En plena crisis institucional por los patrocinios del deporte en Mallorca, una nueva polémica ha saltado a la palestra: la sanción impuesta por la NBA al propietario del RCD Mallorca y de los Phoenix Suns, Robert Sarver, quien ha sido suspendido de su cargo en el club de Estados Unidos y castigado con el pago de una multa de diez millones de dólares -la máxima posible- por conductas sexistas y racistas. Un caso que se suma, además, a la ristra de controversias protagonizadas en los últimos años por algunos de los antiguos máximos mandatarios del club bermellón en forma de pelotazos urbanísticos y colapsos económicos.
“El informe de la NBA no afectará al compromiso con el éxito a largo plazo del RCD Mallorca y no cambiará la forma en que se gestiona el club en el futuro”, han sido, sin embargo, las primeras palabras con las que el presidente del equipo, Andy Kohlberg, ha querido tranquilizar a los aficionados. Desde que comenzaran a salir a la luz las acusaciones contra Sarver por parte de más de sesenta empleados de los Suns, los rojillos se han desmarcado en todo momento de los comportamientos del empresario más allá del Atlántico.
Tras la investigación independiente llevada a cabo por la NBA en torno a Sarver, la Liga estadounidense emitió este martes un comunicado en el que daba a conocer la amonestación impuesta contra él por conductas “racistas, menosprecio a mujeres empleadas, comentarios inapropiados relativos al sexo o a la orientación sexual”, por “comentarios irrespetuosos” y por el “trato degradante y duro hacia los empleados” durante sus 18 años de mandato al frente de la organización Suns/Mercury.
La severa regañina de la NBA no ha tenido, sin embargo, su réplica en Mallorca, donde el presidente del principal club de fútbol de la isla, Andy Kohlberg, defiende que “lo más significativo es que el informe concluye que no se encontró que la conducta de Sarver estuviera motivada por una animadversión racial o basada en el género”. “Desde mi perspectiva, nunca he sido testigo de ningún comportamiento inapropiado basado en la raza o el género durante los veinte años que he sido socio comercial de Robert Sarver. De hecho, no seguiría formando parte de ninguna organización en la que personalmente presenciara o tuviera conocimiento de este tipo de comportamiento”, ha añadido Kohlberg.
“Es algo que ha ocurrido en Estados Unidos”, ha subrayado, por su parte, el CEO de Negocios del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, mientras la noticia de la sanción copa las portadas de numerosos medios de comunicación dentro y fuera de Europa, que califican de “ejemplar” el castigo impuesto a Sarver.
Mientras tanto, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha descartado que el informe de la NBA “pueda influir” en el plan de la institución insular para el patrocinio del club deportivo, al que propone apoyar, junto a otros clubes y entidades de la isla, con dos millones de euros públicos a través de diversas iniciativas, lo que ha desatado la polémica en el seno del Consell por falta de consenso entre los socios de gobierno.
“Desde el Consell condenamos todas las actuaciones sexistas y xenófobas, forma parte de nuestro carácter, pero no me corresponde valorar esta sanción”, ha aseverado Cladera, quien ha apelado a “separar” lo sucedido con Sarver de “lo que hace el Mallorca, los valores de mallorquinidad que representa y todo lo que el patrocinio aportará a la sociedad mallorquina y al deporte en general”.
Los hechos vienen precedidos, además, por la crisis generada tras el anuncio del Consell, a principios de agosto, de abonar 1,8 millones de euros al club mallorquín para renovar el nombre de su estadio, 'Visit Mallorca Estadi'. Podemos y Més per Mallorca, socios del PSIB-PSOE en la institución insular, votaron en contra de que la administración financie la renovación del nombre del campo al considerar que va en contra del modelo de turismo de decrecimiento y sostenible que defienden ambos partidos.
La trayectoria del RCD Mallorca no está exenta de polémicos episodios por parte de sus máximos accionistas. En 2013, el empresario y expresidente del club Vicenç Grande, quien cosechó una de las mayores fortunas de Balears gracias a los negocios inmobiliarios, fue condenado a dos años de cárcel por defraudar a Hacienda más de 500.000 euros. Con su inmobiliaria Drac ascendió de forma fulgurante al abrigo del boom del ladrillo y, años después, se declaró insolvente en el mayor concurso de acreedores de las islas.
Grande también estuvo bajo el foco de la Justicia en el llamado caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), en el que se investigaban presuntos pelotazos urbanísticos que podrían haber supuesto plusvalías de hasta 300 millones de euros mediante la inclusión en el PTM -aprobado la legislatura anterior con los votos de PP y Unió Mallorquina- de tres zonas como Áreas de Reconversión Territorial (ART), de forma que éstas acabaron revalorizándose al transformarse en urbanizables. Grande fue citado a declarar por la adquisición de una finca por 14 millones de euros que dos años después vendió por 27 millones más. La causa fue finalmente archivada por falta de pruebas.
El exconsejero delegado del RCD Mallorca Javier Martí Asensio fue condenado, por su parte, a dos años de prisión y a indemnizar al RCD Mallorca con 603.769 euros, fondos pertenecientes a la entidad rojilla de los que, según confesó, se apropió en 2009 para pagar las acciones que compró al expresidente mallorquinista Mateu Alemany. Los gastos que efectuó los encubrió como supuestos servicios de asesoría y mediación.
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