Multas sin notificar, firmas falsificadas y recargos de hasta 10.000 euros: el caos de las sanciones de tráfico en Palma
Superar el límite de velocidad en Palma puede suponer multas que van desde los 100 hasta los 600 euros. Pero centenares de vecinos viven, ahora, un gran quebradero de cabeza al descubrir que las sanciones que han acumulado llegan, en algunos casos, hasta los 10.000 euros. ¿Por qué? Nunca han llegado a tener aviso de notificación y, por lo tanto, la multa ha triplicado su importe a medida que pasa el tiempo, además de sumarse la sanción por imposibilidad de identificar al conductor. Así pues, estos ciudadanos han visto cómo diferentes multas nunca llegaban a sus casas, no podían pagar el precio reducido y, ahora, deben abonar cantidades importantes de dinero.
Es el caso de Maribel, que cuenta en un grupo de afectados que tiene varias multas en el radar situado en la calle Pompeu Fabra –que limita la velocidad a 40 km/h–. Ella ha tenido que alegar sanciones que llegan a una cantidad cercana a los 4.000 euros, más 730€ de otras dos que la Agencia Tributaria (ATIB) le ha embargado directamente. Maribel nunca recibió ni aviso ni notificación. Tampoco del posterior embargo: “Recibí un correo del banco donde me comunicaba que tenía tal cantidad congelada en mi cuenta. Pasados los 20 días, me embargaron”. Por su parte, Jaume Escales, otro de los afectados, asegura a este medio que “podría haberlo solucionado con 150€, pero ahora son 6.000€ en total”.
Las quejas no son, hoy por hoy, casos aislados. Entre los dos grupos creados en una aplicación de mensajería –uno se dedica a preparar una demanda conjunta y otro a organizarse colectivamente– hay ya casi 500 miembros. Hasta trescientas personas también han firmado la petición a través de Change.org para que se paren las multas sin notificación. Ellos no piden dejar de pagar, sino no tener que hacerse cargo del coste de unos recargos por sanciones que ni sabían que tenían. Es lo mismo que pide la oposición al Ajuntament de Palma. “Nos sentimos indefensos. El Ajuntament podría haber detectado que había tanta gente con el mismo problema”, asegura Escales.
Podría haberlo solucionado con 150 euros, pero ahora son 6.000 en total [de multa]. Nos sentimos indefensos. El Ajuntament podría haber detectado que había tanta gente con el mismo problema
La empresa de mensajería, señalada
La empresa de mensajería CI Postal, que no ha querido contestar a las preguntas de elDiario.es, es la responsable del envío de los avisos de notificación a los infractores. Ganó un concurso público por el cual recibe cerca de un millón de euros anuales para hacerse cargo de los repartos. El pasado mes de febrero, en el marco de la operación Strogoff, fueron detenidos la responsable de la empresa en Balears y algunos empleados por falsificación en la entrega de multas durante el 2020 y el 2021. Según la investigación, habría 18 personas perjudicadas, pero extrabajadores de la empresa aseguran que podrían ser muchos más.
ElDiario.es ha hablado con un extrabajador de CI Postal, que prefiere mantenerse en el anonimato: “Había días que yo no dejaba las notificaciones por falta de tiempo, porque me amenazaban con el despido si no cumplía con todo el reparto. La carga de trabajo era inmensa”. Estos repartos podían ser de cien notificaciones diarias que tenían que rellenar los mismos trabajadores a mano, además de las cartas ordinarias por entregar. Todo, acompañado de una “mala gestión”, según el antiguo empleado. Este extrabajador es consciente que no actuaba bien, pero asegura que era “o eso o quedarte sin trabajo”.
Había días que yo no dejaba las notificaciones por falta de tiempo, porque me amenazaban con el despido si no cumplía con todo el reparto. La carga de trabajo era inmensa
De hecho, explica que otros compañeros o bien dejaban la notificación por debajo de la puerta principal del edificio, con el consiguiente riesgo de su pérdida, o los que, a escasos cien metros –para que la geolocalización no los perjudicara– decían que la persona se encontraba ausente. Así, se daban más prisa. Según la versión del extrabajador, CI Postal se llevaba 4 euros por cada aviso entregado. Escales afirma que “el Ajuntament dio por válidos los no–avisos, basándose en la geolocalización, ya que la empresa los daría por entregados y ya empiezan a correr los 10 días para recurrir”.
