventud -todos tienen entre 16 y 30 años- así como un componente de clase. “La mayoría son personas que se movían en el mundo de la marginalidad. Muchas veces porque su propia condición de homosexuales les había desplazado socialmente y se veían abocados a ese entorno en el que acababan cayendo en la pequeña delincuencia con hurtos o estafas económicas”, detalla.
Las detenciones se extendieron a otras clases sociales, pero en la mayoría de estos casos, no llegaban a un proceso judicial “porque tenían influencias”. Un ejemplo, asegura, fue el poeta Jaume Vidal Alcover, arrestado en agosto de 1965 cuando asistía a una fiesta que, en realidad, era una especie de boda entre un profesor de la Universidad de Columbia y un joven español.
Menos suerte corrió el onubense de 18 años detenido en Palma en 1964 al que Martí llama Ramón. Al robo de un reloj de pulsera y a no haber justificado “actividad laboral de clase alguna” se sumaba su confesión de haber tenido relaciones sexuales con al menos tres hombres. Fue condenado a prisión en régimen de trabajo y se le prohibió residir en la capital mallorquina durante dos años.
Un hombre de 18 años fue detenido en Palma en 1964. Al robo de un reloj y a no haber justificado 'actividad laboral' se sumaba su confesión de haber tenido sexo con hombres. Fue condenado a prisión en régimen de trabajo y se le prohibió residir en Palma
Un refugio para expulsados de Catalunya
De los 18 casos vinculados a Balears, catorce están referidos a hombres que fueron procesados en Barcelona y que acabaron en Mallorca tras ser condenados a dos años de destierro. “Elegían las Islas por una cuestión cultural y de proximidad, pero también porque su turistificación generaba una imagen idealizada de que eran un lugar de mayor tolerancia y apertura. En realidad eso no se daba más que en zonas de ambiente muy determinadas, a nivel social o cultural no ocurría”, señala Martí.
Uno de estos deportados fue el que el investigador bautiza como Antonio, aunque policialmente se referían a él como La Meri. Tenía 31 años cuando fue detenido y expedientado por la Jefatura de Policía de Barcelona. En el informe que remitieron al juez en 1960 se recogía que estaba “conceptuado como homosexual” y que por “sus reiteradas tentativas a realizar tales prácticas fue despedido del trabajo” de albañil. Se le calificaba de “persona de dudosa conducta y mala moralidad”. Ya había sido arrestado siete años antes junto a otros “invertidos”, y en su historial se decía también que tenía una clara “inclinación al delito” y que había sido “bolsillero”. De su destierro en Mallorca, Nel Martí documenta que trabajó en el restaurante La Punta y en el Hotel Pireo de Cala Major.
Antonio, aunque policialmente se referían a él como La Meri, tenía 31 años. En el informe que remitieron al juez en 1960 estaba 'conceptuado como homosexual' y se decía que por 'sus tentativas a realizar tales prácticas fue despedido del trabajo'
El informe sobre la “situación moral” de Mallorca
A mediados de los 60, coincidiendo -como casi todo en estas Islas- con el boom turístico, según Martí, el franquismo tenía la sensación de que la cuestión de la homosexualidad “se le estaba yendo de las manos”. Los casos, decían, se multiplicaban, y en el origen de ese “contagio” situaban de forma inequívoca a los viajeros extranjeros que llegaban. “El turismo suponía la introducción de nuevos hábitos y costumbres, como era la homosexualidad, que contrastaban con la restricción de la permisividad que la dictadura, con el apoyo de la Iglesia católica, tenía muy controlada”, asegura.
Uno de los ejemplos más claros de esta asociación lo encontramos en la Nota sobre la situación moral de Mallorca en el verano de 1965 publicada en la revista-boletín Campaña Pro Moralidad y Fe y recuperada en el estudio de Ben Amics. El análisis arrancaba con un apartado dedicado a la “inversión” en el que aseguraba que “uno de los enemigos principales de la moralidad” era “la innumerable y abominable plaga de invertidos extranjeros, que vienen en busca de otra persona para su antinatural pareja”. Pareja que, “por desgracia”, solían formar con españoles.
La revista-boletín 'Campaña Pro Moralidad y Fe' criticó 'la innumerable y abominable plaga de invertidos extranjeros que vienen en busca de otra persona para su antinatural pareja [española]' en Mallorca
El informe aseguraba que estos “invertidos” tenían sus propios “lugares de reunión”, entre los que incluía curiosamente la isla que hay frente a la playa de Illetes d Mallorca –“en cuya parte posterior cualquier nadador o navegante puede encontrarse con las escenas más desagradables”- y la famosa plaza Gomila donde, añadía, “se pasean hombres, o lo que sean, pintados, maquillados e incluso con blusa y pantalón de mujer”.
