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La fiscal que acusa a Pau Rigo, el anciano de Porreres (Mallorca) que mató a un ladrón cuando éste asaltó su casa en febrero de 2018, ha señalado que éste podría haber evitado el disparo mortal que efectuó con su escopeta. “Había otro modo de proceder”, ha alegado la representante del Ministerio Público al arranque del juicio que se celebra contra el jubilado y tres de los atracadores, cuya declaración en la vista oral está prevista este viernes.
Cabe recordar que Rigo ya fue juzgado en septiembre de 2023 y declarado culpable mediante una resolución que desató la controversia y reabrió el debate acerca de la legítima defensa y si en este caso se produjo o no una reacción proporcionada por parte del hombre. Tras ello, la Justicia anuló el veredicto de culpabilidad por diversos errores en su planteamiento y la Audiencia Provincial exoneró finalmente al anciano al considerar que no había prueba “suficiente” de que el acusado tuviese “ánimo de causar la muerte” del asaltante. El pasado mes de mayo, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) declaraba nula la absolución a petición de la Fiscalía y ordenaba la repetición del juicio.
Durante la primera jornada del nuevo juicio, la fiscal ha reprochado que Rigo, ante el robo que estaba sufriendo en su domicilio, y pese a encontrarse “intimidado”, cogiera una escopeta ya cargada y disparase contra uno de los asaltantes en el abdomen, causándole la muerte. “Creo que había otros modos de proceder antes que disparar en la forma que lo hizo. Había una alarma que podría haber accionado, podría haber salido por la puerta...”, ha subrayado.
“Los ladrones considero que no lo hicieron bien (...), pero también creo que Pau no lo hizo bien”, ha subrayado la representante de la Fiscalía, la única de las partes que solicita penas de prisión para cada uno de los procesados. En concreto, solicita cuatro años de cárcel para el octogenario por un delito de homicidio, y entre cinco y seis años de privación de libertad para los ladrones.
Según la tesis de la fiscal, Rigo aprovechó que ambos asaltantes se encontraban saqueando la caja fuerte, ubicada en el sótano, para coger su arma de fuego, que se encontraba en su habitación, ya cargada. “Pensó: 'de esto me encargo yo'. Y se encargó. Eso es lo que creo que ocurrió”, ha defendido. Además, ha subrayado que uno de los acusados de planificar el robo conocía al anciano -entonces de 78 años, hoy de 84- y había estado previamente en su domicilio. Él se lo propuso a otro de los supuestos planificadores, que su vez se lo trasladaron a los otros dos, hermanos entre sí y encargados de entrar en la casa tapados con un pasamontañas y armados con sendas patas de cabra.
“¿Qué pasa? Que en el momento en el que entran al domicilio ocurren circunstancias que no estaban previstas, como que Pau tuviera un arma cargada”, ha relatado. Aunque no ha querido entrar a juzgar las decisiones que una persona podría tomar al verse envuelta en una situación así, ha remarcado que en cualquier caso debe tener una consecuencia penal.
Por su parte, los abogados de los dos vecinos del municipio de Campos acusados de participar en el robo y trasladar a los asaltantes hasta el domicilio de Rigo han adelantado que sus defendidos reconocerán este viernes el relato de hechos detallado por la fiscal.
También la defensa de otro de los acusados de planificar el asalto ha asegurado que reconocerá su implicación en los hechos en su declaración ante el tribunal del jurado. “No solamente va a reconocer su implicación, sino que va a incriminar a los otros dos acusados” del robo, ha manifestado. “Vamos a reconocer la dinámica del robo, que se compraron los pasamontañas y las patas de cabra, que se hicieron vigilancias previas, que el día de los hechos acudieron los cuatro al domicilio”, ha ahondado.
Además de reconocerse como autores del delito de robo del que les acusa la Fiscalía -aunque ha pedido que sea con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas--, indemnizarán a Rigo con los 15.000 euros que ese día le sustrajeron de la caja fuerte. Según ha asegurado el letrado defensor, esta misma mañana han hecho entrega de un primer pago de 3.000 euros.
