Dos policías denuncian que el juez y el fiscal que investigaron a Cursach “sembraron el terror entre sus víctimas”

Los dos policías nacionales que durante los últimos años han investigado las presuntas irregularidades cometidas tras las cortinas del caso Cursach han denunciado que el exjuez de la causa, Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes conformaron una “unidad de actuación” con determinados testigos a los que habrían utilizado como “misiles teledirigidos” para apuntalar sus tesis incriminatorias y acusar en falso al empresario de la noche Bartolomé Cursach así como a otros investigados que acabaron en prisión fruto de estas inculpaciones. “Sembraron el terror entre sus víctimas”, han remarcado.

Así lo han puesto de manifiesto durante su comparecencia conjunta en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Balears contra Cursach, su número dos, Bartolomé Sbert, y otros 15 acusados, a quienes inicialmente se les acusaba de urdir un entramado mafioso para salvaguardar la autoridad del magnate en la noche mallorquina. Ante la ausencia de “prueba de cargo suficiente” -en palabras del fiscal- tras el interrogatorio de los testimonios que a lo largo de estos meses han declarado a propuesta de las acusaciones, Anticorrupción anunció el pasado viernes la retirada de todos sus cargos contra ellos. 

En línea de lo avanzado por el Ministerio Público, las acusaciones particulares también han decidido este lunes retirar la mayor parte de sus imputaciones. Uno de los supuestos perjudicados, el empresario Ángel Ávila, sí ha decidido mantener sus cargos contra Sbert, a quien acusa de perjudicar sus intereses. La defensa de éste denuncia, sin embargo, que los antiguos investigadores “instrumentalizaron” a Ávila “y sus fines espurios” para acusar en falso a la mano derecha de Cursach, con quien, recalca, el denunciante “está visceralmente enfrentado e incluso obsesionado desde que [Sbert] lo despidió hace décadas por graves hechos cometidos”.

El juicio se ha reanudado este lunes con la declaración de los dos policías nacionales, quienes elaboraron hasta un total de ocho informes en los que llegan a situar a Penalva y Subirán en el epicentro de “una organización criminal” asentada en el tiempo, dedicada “a la comisión reiterada de delitos” y que habría “sembrado el terror entre sus víctimas reales y potenciales”.

Los atestados sirvieron de base de la causa abierta contra exjuez, exfiscal y los cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con los que colaboraron codo con codo, quienes se encuentran a las puertas del banquillo por, presuntamente, coaccionar y amenazar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, inducir al falso testimonio, prevaricar a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultar las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y por filtrar información cuando la causa se encontraba bajo secreto.

Durante su comparecencia, los dos policías han manifestado que, cuando comenzaron a investigar la instrucción del caso Cursach se encontraron con una “cantidad brutal” de imputados, unos 150 (empresarios, policías, abogados...) sobre quienes no pesaba ningún antecedente previo, mientras que aquellos que los denunciaban eran “multiinfractores de la noche y de dudosa credibilidad”. Los dos peritos han apuntado al “clima de terror” que se extendió durante la tramitación de la causa porque “con cualquier denuncia te ibas a prisión con pocas comprobaciones”. “Estaba el fin predeterminado antes que la investigación. Hay gente que ha pasado un verdadero calvario”, han añadido.

Los comparecientes han recordado que Penalva y Subirán “se entrevistaban” con los testigos antes de sus declaraciones para indicarles “lo que tenían que decir, les enseñaban fotografías...”. “Se invirtió la presunción de inocencia. La declaración de una persona con dudosos intereses era utilizada para convertir a alguien en presunto culpable”, han agregado, abundando en que, “bajo nuestra óptica no había un contrafuerte, era una instrucción inquisitiva. Nada que beneficiara a las defensas se permitía”.

Falsas agresiones de sicarios de Cursach

En esta línea, los policías han aludido a las falsas agresiones denunciadas por los testigos de la causa, quienes aseguraban haber recibido palizas por parte de sicarios de Cursach. Al respecto, se han referido al falso ataque denunciado por María José Losantos, ex testigo protegida 31 que supuestamente fue introducida en el caso por Ávila, según los agentes, y quien afirmaba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por el magnate mallorquín. Llegó, incluso, a asegurar a una compañera de piso que su madre pertenecía a ETA y que su tío era el expresidente del Gobierno Carlos Arias Navarro. “Se le cayó un mueble encima en el domicilio de una amiga, se hizo una foto, convirtió los hechos en una agresión por parte de sicarios de Cursach y los investigadores la utilizaron para mantener en prisión a Cursach”, han relatado.

Durante su interrogatorio, también han denunciado el “abuso procesal” que se llevó a cabo durante la instrucción, como el hecho de que a los testigos de los que se valían Penalva y Subirán “se les ayudaba en otros procedimientos”, como sucedió, entre otros, con el testigo protegido 26. Se trata de un trilero que, a cambio de supuestos beneficios procesales tras su arresto en 2016 en el marco de una macrooperación policial impulsada contra esta actividad ilícita, habría sido utilizado por Penalva y Subirán para reforzar sus tesis sobre la supuesta trama mafiosa urdida por Cursach y numerosos policías locales para favorecer sus negocios. Apenas unas horas después de incriminar a varios policías locales en el caso Cursach, el trilero vio retirada la orden que pesaba sobre él de abandonar Mallorca.

“Iban levantando el secreto a conveniencia, abusaban de la prisión preventiva para conseguir delaciones y ablandar a los investigados y abusaban de la condición de protección de los testigos. Hicieron un uso torticero de la ley procesal”, han incidido, aseverando que las denuncias vertidas en la causa no se apoyaban sobre ningún hecho objetivo. Asimismo, han manifestado que los antiguos investigadores del caso Cursach pactaban con los testigos sus comparecencias en televisión.

“Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”

A preguntas del abogado de Cursach, los policías han recordado que comenzaron a investigar la causa después de que el juez Miquel Florit se hiciera con las riendas del caso en sustitución de Penalva -recusado en marzo de 2018 por falta de apariencia de imparcialidad- y comenzase a desentrañar las supuestas prácticas ilícitas denunciadas semanas antes en torno a la instrucción. Fruto de tales indagaciones afloraron indicios de que se habían filtrado documentos, declaraciones de testigos e informes en al menos una veintena de ocasiones, un despliegue acusatorio que llevó finalmente al magistrado a ordenar la detención del inspector jefe de Blanqueo de la Policía Nacional y de un agente del mismo grupo que habían colaborado con Penalva y Subirán.

En este sentido, los policías han relatado que uno de los agentes arrestados hizo entrega voluntaria de su teléfono móvil y autorizó que tanto este dispositivo como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. El estudio del contenido desveló la existencia del grupo de WhatsApp ‘Operación Sancus’, chat que mantenían abierto los antiguos investigadores del caso Cursach en paralelo a las pesquisas que llevaban a cabo y piedra angular de todas las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento contra todos ellos.

Salieron así a la luz manifestaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “si hay algo de Gijón [ex concejal del PP] igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.

Asimismo, como han subrayado los peritos, los whatsapps revelarían que el auto de prisión contra Cursach y su número dos habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos.

En otra de las conversaciones mantenidas por los antiguos investigadores, mientras Cursach y Sbert permanecían en los calabozos de las dependencias policiales y ante la pregunta de “qué ha cenado el capo”, en referencia al primero, uno de los miembros de Blanqueo responde: “Mortadela sin aceitunas”. El diálogo continúa con idéntico tono: “Bergas [en relación a otro de los directivos del grupo Cursach, también arrestado], una tortilla de medicinas. Y Sbert, pañuelos de papel para las lágrimas”. Sobre este último, el agente prosigue: “Llorando como una magdalena” y, simulando ser Sbert al recordar a su mujer, se mofa: “Mi Cloti, pobre, es mi vida, la Cloti”.

Detenciones ilegales y prolongación de los ingresos en prisión

Como han recordado -y como sostienen la Fiscalía Anticorrupción y una treintena de acusaciones particulares en la causa que investiga a Penalva, Subirán y los policías con los que trabajaron-, las conversaciones halladas -en las que se hacían llamar 'Los Intocables'- revelaron la actuación presuntamente coordinada que juez, fiscal y policías llevaron a cabo para, supuestamente, presionar a testigos, efectuar detenciones ilegales y alargar de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados con el objetivo de allanar sus pesquisas. El descubrimiento de tales prácticas llevaron al juez Florit a ampliar sus investigaciones, circunscritas hasta entonces a las filtraciones producidas en prensa mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial, a nuevos delitos, entre ellos los de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, alteración de pruebas, coacciones e inducción al falso testimonio.

Cabe recordar que, ante el cariz que tomaron las pesquisas, tanto Penalva como Subirán comenzaron a reclamar infructuosamente la nulidad de las investigaciones contra ellos al alegar la localización del chat de WhatsApp se había producido mediante vulneración procesal y que, para que se considerase válido el acceso al teléfono móvil del policía arrestado, era imprescindible que una resolución judicial así lo hubiera avalado. En respuesta, Anticorrupción señaló que no es necesaria la autorización judicial cuando es el propio investigado quien autoriza el acceso, de modo que consideraban que el hallazgo del chat debía admitirse como prueba válida.

Asimismo, el exjuez alega que la causa por la que se encuentra a las puertas del juicio está cimentada sobre “actuaciones ilegales” y “nulas radicalmente”, en una suerte de referencia a la conocida como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’, refiriéndose en concreto a la intervención policial de los móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas al caso Cursach. En este sentido, el Tribunal Constitucional dictaminó que Florit, magistrado que acordó la medida, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de los dos informadores al no permitirles recurrir el auto que autorizó requisar sus teléfonos, una confiscación que, según Penalva, llevó a impulsar una macroinvestigación contra los antiguos investigadores de Cursach fundamentada “en los datos e información obtenidos de aquellas medidas invasivas e ilegales”.

Sus argumentos, sin embargo, cayeron una vez más en saco roto. La Fiscalía y las demás acusaciones aseveran que no se utilizó ningún dato de los contenidos en los dispositivos móviles de los periodistas, como tampoco la incautación de los teléfonos derivó en la ampliación de las investigaciones contra Penalva y Subirán. Señalan que la hipotética línea de investigación que se hubiera seguido a raíz de la confiscación quedó irremisiblemente agotada en el momento en que el juez que había ordenado la intervención de los móviles acordó, dos semanas después, devolverlos a sus propietarios.