Según Martí, el propio alcalde de Palma, Máximo Alomar, denunció que el informe faltaba “en forma elemental a la verdad” y el Gobierno Civil criticó que pecaba de “exagerado”. Lo cierto es que la nota hablaba también de la existencia de actuaciones policiales que, en todo caso, consideraba “insuficientes por el sinnúmero de invertidos”.
Detenciones y redadas
Pese a las críticas de aquel informe no oficial, las cifras que el Ministerio de la Gobernación manejaba aquel mismo 1965 contabilizaban a 82 “invertidos” detenidos, como revela el estudio de Ben Amics. En el mes de febrero, además, Balears se independizó de Catalunya y pasó a contar con su propio Juzgado Especial de Vagos y Maleantes, presidido por Julio A. Llovet Alabau. Cuando se cumplían solo cuatro meses desde su creación, el juez aseguró en una entrevista al diario Baleares que de los 44 expedientes abiertos, la causa que predominaba era la homosexualidad. Un auge que se achacaba, añadía el periódico, “en buena parte al turismo y las deficiencias morales y sociales que acarrea”.
Para ser detenido, dice Martí, bastaba con poco. A veces con una simple denuncia. “Cuando se presentó la Ley de Peligrosidad Social en 1970 y se incluyó que se declaraban como peligrosos quienes realizaran ‘actos de homosexualidad’ en lugar de la presunción de homosexualidad, muchos colectivos lo consideraron una pequeña victoria dentro de aquel contexto, aunque hoy en día sería inaceptable”, explica. Lo cierto es que antes y después existieron las redadas. Entre ellas, el investigador señala la que se produjo en los años 60 en el cine Goya de Manacor, que se había convertido en un espacio de encuentro de personas homosexuales prácticamente desde su apertura.
Sin embargo, muchas de estas detenciones masivas tuvieron el barrio de Gomila como escenario. La zona, que ya había destacado entre los peligros morales denunciados en 1965, se convirtió en los 80 en el “barrio gay por excelencia” con una docena de locales de ambiente, hoteles y algunas saunas. La clausura de tres de esos bares en noviembre de 1984 -el Max-O, el Bronx y el New Way- desembocaron en una de las mayores protestas del colectivo LGTBI en las Islas que tomó la forma de la “performance-procesión” de San Reprimonio. Justo diez años antes, en septiembre de 1974, una redada en el Bar Saras acabó con la detención de treinta homosexuales, 22 de ellos extranjeros.
La doble invisibilización de las lesbianas
Dentro del olvido que ha sufrido la memoria histórica del colectivo LGTBI el de las mujeres lesbianas, reconoce el investigador, ha sido y es aún más clamoroso. La suya ha sido una doble invisibilización: la primera por su condición de mujeres -con el rol al que el franquismo las tenía relegadas- y la segunda por su orientación sexual. “La mujer lesbiana era absolutamente invisible, ausente, solo el concepto era impensable, y es un reflejo de la discriminación histórica de la mujer”, asegura Martí.
En su estudio demuestra que también hubo lesbianas que sufrieron represalias por su “disidencia afectivosexual”. Entre ellas, destaca el caso de María Helena, una joven uruguaya que fue detenida en marzo de 1968 “en actitud sospechosa y vestida de hombre” en uno de los consideres bares de ambiente de Barcelona. Tenía solo 21 años cuando entró en la cárcel Modelo; después llegarían las de Madrid y Segovia.
Para Antonio Sabater, juez especial del Juzgado de Vagos y Maleantes de Catalunya y Balears, las lesbianas eran las mujeres que llevaban “calzado y vestidos de corte varonil” o que mostraban “modos viriles de desenvolverse”. Lo cual, para el investigador, muestra claramente que se equiparaba a la mujer que era “independiente y económicamente suficiente con el lesbianismo”, de forma que contribuyera a la “contención y represión” de sus anhelos.
La ley en las Islas
En 2018 la Ley de Memoria y Reconocimiento Democrático de las Illes Balears reconoció que durante la dictadura y en los primeros años de la Transición se ejerció “una dura represión por razones de orientación sexual o identidad de género, con tratamientos contrarios a los derechos humanos”. Además de la consideración pública, la norma preveía toda una serie de medidas como la identificación y visualización de las víctimas LGTBI. Una tarea en la que, según Martí, el resultado ha sido nulo -y que quedará en papel mojado porque PP y Vox derogarán la ley-.
La represión social, asegura el investigador, siempre ha estado “considerada en un segundo plano en relación con la política”. Pero lo cierto es que el estudio de Martí también está lleno de nombres tachados. Algunos por la ley de protección de datos; otros, por decisión propia. “La aceptación social de la homosexualidad ha costado mucho, aunque ahora la demos por asumida. Cuando llegó la democracia la gente no se hizo más tolerante de golpe y muchos de los que he entrevistado no me han autorizado a dar sus nombres porque no quieren volver a revivir lo que pasaron y exponerse de nuevo”, revela.