“Conviertan en verdad judicial lo que a nivel de calle es normal”
Por su parte, el abogado de Pau Rigo ha instado a los miembros del jurado popular a que “conviertan en verdad judicial lo que a nivel de calle es normal”. “Lo que los taxistas, en los bares, en las conversaciones, en las familias, lo que todo el mundo se pregunta: ¿cómo es posible que acusen a este señor por defenderse dentro de su casa?”, ha dicho. De este modo ha pretendido justificar su argumento de que Rigo actuó en legítima defensa con el objetivo de preservar su vida, la de su mujer -que también se encontraba en el domicilio el día del robo y sufrió lesiones leves- y defender su propiedad.
Es por ello que ha reclamado a los jurados que se pongan en la situación que vivió su defendido, teniendo en cuenta que meses atrás vivió un robo similar, y que sean conscientes de que, si disparó su escopeta contra uno de los asaltantes, fue porque era la manera “más eficaz e idónea” que tenía para defenderse. Además, ha asegurado que realizó el disparo para tratar de evitar una agresión por parte del ladrón hoy fallecido, quien supuestamente pretendía golpearle en la cabeza con una de las patas de cabra. “Nadie está obligado a dejar que le maten”, ha incidido el letrado.
Durante el primer juicio, el dueño de la vivienda alegó que actuó en defensa propia y la de su mujer ante el miedo y el temor que sintió por estar viviendo un segundo robo en menos de tres meses. En el primero había sido asaltado por individuos con la cara tapada que se llevaron 30.000 euros. Dos de ellos eran los mismos que se sientan ahora en el banquillo. El abogado del anciano sostuvo en todo momento la tesis de la legítima defensa. “Él temía por su vida”, aseveró entonces ante el jurado, preguntándose también “cómo puede repeler un señor de 78 años el ataque de dos jóvenes encapuchados con patas de cabra”. “Con 78 años, ¿tenía que correr campo a través? ¿Llamar a la Guardia Civil, si habían arrancado los teléfonos?”, se demandaba.
El jubilado insistió en que “no quería disparar” pero los acusados, lejos de amedrentarse al ver la escopeta, se le echaron encima. Asimismo, aseguró haber “sufrido mucho” desde entonces y manifestó que su vida “cambió cuando esa gente entró” en su casa. “Nunca en la vida pensé que tendría que hacer lo que hice”, declaró. El fiscal, sin embargo, mostró su rechazo a la reacción del jubilado al sostener que había otras alternativas para defenderse. “No vivimos en América”, llegó a proclamar, subrayando que en España “no existe el derecho a matar” aunque “hay circunstancias que se deben tener en cuenta”.
La defensa del hermano del fallecido: Pau Rigo “estaba preparado”
Por su parte, la defensa del asaltante hermano del fallecido ha admitido este jueves su participación en la ejecución del robo en los extremos fijados por la fiscal, aunque ha diferido en algunos aspectos. Por ejemplo, ha detallado que el robo se produjo en un clima de exceso de confianza por parte de los asaltantes -rechazaron llevar armas de fuego y bridas, que ha asegurado que les fueron ofrecidas-, que fue a más con la inicial colaboración de Rigo.
No obstante, ha incidido que cuando ambos se encontraban en el sótano saqueando la caja fuerte, el octogenario aprovechó la falta de vigilancia para ir a buscar su escopeta, que tenía cargada y escondida detrás de la puerta de su habitación. “Estaba preparado, porque ya había sufrido un robo que fue especialmente violento”, ha manifestado.
Cuando los dos hermanos subieron a la primera planta se encontraron a Rigo apostado a un lateral de la escalera y, de manera sorpresiva, se produjo el disparo mortal, ha defendido el abogado. Pese a reconocer el derecho de defensa del anciano, ha considerado que su respuesta produjo un resultado “desproporcionado”. “¿Había alternativas objetivas? ¿Era necesario matar o no?”, ha cuestionado. En cualquier caso, ha indicado, las lesiones sufridas por Rigo a manos de su defendido posteriores a la muerte de su hermano, con la intención de desposeerle del arma, estarían justificadas por su “exceso de violencia legítima”.