El juez y el fiscal que investigaron al magnate Cursach afirman ser víctimas de un “odio en estado puro”

“El inicio de estas investigaciones fue una carrera de vulneración de derechos fundamentales”. Así se ha expresado este jueves la defensa del juez y el fiscal que durante años investigaron las supuestas actividades corruptas del magnate Bartolomé Cursach y a quienes, en la actualidad, la Fiscalía Anticorrupción les acusa de desplegar supuestas prácticas ilegales para incriminar al considerado 'rey de la noche mallorquina' y a varias decenas de investigados más por hechos de los que finalmente fueron absueltos. El juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías con los que colaboraron al frente del caso Cursach afronta su recta final con los procesados clamando por la nulidad “absoluta” de las pesquisas contra ellos por estar sustentadas en actuaciones “nulas de pleno derecho”.

Sin embargo, para el abogado de los dos juristas, Javier Barinaga, la absolución de sus patrocinados con base a unas pruebas consideradas ilegítimas no sería suficiente: “No nos vale. Ni siquiera hemos negociado porque sabemos que somos inocentes. No podemos salir de aquí con una sentencia que diga 'la prueba es nula, pasamos de todo'. No, porque entonces habremos perdido. No podemos ser absueltos por cuestiones de forma”, ha manifestado. Tanto juristas como policías aseguran que no cometieron ilicitud alguna dirigida a apuntalar sus tesis y defienden tajantes la instrucción que llevaron a cabo.

La acusación pública reclama 118 años de cárcel así como de 121 años y nueve meses, respectivamente, para Penalva y Subirán, quienes se enfrentan a las mayores solicitudes de condena formuladas contra un juez y un fiscal en España. Les acusa, en concreto, de incurrir en supuestos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial. La Fiscalía enmarca tales prácticas en una de las líneas de investigación en las que se desgajó la macrocausa, la relativa al supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y el presunto cobro de comisiones por parte del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón y el exdirigente histórico popular José María Rodríguez, unas pesquisas que fueron finalmente archivadas.

“Me duele que el fiscal Herranz no comparezca hoy aquí”

Después de que, a lo largo de estos días, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares -ejercidas por aquellos que se consideran perjudicados por la actuación de Penalva, Subirán y los cuatro policías, entre ellos el propio Cursach- hayan expuesto los hechos en los que sustentan sus peticiones de condena, Barinaga ha iniciado su intervención lamentando la ausencia en esta jornada del fiscal Tomás Herranz, quien ha capitaneado durante los últimos años las investigaciones contra los seis procesados: “Me duele que el fiscal Herranz no comparezca hoy aquí. Seguro que tiene alguna buena razón. Yo he escuchado estos últimos días todas las intervenciones atentamente”.

A continuación, ha pasado a relatar las presuntas irregularidades que, sostiene, dieron pie a las investigaciones contra exjuez y exfiscal y que considera una “cuestión absolutamente capital” por cuanto, asevera, debería conducir a la nulidad de toda la causa. Se ha referido, en concreto, a la intervención -declarada nula por el Tribunal Constitucional- de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas al caso Cursach. Una incautación que se produjo después de que los abogados de Cursach y su número dos, Bartolomé Sbert, denunciaran, en julio de 2018, la revelación de actuaciones del caso Cursach que se hallaban bajo secreto sumarial, entre ellas la difusión de un informe de la Policía Nacional que todavía no había sido notificado a las partes y que acusaba al Grupo Cursach de defraudar más de 60 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social. 

Investigaciones sustentadas en “invasivas e ilegales”

Volcado en averiguar de dónde procedían las informaciones publicadas en prensa, el juez Miquel Florit, quien había tomado las riendas del caso Cursach después de que, en marzo de ese año, Penalva fuese apartado de la causa por falta de apariencia de imparcialidad, encomendó a la Policía Nacional la investigación sobre estas supuestas prácticas ilícitas y, fruto de tales indagaciones, afloraron indicios de que se habían filtrado documentos, declaraciones de testigos e informes en al menos una veintena de ocasiones, un despliegue acusatorio que llevó al magistrado a ordenar la intervención de los dispositivos móviles de los periodistas que habían publicado tales informaciones.

La defensa de Penalva y Subirán, así como la de los cuatro policías que se sientan en el banquillo junto a ellos, alega que esta medida ilegal condujo indefectiblemente a la detención de Iván Bandera -uno de los agentes acusados- y, con ello, al hallazgo en su teléfono del chat 'Sancus', convertido en pieza angular de la causa contra los antiguos investigadores del caso Cursach dado que revelaría -según la Fiscalía y el resto de acusaciones- la actuación presuntamente coordinada que los seis inculpados habrían llevado a cabo para efectuar sus supuestas prácticas ilícitas.

El letrado ha recriminado además que, tras el arresto del agente, transcurrieron “21 minutos” en los que no dispuso de asistencia letrada y durante los cuales le fue confiscado el teléfono. “La entrega del móvil no puede considerarse voluntaria”, ha remarcado, rebatiendo en este sentido los argumentos del Ministerio Público. “Ese apoderamiento del móvil se efectúa con una vulneración de derechos fundamentales estratosférica e imparable”, ha incidido, recordando que el abogado de oficio que asistió a Bandera declaró en el juicio que no se encontraba presente cuando el policía entregó las claves de acceso al terminal. “Fueron 21 minutos de absoluta soledad y bajo un régimen de subordinación”, ha abundado al señalar que el agente había sido arrestado por uno de sus superiores jerárquicos y, por tanto, se encontraba condicionado. “Es como aceptar que una mujer violada está 21 minutos con su violador y no se resiste. Esto no lo compraría nadie hoy en día”, ha llegado a subrayar.

