Un 'trilero' confiesa que mintió al acusar al magnate Cursach de sobornar a policías y acepta dos años y medio de cárcel

Uno de los antiguos testigos protegidos que desfilaron en el caso Cursach ha confesado este jueves en la Audiencia Provincial de Balears que mintió en sus declaraciones al acusar al magnate Bartolomé Cursach de traficar con droga en sus locales y de sobornar a policías con sexo, drogas y alcohol. Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el ahora acusado ha aceptado una condena de dos años y medio de cárcel, aunque no entrará en prisión a cambio de abonar una multa de 240 euros.

Se trata de un trilero -con 17 antecedentes penales por distintos delitos- que merodeaba por la zona de s'Arenal, en Mallorca, donde Cursach cuenta con varios establecimientos de ocio. Uno de ellos, la macrodiscoteca Megapark, la mayor cervecería al aire libre de Europa. El testigo entró en escena tras ser denunciado en 2016 por su participación en una macrooperación contra el trile, una investigación que acabó en manos del Juzgado de Instrucción número 12, el mismo que instruía el caso Cursach. El órgano judicial prohibió a los denunciados residir en Mallorca y aproximarse a la isla.

A cambio de supuestos beneficios procesales, el trilero reforzó las tesis manejadas entonces por el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán sobre una presunta trama mafiosa dirigida a garantizar la protección del considerado 'rey' de la noche mallorquina. Tras comparecer por primera vez en el caso Cursach, el detenido quedó en libertad en la causa relativa al trile y obtuvo como “moneda de cambio” la retirada de la orden de residir fuera de Mallorca.

Asegurando que declaraba “de forma voluntaria” en este procedimiento judicial, el testigo compareció hasta en cuatro ocasiones mientras la causa estaba declarada secreta. En ellas, aseguró que había trabajado para el empresario del ocio nocturno y señaló que determinados policías locales prestaban un trato de favor al preavisar de inspecciones a los locales del Grupo Cursach. A cambio, los agentes accedían a zonas reservadas de la discoteca Tito's, buque insignia del empresario mallorquín, donde consumían sexo y sustancias estupefacientes, datos que este jueves el acusado ha manifestado que no eran ciertos y de los que Cursach resultó finalmente absuelto.

El que fuese testigo protegido número 26 ha reconocido en la Audiencia Provincial que no conoce a Cursach y que jamás trabajó para él.

Asimismo, aseguró en sus declaraciones ante Penalva que el empresario traficaba con estupefacientes junto al que fuese su mano derecha, Bartolomé Sbert, e incluso sugirió que había podido matar “por sobredosis” a un subordinado. En esta línea, el ahora inculpado acusaba a Cursach de “infectar de drogas a trabajadores para que rindieran más en el trabajo”, unos hechos que un atestado de la Policía Nacional califica de “un tanto genéricos y vagos”.

En otra de sus comparecencias, afirmó que la droga llegaba de Bogotá a través de un piloto de “Aerolíneas Berlinesas” -el escrito de conformidad precisa que no existe esa aerolínea, y que Air Berlin nunca operó con Bogotá desde Palma, Madrid o Barcelona-. Su testimonio sirvió de base para que Sbert y Cursach fueran detenidos en marzo de 2017 por orden del exjuez Penalva. Sbert salió de prisión en octubre y Cursach, en abril de 2018.

Además, la actuación del trilero fue clave a la hora de corroborar las declaraciones que, hasta entonces, había efectuado el que se convirtió en el principal testigo del caso Cursach, Daniel Corral –extestigo 29, en busca y captura en la actualidad– acerca de las supuestas fiestas con policías celebradas en Tito's, y de cómo la droga presuntamente empleada en ellas era transportada desde un velero amarrado frente al establecimiento nocturno para después ser introducida en maletines dentro de la discoteca. Las acusaciones de Corral llevaron al arresto del director de Tito’s, Jaime Lladó, del exjefe de camareros de la discoteca, Arturo Segade, y de otro extrabajador del local.

Según un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), el trilero señaló en una de sus últimas comparecencias, y no antes, que los policías locales intercambiaban favores con Cursach, una circunstancia que, a juicio de los magistrados, “facilita la sospecha de que no conocía estos datos sino que le fueron sugeridos, o transmitidos, para posibilitar su declaración, reforzando así el bagaje incriminatorio”.

Los jueces recogían asimismo en su resolución algunos de los mensajes que exjuez, exfiscal y varios policías de Blanqueo se intercambiaron, durante los días en que tuvieron lugar las comparecencias del trilero: “El trilero que diga que a la mayoría los conoce del trile del Arenal” o “La mayoría los conoce sin necesidad de ver las fotos pero otras se las enseñamos nosotros” son algunas de las frases vertidas en el chat que los antiguos investigadores mantenían abierto mientras instruían el caso Cursach.

En virtud del acuerdo de conformidad, el hombre ha admitido su culpabilidad y ha asumido una pena de seis meses de prisión y multa de 90 euros por delito continuado de falso testimonio, y dos años de cárcel por dos delitos de detención ilegal como cooperador necesario. Se le han reconocido dos atenuantes: de confesión y de adicción a sustancias estupefacientes. Con todo, el acusado evitará la cárcel ya que se le ha concedido una suspensión de la pena por cinco años. Para poder acogerse a ella deberá abonar una multa de 240 euros.

Cabe recordar que, el pasado mes de noviembre, el TSJIB condenó a nueve años de prisión a Penalva y a Subirán al considerar probado que ambos desplegaron diversas prácticas ilegales para apuntalar sus pesquisas durante la instrucción del caso Cursach y allanar futuras condenas.

Tanto exjuez como exfiscal buscan ahora su absolución ante el alto tribunal apelando a su inocencia frente a los delitos por los que fueron sentenciados -obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones- y defendiendo, a través de un recurso de casación de 598 páginas, la labor que llevaron a cabo para sacar adelante sus investigaciones. La Fiscalía Anticorrupción llegó a reclamar mucho más contra ellos: hasta 118 años para Penalva y 121 y nueve meses para Subirán.

No en vano, la Fiscalía del Tribunal Supremo también ha impugnado la sentencia, en su caso para reclamar que se les condene a 16 años y medio más de cárcel por la detención ilegal de los familiares del exdiputado balear del PP Álvaro Gijón, quienes fueron arrestado en uno de los flecos del caso Cursach que finalmente resultó archivado.