Juan Diego Botto, Carlos Bardem y José Castro, entre los 200 firmantes contra la derogación de la ley balear de memoria

Más de 200 personalidades de distintos ámbitos se han sumado a la exigencia de la Plataforma para la Memoria Democrática de que PP y Vox no deroguen la Ley de Memoria en Balears. Según el listado ofrecido este viernes por la plataforma, entre las personas adheridas destacan actores como Juan Diego Botto y Carlos Bardem; juristas como José Castro y Ana Messuti; artistas como Maria del Mar Bonet y Pau Debon; activistas como Margalida Ramis y Antoni Llabrés, y políticos como Francina Armengol, Irene Montero, Vicenç Vidal e Íñigo Errejón.

“Ante la intención del PP de Marga Prohens y la ultraderecha de derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos, la plataforma planta cara a su proyecto de retroceso en derechos humanos”, ha señalado la entidad en un comunicado. Así, dos días antes de la concentración convocada en Parc ses Estacions de Palma a las 19.00 horas, han hecho pública la lista de personas que rechazan la derogación de la ley, sobre la que han valorado que “otorga derechos a quien no los ha tenido nunca en estas Islas”, como son “las víctimas del franquismo”. “Se han querido añadir al clamor popular contra la amenaza de retorno a las épocas del silencio muchas personas reconocidas en ámbitos tan diversos como el periodístico, el jurídico, el artístico, el sindical, el político, el académico o el activista”, han concluido.

Además de los ya mencionados, se adhieren a la lista el exalcalde de Palma Antoni Noguera; la directora de elDiario.es en Balears, Angy Galvín; el fundador de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva; la cantante Miquela Lladó; el investigador y colaborador de elDiario.es Carlos Hernández de Miguel; el exsenador y exvicepresidente del Govern Pere Sampol; el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias; el exjefe del Estado Mayor del Ejército Julio Rodríguez; la exconsellera de Asuntos Sociales Fina Santiago; la presidenta de las Kellys, Sara del Mar García; el juez y exvicepresiente Juan Pedro Yllanes; la presidenta de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver; el expresidente del Govern Francesc Antich; el expresidente del Parlament Vicenç Thomas, entre otras muchas personalidades.

La ley de memoria histórica balear

Cabe destacar que la Ley de memoria democrática balear ha permitido a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Bajo el amparo de esta normativa también se ha declarado la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.

Asimismo, en una iniciativa pionera a nivel estatal, se han podido recuperar más de 800 objetos (elementos conservados de la vestimenta: botones, hebillas, cremalleras, restos de calzado, también objetos de aseo) pertenecientes a las víctimas, principalmente procedentes de las fosas de cementerio de Son Coletes, en Manacor, y del cementerio de Porreres, y restaurarlos para devolverlos a sus familias. Algunos de los familiares optaron por ceder los objetos a las Secciones Museísticas de la Memoria Democrática creadas al amparo de esta normativa.

En esta línea, la Ley ha dado cobijo a la puesta en marcha una Oficina de Atención Directa para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familiares. También es una iniciativa pionera en España. Del mismo modo, se ha creado una nueva figura de protección en Balears: los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos. También ha permitido declarar el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, así como confeccionar un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas que han tenido que ser retirados por las instituciones públicas.

PP y Vox, contra la memoria histórica

La eliminación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, más conocida como Ley de memoria democrática, aprobada en 2018 durante el primer mandato de la socialista Francina Armengol, forma parte del acuerdo de gobernabilidad firmado por PP y Vox que permite a Marga Prohens (PP) gobernar en las Islas tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Fue Vox quien presentó en el Parlament la proposición dirigida a derogar esta norma.

Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo se ha convertido en uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan desde hace año. Su objetivo pasa por sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, anunció que llevará al Tribunal Constitucional la ofensiva de Vox contra la memoria histórica.

En Balears, entre los alegatos que el partido expone en el documento presentado en la Cámara, recrimina que la Ley “atenta contra la igualdad de todos los españoles”, dado que, a su juicio, “vulnera el artículo 14 [de la Constitución] que sirve de llave para los derechos fundamentales”. “Esta ley procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”.

En opinión de Vox, esta circunstancia “promueve el rencor y evita el reconocimiento a todos aquellos que, en algún momento de la historia y por diversas causas, derramaron su sangre por España sin importar el bando en el que estuvieran”. En su texto, el partido vuelve a malinterpretar la memoria histórica como un intento de “dividir a los españoles”, en lugar de valorarla como una herramienta dirigida a reparar las heridas provocadas por el golpe fascista de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. 

Los de Abascal sostienen que la normativa supone una “clara vulneración” del derecho a la libertad ideológica y de pensamiento reconocida en el artículo 16 de la Carta Magna, ya que “no permite más que un relato oficial, persiguiendo el derecho a disentir”. “Las convicciones de los individuos no pueden fijarse normativamente ni impedirse su manifestación pública”, añaden al hilo de lo anterior, incidiendo en que “las leyes que se hacen para reescribir la historia al gusto de una parte nunca han sido un estímulo para la paz, la democracia ni los derechos fundamentales”. “Corolario de lo anterior, se menoscaba el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad, que es fundamento del orden político y social”, abundan.

En la exposición de motivos de la Proposición de Ley, la formación de extrema derecha sostiene, además, que esta normativa “no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos”.