El fiscal que lloró y pidió perdón al magnate Cursach defiende el juicio contra los antiguos investigadores

En el juicio que se celebra en Palma por uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional, la Fiscalía Anticorrupción ha defendido este miércoles la legitimidad de la causa que sienta en el banquillo al juez y el fiscal que, durante cerca de tres años, cercaron al magnate Bartolomé Cursach. Los antiguos investigadores del caso, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, se sientan desde el pasado lunes en el banquillo de los acusados por presuntamente efectuar detenciones ilegales, fabricar pruebas y alargar el secreto de la causa de la mano de cuatro policías nacionales. Sobre Penalva y Subirán pesan las mayores peticiones de condena formuladas en España contra un juez y un fiscal.

La clave de los primeros días de la vista oral radica en determinar si la causa abierta contra los antiguos investigadores del considerado 'rey de la noche mallorquina' (Cursach) se originó de forma ilícita. Mientras las defensas reclaman la nulidad del caso al sostener que se cimenta sobre “actuaciones ilegales” como lo fue el acceso al listado de llamadas y la incautación de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían el caso Cursach –una medida que más tarde sería declarada ilegítima por el Tribunal Constitucional–, la Fiscalía asevera que las investigaciones contra Penalva y Subirán se iniciaron mucho antes de que se adoptara cualquier medida de investigación sobre los informadores. Aquellas incipientes pesquisas buscaban, en concreto, averiguar de dónde procedían decenas de informaciones que habían sido filtradas a la prensa mientras el procedimiento judicial contra el conocido empresario mallorquín se encontraba bajo secreto.

“Ninguna fuente de prueba procede de los listados de llamadas de los periodistas”, ha reafirmado tajante el fiscal Tomás Herranz, quien se ha apoyado en numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en la que se determina que la nulidad constitucional de una prueba no impide que un hecho pueda acreditarse mediante otros medios de prueba independientes a la prueba contaminada o ilegítima. En este sentido, Herranz ha aseverado que la confiscación de los dispositivos móviles de los periodistas nada tuvo que ver con el hecho de que, pocas semanas después, fuese detenido uno de los agentes acusados, Iván Bandera, en cuyo móvil fue localizado un chat de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Sancus', mantenían abierto Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales en paralelo a la instrucción del caso Cursach y cuyo contenido ponía en entredicho su actuación al frente de la causa.

El chat, piedra angular de las investigaciones

Las conversaciones halladas, en las que los acusados se hacían llamar “los intocables”, se convirtieron en piedra angular de todas las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento contra todos ellos dado que revelarían la actuación presuntamente coordinada que juez, fiscal y policías llevaron a cabo para, supuestamente, presionar a testigos, efectuar detenciones ilegales y alargar de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados del caso Cursach con el objetivo de reforzar sus acusaciones. 

No en vano, del chat de WhatApp salieron a la luz manifestaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “a este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos” (en alusión al exconcejal del PP Álvaro Gijón); “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.

El pasado lunes, los abogados de los procesados alegaron que la incautación del teléfono de los periodistas condujo, inexorablemente, a la detención del policía Bandera y, con ello, al hallazgo del chat en una suerte de referencia a la conocida como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’, en virtud de la cual toda prueba obtenida de forma ilícita debe quedar invalidada, y con ella, si es necesario, el resto de pruebas relacionadas. El fiscal, sin embargo, ha descartado este extremo: “La obtención del teléfono de Iván Bandera se habría producido de todos modos. Era un descubrimiento inevitable”. Herranz hacía alusión de este modo a la doctrina penal según la cual una prueba habría podido inexorablemente hallada por vías de investigación distintas a la prueba invalidada.

Inicio de la causa contra Penalva y Subirán

Herranz –quien fue el fiscal que, al término del juicio del caso Cursach, manifestó entre lágrimas que la causa contra el magnate había sido “un fracaso total de la Justicia”– ha recordado que la investigación contra los actuales acusados fue incoada el 18 de julio de 2018, cinco meses antes de la confiscación de los teléfonos de los periodistas y de la detención del policía Bandera. En concreto, el procedimiento judicial echó a andar después de que, tras meses de sospechas sobre supuestas irregularidades en las investigaciones, los abogados del empresario y de su número dos, Bartolomé Sbert, pusieran en entredicho la instrucción del caso Cursach al denunciar las revelaciones efectuadas a la prensa a pesar de que el caso se hallaba, desde hacía varios años, bajo secreto sumarial.

A raíz de estas quejas, el juez Miquel Florit, encargado del caso Cursach después de que Penalva fuese recusado en marzo de ese año por falta de apariencia de imparcialidad, se introdujo de lleno, de la mano de la Policía Nacional, en la indagación del origen de las filtraciones. En octubre, Florit ordenaba la obtención del listado de llamadas de los periodistas y, en diciembre, acordaba la intervención de sus teléfonos móviles, una medida que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados: los medios de comunicación e informadores afectados por la decisión se querellaron contra el juez al considerar que la confiscación de sus dispositivos y de su material informático eran “manifiestamente injustos” y vulneraban su derecho al secreto profesional periodístico. Finalmente, Florit resultó absuelto mediante una sentencia que reconocía que había actuado injustamente pero determinaba que su conducta no había sido intencionada, sino imprudente.