Y ha aseverado: “Ni hay hallazgos ni son casuales. Nos quieren vender la moto de que se encontraron todo eso casualmente en el chat. Fue una actuación preconcebida para quitarle el móvil y evitar la presencia del abogado”, ha recalcado Barinaga, recriminando que “necesitan mentir y engañar para conseguir la imputación [de Penalva y Subirán]. Era esencial conseguir la imputación. Había que hundir esa causa [el caso Cursach] y para eso hay que mentir y violar lo que haga falta”.

“El pensamiento no delinque”

Sobre el contenido del propio chat -que contiene manifestaciones como “duro y en la cabeza, que les duela”, “ya hay cuatro en la jaula camino del matadero” o “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”- el abogado ha cuestionado su fiabilidad como prueba: “Es un medio que se puede alterar. Si se quita una frase se descontextualiza una conversación, y eso es muy peligroso. También se puede alterar la autoría, y es lo que se ha hecho. También la forma verbal, y eso es brutal. No es lo mismo decir 'a esta la violé' que 'a esta la volaría'. De no haberlo hecho así, la historia y la mentira se les habría caído”. 

En esta línea, tomando en consideración las expresiones vertidas en el grupo de WhatsApp, Barinaga ha incidido en que “la simple ocurrencia, el pensamiento, no delinque”, recordando que este fue, de hecho, el argumento que utilizó la Fiscalía cuando solicitó el sobreseimiento de la causa contra varios militares retirados que tenían abierto un chat de WhatsApp en el que se planeó la posibilidad de dar un “golpe de Estado” contra el Gobierno de Pedro Sánchez y “fusilar a 26 millones de hijos de puta”. “El pensamiento, la verbalización sin más de la ocurrencia, por soez que pueda ser, no delinque. Esto no es la Alemania nazi”, ha aseverado, incidiendo así en que los comentarios efectuados en el chat carecen, por sí mismos, de la posibilidad de ser considerados delictivos con arreglo al principio cogitationis poenam nemo patitur (el pensamiento no delinque).

Entrando de lleno en las acusaciones que pesan sobre Penalva y Subirán, Barinaga ha manifestado que existían indicios y sospechas fundadas para proceder a las detenciones llevadas a cabo, a pesar de que los hechos investigados -el cobro de comisiones y la alteración del concurso de la ORA, cuyo adjudicatario, ha manifestado el letrado, era un “hacedor de regalos para todos”- nunca llegaron a ser probados y la causa acabó sobreseída. “La instrucción del caso ORA fue cerrada en falso. Indicios, todos, pero no se ha querido investigar”, ha subrayado el abogado, quien ha recriminado que se haya producido un “desprecio a la búsqueda de la verdad”. 

“Aquí lo que hay es odio en estado puro”

En este sentido, el letrado ha defendido la instrucción que llevaron a cabo y, sobre el testigo que denunció las supuestas comisiones, un exmilitante del PP, ha apuntado que “algo de credibilidad” había que darle. Al respecto, ha manifestado que Penalva “hizo lo que debía hacer un buen juez, pasárselo a la Policía para que lo investigara”, al igual que el subinspector Miguel Ángel Blanco -otro de policías acusados- “hizo lo que debe hacer un buen policía: fue a buscar el expediente y elaboró un informe”. “Si los autos de prisión eran escuetos decían que no estaban motivados y si eran largos decían que estaban predeterminados. El juez es un trabajador descomunal”, ha insistido sobre el papel de Penalva.

El abogado ha rebatido, asimismo, las acusaciones acerca de las presuntas coacciones ejercidas en el marco del caso ORA sobre testigos a quienes se les habría advertido de que acabarían imputados si no incriminaban a Gijón. Barinaga sostiene, al respecto, que no hay prueba de cargo suficiente para demostrarlas. Al respecto, la Fiscalía sostiene, sin embargo, que los antiguos investigadores idearon que los imputados de la causa “se vendieran unos a otros” con el objetivo de obtener incriminaciones sin tan siquiera disponer de pruebas sólidas para ello, mientras las acusaciones particulares manifestaban este miércoles que el caso ORA “era como la caza de brujas de la Santa Inquisición”. “Podías entrar como testigo y salir como putero corrupto”, afirmó uno de los letrados.

Grabación con sonido a “la Sicilia profunda”

El representante legal de Penalva y Subirán ha finalizado su intervención recriminando la actuación de las acusaciones durante todo el procedimiento judicial: “Aquí lo que hay es odio. Toda su actuación está fundamentada en el odio en estado puro, que es el peor de los delitos”. “El fiscal se preguntaba el otro día qué había pasado aquí y nos dio un speech sobre cuestiones psicológicas”, ha señalado Barinaga, para a continuación responderle que “aquí lo que ha pasado es el vaciamiento absoluto de esta causa (en alusión al caso ORA) para servir de palanca, socorro y ayuda del caso Cursach”.

“Se nos ha querido vender que las acusaciones no dijeron nada [durante el juicio contra el magnate]. Pero es que las acusaciones fueron restringidas al inicio del juicio”, ha abundado, recordando el momento en el que la Fiscalía retiró los cargos más graves que gravitaban hasta entonces contra Cursach y varios de sus colaboradores. “Palma tiene que saber lo que ha pasado en esa causa”, ha remarcado, refiriéndose, asimismo, a supuestas grabaciones que finalmente quedaron fuera del juicio contra el empresario mallorquín, una de las cuales, ha incidido, “suena a Sicilia profunda y se negó al pueblo de Palma poder escucharla”.  

Y, dirigiéndose al tribunal, ha concluido: “Las sentencias tienen que ser justas, no ejemplarizantes, y hay que olvidarse del ruido mediático que inocula en veneno silencioso. Tienen que entender que también se hace justicia absolviendo”.