Sin indemnización para el líder del grupo Enigma por el derribo de su mansión, “parecida al palacio de Sadam Hussein”
Hubo un tiempo en que los desmanes urbanísticos y los atentados contra el medio ambiente eran la tónica general en la isla de Eivissa, ante la pasividad de las administraciones públicas para actuar contra ellos. En realidad, la construcción de casas o villas de lujo erigidas irregularmente es algo que no ha desaparecido. Sin embargo, la especulación urbanística desarrollada en la isla durante décadas trajo consigo también la oposición frontal de toda clase de movimientos ecologistas que abogan por la protección del territorio. La opinión pública probablemente sea mucho más sensible ahora que antes ante las obras que destruyen paisajes de gran valor medioambiental, más aún si ello se realiza de forma ilegal.
Uno de los casos más polémicos fue protagonizado por Michael Cretu, el famoso músico rumano, autor de composiciones de prestigio con el sello Enigma. Cretu quiso construir una mansión de lujo en la cima de la montaña de es Corrals d’en Guillem, en Santa Agnès (Sant Antoni de Portmany), pese a que la legislación lo prohibía, ya que se encontraba en una zona declarada como Área Natural de Especial Interés (ANEI). La cima del monte fue declarada totalmente inedificable por la Ley de Espacios Naturales (LEN), aprobada con Gabriel Cañellas (Alianza Popular, PP) como presidente del Govern. Sin embargo, el 29 de abril de 1997, el Ajuntament de Sant Antoni autorizó la construcción de la casa de lujo, con una superficie máxima de 700 metros cuadrados. El alcalde del municipio era el popular Antoni Marí Tur (Eivissa, 1946), cargo que ocupó entre las legislaturas de 1987 y 2003.
El denominado ‘caso Cretu’ levantó muchísimas ampollas. Los ecologistas del GEN-GOB y los partidos de izquierdas, en la oposición, no tardaron en protestar, ya que consideraban que la licencia que se había otorgado para la construcción de la mansión era ilegal, por situarse en un terreno donde no estaba permitido construir. La villa incluía, además, un estudio de grabación musical, según documenta el periodista y escritor Joan Lluís Ferrer en Ibiza: la destrucción del paraíso (Balàfia Postals, 2015). Los ecologistas, además, emprendieron una batalla en los juzgados ya que, pese a la ilegalidad, las excavadoras empezaron a arrasar la cima de la montaña en la que se proyectaba la mansión. “Quienes vieron por dentro la enorme casa la comparaban con los palacios de Sadam Hussein y describían riquezas de todo tipo”, detalla Ferrer. “En realidad, era una urbanización rodeada de murallas”, precisa.
Quienes vieron por dentro la enorme casa la comparaban con los palacios de Sadam Hussein y describían riquezas de todo tipo. En realidad, era una urbanización rodeada de murallas
Pese a que la autorización municipal para construir la mansión en un espacio protegido que no permitía la construcción, se situaba en 700 metros cuadrados, Cretu fue más allá, ya que la casa de lujo superó los 3.000 metros cuadrados. A pesar de ello, el Ajuntament de Sant Antoni otorgó el certificado final de obra en junio de 2000, pese a que la edificación no se ajustaba “escrupulosamente” a lo autorizado, señala Ferrer. Sin embargo, en dicha certificación se indicaba que la edificación se ajustaba a las licencias concedidas. La Justicia se pronunció por primera vez en noviembre de 2001, cuando un juzgado de Palma declaró la “nulidad radical” de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento, dando la razón al recurso presentado por el GEN-GOB. La demolición sobrevolaba la mansión de Cretu, algo que fue ordenado por la magistrada Carmen Frígola Castillón.
Intento de ‘amnistía’ urbanística del PP de Jaume Matas
Después de cuatro años del primer gobierno progresista en la Comunitat Autònoma (1999-2003), el popular Jaume Matas volvió a presidir el Govern, en su época más convulsa, salpicada por numerosos casos de corrupción que empezaron a azotar al archipiélago balear. El Govern, mediante la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2004, incluyó un artículo que legalizaba automáticamente las casas que tenían las mismas características que la de Michael Cretu, por lo que fue conocida como ‘Amnistía Cretu’. A diferencia de otras ocasiones, la legalización se intentaba conseguir a través de una ley de presupuestos, y no de una modificación de las leyes urbanísticas o de la propia LEN. Los tribunales, sin embargo, consideraron posteriormente que este artículo era ilegal, con lo cual quedó sin efecto.
El Govern de Matas, mediante la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2004, incluyó un artículo que legalizaba automáticamente las casas que tenían las mismas características que la de Michael Cretu, por lo que fue conocida como ‘Amnistía Cretu’
“En todo momento, el PP había negado que se tratara de un ‘traje a medida’ para la casa Cretu, pero lo cierto es que varios años después, justo antes de ser anulada por los tribunales, solo una casa de Balears se había acogido a tal artículo: la de Cretu”, describe Ferrer en su libro. Años después, en 2006, el Tribunal Supremo confirmó la orden de derribo de la mansión, aunque no fue hasta el 7 de mayo de 2009 cuando las máquinas excavadoras empezaron a echar abajo los primeros muros del complejo de más de 3.000 metros cuadrados de superficie.
En todo momento, el PP había negado que se tratara de un ‘traje a medida’ para la casa Cretu, pero lo cierto es que varios años después, justo antes de ser anulada por los tribunales, solo una casa de Balears se había acogido a tal artículo: la de Cretu
Cretu condenado por un delito contra el territorio
La Audiencia Provincial de Palma condenó el 9 de diciembre de 2013 a seis meses de prisión a Michael Cretu por un delito contra la ordenación del territorio. La pena fue conmutada por una multa de 10.800 euros. El fallo condenó al famoso músico a abonar al Ajuntament de Sant Antoni las costas procesales en concepto de responsabilidad civil.
Por otra parte, el exalcalde popular Antoni Marí Tur, así como la exconcejala de Urbanismo, Blanca Castiella, quedaron absueltos del delito de prevaricación urbanística. También fueron absueltos el aparejador municipal, Miguel Ángel Martí Miralles, que estuvo imputado por un delito de falsedad, y el arquitecto, José Torres, que fue acusado de un delito contra la ordenación del territorio. El Ministerio Fiscal había solicitado siete años de inhabilitación y el pago de 33.600 euros para el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo por un presunto delito de prevaricación, mientras que reclamaba ocho meses de prisión y una multa de 31.500 euros para Cretu por un delito contra la ordenación del territorio.
Denegada la indemnización que reclamaba Cretu
El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha rechazado recientemente que el Ajuntament de Sant Antoni tenga que indemnizar con 14 millones de euros a Cretu por la demolición de su vivienda de lujo, según avanzó Diario de Ibiza. La misma información apunta a que la sentencia del Alto Tribunal balear confirma la anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma, que concluía que el promotor incurrió en “dolo” y “negligencia grave” en la tramitación de la licencia que le concedió el Consistorio en 1997, así como en las posteriores obras ilegales de ampliación ejecutadas.
Contra dicha sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, destaca el diario local. elDiario.es se ha puesto en contacto con el despacho de abogados de Michael Cretu para recabar la versión del músico sobre este caso, así como esclarecer si va a recurrir dicha sentencia, sin que haya sido posible recabarla en el momento en que se publica este reportaje.
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