La misma empresa ya recibió un aluvión de quejas en Oviedo por parte de conductores que apuntan haber recibido notificaciones hasta diez meses después de cometer la infracción, así como otros a los que ni les había llegado.
Aparecen cientos de cartas en torrentes de la misma empresa
CI Postal es la misma mensajería responsable de los cientos de facturas de empresas privadas que han aparecido tiradas en torrentes de Palma y que tampoco han sido repartidas. Hasta ahora, no se habían encontrado notificaciones de multa abandonadas, pero durante este jueves aparecieron una decena de avisos de notificación administrativa del Ajuntament en una parcela. Cabe recordar que los mensajeros entregan los avisos de notificación, para que después los infractores lo fueran a buscar a sus oficinas. Pero si los avisos nunca llegaban, era imposible que los conductores tuvieran nunca la multa entre sus manos.
“De cartas tiene que haber por toda Mallorca”, añade el extrabajador. “Es verdad que había gente vaga y malas personas, pero otros lo hacían al acabar su jornada laboral. Si te daban 1.000 cartas para repartir y devolvías 400, te amenazaban con el despido. Lo teníamos que hacer todo a pie y no teníamos tiempo ni de ordenar las cartas. A veces nos encontrábamos con compañeros en la misma calle”, detalla. Y apunta: “Un día devolví 500 y me dijeron que las tenía que seguir repartiendo, cuando acabó mi jornada. Pues otros días, ya no las devuelves, las tiras. Sé de mucha gente que lo hacía”.
Un día devolví 500 cartas y me dijeron que las tenía que seguir repartiendo, cuando acabó mi jornada. Pues otros días, ya no las devuelves, las tiras. Sé de mucha gente que lo hacía
De hecho, afirma que una compañera que era administrativa fue obligada a romper cartas de una empresa eléctrica porque ya estaban caducadas y que incluso se alquiló un local en una calle de Palma para depositar aquellas que no se podían entregar por caducidad. También explica que compañeros padecían de ansiedad y depresión y que los había que duraban un mes, una semana o hasta solamente un día. ElDiario.es ha intentado recabar la versión de la empresa afectada, pero esta se ha negado.
El Ajuntament anima a los ciudadanos a reclamar
La versión del Ajuntament de Palma, hasta ahora, se mantiene en que en los torrentes no han aparecido notificaciones de las multas. Y que, según la geolocalización y las firmas, los avisos sí que están entregados. “Otra cosa es que nos puedan engañar”, admitió Alberto Jarabo, teniente de alcalde, durante la sesión plenaria de este jueves, donde se trató el asunto. “Me cuesta aceptar que haya una multa de 100 euros y que se acaben cobrando 700. Me extraña. Pero cualquier ciudadano que considere que se ha vulnerado su derecho y no ha podido aplicar la reducción correspondiente, nos lo puede transmitir. El expediente se va a revisar y, si procede, se anulará”, añadió.
Cualquier ciudadano que considere que se ha vulnerado su derecho y no ha podido aplicar la reducción correspondiente, nos lo puede transmitir. El expediente se va a revisar y, si procede, se anulará
Aun así, desde la plataforma de afectados se sienten solos porque consideran que es muy difícil que les acepten las reclamaciones si, justamente, hay avisos de notificación firmados o perdidos, y sabiendo las condiciones “precarias” con las que trabajaban los empleados de CI Postal y las obligaciones para poder cobrar bonus de entrega y no ser despedidos.
Otra polémica que se ha abierto es que Cort ha tenido que prorrogar seis meses más el contrato con CI Postal, mientras se acaba con el proceso de adjudicación a una nueva empresa. “Se había establecido una prórroga de hasta dos años”, explicó Jarabo, mientras que finalmente “se ha reducido lo máximo posible, a seis meses”. Del mismo modo, ha explicado que desde que se conoce el procedimiento penal se ha “estrechado” el seguimiento hacia esa empresa para que cumpla con las condiciones de trabajo y también se ha abierto un expediente sancionador por posibles retrasos en las notificaciones.
De todos modos, el extrabajador consultado asegura que cuando se anunciaron las mejoras laborales, éstas nunca se llegaron a producir. “Yo aún trabajaba en la empresa, y no se hizo nada. Eso fue mentira”.
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