Apenas unas semanas después de la confiscación de los teléfonos, el agente Bandera era detenido y su teléfono acababa en manos de la Policía. Y ahí radica el quid de lo que se debate estos días: si el arresto se produjo fruto de la información obtenida de una medida declarada ilegal –la incautación de los móviles de los periodistas–, como proclaman las defensas. Los abogados se aferran a la sentencia del Constitucional que declaraba nula la intervención de los teléfonos para tumbar el juicio. Pero, frente a tales alegatos, el fiscal ha aseverado que un atestado de la Policía Nacional fechado el 12 de septiembre de 2018 ya describía pormenorizadamente la existencia de indicios probatorios de suficiente calado que ya apuntaban a la presunta revelación de datos confidenciales relativos a la macrocausa abierta contra el magnate mallorquín. 

Tras la confiscación de los teléfonos a los periodistas, el agente Iván Bandera fue detenido y su teléfono acabó en manos de la Policía. Y ahí radica el quid de la cuestión: si el arresto se produjo fruto de la incautación de los móviles, una medida ilegal

Álvaro Gijón pidió en 2016 que se investigasen las filtraciones

Asimismo, ha señalado que varios miembros de Blanqueo de la Policía Nacional ya habían manifestado, mucho antes, que compañeros de su grupo habían filtrado informaciones del caso Cursach a pesar de que éste se encontraba bajo secreto de sumario. Y ha abundado en que, ya en 2016, el abogado del exconcejal Gijón –una de las acusaciones particulares en el juicio que se celebra desde el pasado lunes– presentó un escrito en el que denunciaba la filtración de una diligencia que le afectaba y solicitó que se investigase, a lo que Penalva le respondió que no era objeto de ese procedimiento “realizar dichas investigaciones”.

Sobre otro de los argumentos de las defensas en el sentido de que la localización del chat se produjo de forma ilegítima y, por tanto, también invalidaría las investigaciones llevadas a cabo contra los dos juristas y los cuatro miembros del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, Herranz ha subrayado que Bandera entregó voluntariamente su teléfono. “Lo hizo tras la lectura de derechos, que además incluía informarle del objeto de la investigación, que era la revelación de secretos”, ha remarcado, incidiendo en que tal investigación, “salvo confesión directa, debe hacerse a través de los medios de comunicación que existen”. Asimismo, ha apuntado que el agente “sabía que se iba a mirar su teléfono”. “Se hizo en presencia de su abogado, sin temor ni coacciones. Todo lo contrario, estaba confiado porque sabía que no le iba a perjudicar porque había borrado el chat. Pero éste se encontraba en otras memorias del móvil”, ha dicho el fiscal.

“Veintiún minutos no es terrorífico, es lo normal”, ha añadido Herranz respecto a una de las manifestaciones efectuadas el lunes por el letrado de Penalva y Subirán, Javier Barinaga, quien afirmó que desde que Bandera fue detenido hasta que pudo ser asistido por un abogado “transcurrieron veintiún minutos de oscuridad”. En esta línea, el fiscal ha manifestado que requisar el teléfono a un detenido “es algo que sucede con frecuencia para evitar que se destruya como fuente de prueba” y sin que se requiera de autorización judicial cuando de una entrega voluntaria se trata. Finalmente, ha insistido en que las fuentes de prueba sobre la participación de los acusados en las presuntas irregularidades investigadas no guardan relación alguna con las resoluciones sobre las que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y que declararon vulnerados los derechos de los periodistas que cubrían el caso Cursach.

“Lo que aquí se juzga no está en el metaverso de un chat”

Tras la intervención de Herranz ha sido el turno de las acusaciones particulares, ejercidas por quienes se consideran perjudicados por las prácticas supuestamente ilícitas desplegadas por los dos juristas y los cuatro policías. Entre ellos, el exconcejal 'popular' Álvaro Gijón, quien se sitúa en el epicentro de las prácticas presuntamente ilícitas llevadas a cabo por los antiguos investigadores para lograr delaciones y apuntalar sus tesis. Según la Fiscalía, juristas y policías supuestamente “intimidaron” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma.

En el marco de este fleco, en octubre de 2016 fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano de Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

Durante su turno de palabra, el abogado de Gijón, Oriol Rusca, ha subrayado que el chat localizado es sólo “un elemento de corroboración”: “Lo que aquí se juzga no está en el metaverso de un chat, sino en este universo, en la realidad, en la mala fe con la que actuaron, deteniendo a los padres y al hermano del señor Gijón, que tuvo que dormir en prisión. A toda una mesa de contratación”. Y ha insistido: “La realidad va mucho más allá de este chat, la prueba está en personas de carne y hueso. Fueron a buscar a Gijón”.

El tribunal decidirá sobre las cuestiones de nulidad

El penalista ha acusado asimismo a los procesados de no dirigir sus acciones directamente contra Gijón dado que, en ese caso, la causa habría acabado en manos del Tribunal Superior de Justicia balear al ser entonces el exconcejal aforado. “Con todo lo malo que era Álvaro ni lo citaron a declarar, fue él el que decía que quería defenderse de las acusaciones que pesaban sobre él. Y además se enteraba de todo por la prensa”. “Lo más triste, decir que esto no es un delito contra la integridad moral, que venga Dios y lo vea”, ha espetado. En concreto, la representación procesal de Gijón solicita para su patrocinado un millón de euros, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. 

En la misma línea, el letrado de Cursach, Enrique Molina, ha rebatido las cuestiones de nulidad planteadas por las defensas, aseverando que cuando denunció las supuestas revelaciones de secretos ya apuntaba a Bandera y al inspector de Blanqueo, José Luis García. Tras la intervención del resto de acusaciones, el tribunal debe ahora decidir sobre las peticiones de nulidad formuladas por las defensas. De ser admitidas, el juicio no se celebraría. De rechazarse y aceptar lo manifestado por las acusaciones, la vista oral proseguirá el próximo 22 de junio con las declaraciones de los acusados: Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán.