El cambio llegó a principios del siglo XX. El investigador de historia militar Francisco Grimalt sitúa entonces el momento en que la defensa “pasó de ser una cuestión de una ciudad a un asunto de toda una isla”. Se refiere a Mallorca, pero de forma similar pasó en el resto de Balears. El Ejército y el Ministerio iniciaron la adquisición de terrenos fuera de las urbes. “A medida que mejoraba la capacidad artillera, los cuarteles se alejaban cada vez más de los centros habitados. También los polvorines salieron y quedaron repartidos por todo el territorio”, detalla. Luego llegaron las baterías de costa: sólo la bahía de Palma llegó a contar con una docena para su protección.
En Balears quedó configurada una inmensa red de instalaciones militares que cruzaba el mapa de punta a punta. Infraestructuras que ocupaban miles de hectáreas y que se ubicaban en espacios naturales privilegiados. Durante décadas su pertenencia a Defensa ha garantizado la protección de estas áreas. “La condición de terreno militar favoreció indirectamente la conservación del patrimonio natural y permitió que quedaran libres de la especulación urbanística y la presión económica”, explica Laureano López-Rodó Maresch, autor del estudio inédito ‘La gestión y ordenación ambiental y del paisaje de los espacios naturales militares e instalaciones militares de Mallorca’.
La condición de terreno militar favoreció indirectamente la conservación del patrimonio natural y permitió que quedaran libres de la especulación urbanística y la presión económica
El coordinador del área de conservación del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), Toni Muñoz, coincide. “Es evidente que ha funcionado como un blindaje. Todo lo que era propiedad de Defensa consiguió no pasar a manos del sector turístico e inmobiliario a partir de los años 70”, afirma. Según Grimalt, fue precisamente el boom del turismo en Balears el que recuperó el interés por estos espacios, muchos de los cuales estaban situados en primera línea y que habían comenzado a ser abandonados desde los años 50.
Sin embargo, la oportunidad llegó más tarde. La desaparición del servicio militar obligatorio en 2001 “vació” los cuarteles y, casi en paralelo, Defensa inició un proceso de racionalización de todas sus instalaciones en España. Reconocía que algunas ya no tenían interés defensivo ni militar, por lo que procedía a su desafección. El Ministerio realizó algunas cesiones, pero también ventas y subastas de terrenos a través del INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa), su inmobiliaria particular encargada de ponerlos en el mercado. Fue así como en 2006 el antiguo polvorín de Na Baiana (junto al palmesano barrio de Génova) pasó a manos del empresario alemán Matthias Kühn. Sólo un año después, también adquiría en subasta pública la antigua batería de costa de Ses Salines.
“El riesgo lo tenemos ahora, cuando Defensa ha adoptado la estrategia de deshacerse de este patrimonio que no usa y que también le supone un gasto, aunque sea el de mantener un servicio de seguridad mínimo”, apunta Muñoz. Según los cálculos de López-Rodó Maresch, más de 2.200 hectáreas de espacios naturales de las Islas son aún hoy propiedad del Ministerio. Áreas de “gran relevancia medioambiental” y con un “importante valor ecológico” que resisten como uno de los últimos reductos a salvo del ladrillo y la especulación. El “caso paradigmático”, añade Muñoz, es Cabrera, hoy Parque Nacional Marítimo-Terrestre: “De no haber pertenecido al Ministerio hoy tendríamos allí una urbanización y vete a saber qué más”.
Desde la agrupación ecologista GOB denuncian que la “oferta inmobiliaria” de estos grandes espacios podría tener “graves consecuencias urbanísticas, ambientales, paisajísticas y sociales”. La entidad subraya que, para evitar esta amenaza, resulta fundamental garantizar la titularidad pública. Por ello han instado al Govern a que negocie con el Gobierno central la paralización de cualquier posible venta de las instalaciones desafectadas por Defensa. Además, solicitan que se cedan al Ministerio para la Transición Ecológica aquellas propiedades con mayor valor medioambiental con el objetivo de establecer un convenio sobre su uso.
En marzo de 2022 la propuesta del GOB fue recogida por Més per Mallorca, Unidas Podemos y el grupo Mixto, quienes presentaron en el Parlament balear una proposición no de ley en la misma línea. La medida aún espera ser debatida. López-Rodó Maresch se muestra poco optimista al respecto: hasta ahora “los convenios que se han suscrito entre Defensa y el Govern balear tienen que ver con acuartelamientos, viviendas y edificios, pero no con espacios naturales”.
Desde el Ministerio informan de que en la actualidad no tienen ningún inmueble a la venta en Balears. Sin embargo, las baterías de costa de Cap Blanc y Cala Carril, ambas en Llucmajor (Mallorca), están ya “a disposición del Invied para los fines que le son propios”. Ambas se encuentran en el Área Natural de Especial Interés (ANEI) de Sa Marina de Llucmajor y sus acantilados son considerados Área Importante para las Aves. Son dos de los espacios que más preocupan al GOB junto al del antiguo complejo militar de Rafeubetx. “Es prácticamente el único trozo del litoral de Calvià que no está urbanizado y no lo está porque era militar”, sostiene Muñoz.
El posible uso turístico
En 2012 la nueva Ley de Turismo de Balears dio autorización oficial a uno de los mayores temores de los ecologistas: quedaba permitido “el uso turístico en edificaciones que tengan o hayan tenido uso militar”. La norma llegaba con precedentes: sólo dos años antes la antigua fortaleza de Cap Enderrocat (Llucmajor) había reabierto sus puertas como hotel de lujo. Una conversión similar a la ocurrida en 2017 cuando ni siquiera una okupación para reclamar viviendas dignas consiguió evitar la venta y transformación de la batería militar de Llucalari (Menorca) en un agroturismo de alto nivel. La que fuera la casa del comandante es hoy el edificio central de esta suerte de resort donde la estancia ronda los 900 euros por noche.
No obstante, la luz verde a la conversión turística de infraestructuras militares no es incondicional: a las restricciones que establecen las diferentes figuras de protección con las que puedan contar las áreas en las que se ubican se suman las propias de la normativa urbanística, así como las establecidas por Patrimonio.
Estas limitaciones han conseguido tumbar varios proyectos hoteleros, pero han dejado a algunas de estas instalaciones en el limbo, sin uso y con un deterioro cada vez más agravado. En 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Balears rechazó un recurso del propietario del fortín de Illetes (Calvià) y ratificó la protección del espacio –catalogado como Bien de Interés Cultural–, incluyendo no sólo los edificios, sino también “el paisaje natural envolvente”. En 2019 el Ayuntamiento de Calvià denegó la licencia para convertir el polvorín de Na Baiana en un hotel rural. La Asociación para la Revitalización de Centros Antiguos (ARCA) ha solicitado en numerosas ocasiones su protección patrimonial por su “gran valor histórico y etnológico”. Hoy ambos continúan abandonados.
La última de las restricciones llegó hace unos meses con la aprobación de una moratoria que prohíbe la creación de nuevas plazas turísticas en Balears durante los próximos cuatro años. La medida aún no había sido ratificada cuando la inmobiliaria S.A.E. Real Estate puso a la venta una antigua base militar en Cap Blanc perfecta, decían, “para la realización de un exclusivo proyecto hotelero”. A su situación en primera línea, se le añade unas instalaciones que cuentan con un búnker subterráneo de 2.000 metros cuadrados, una casa independiente y un antiguo edificio de barracas con capacidad para crear hasta doce habitaciones.
El anuncio causó revuelo en toda Mallorca y supuso el inicio de una campaña que recogió 46.528 firmas a favor de la protección de la zona para evitar su transformación en alojamiento turístico. En realidad, aclaran desde la inmobiliaria, no se trataba de una instalación recién desafectada, sino que lleva en manos privadas “desde hace cinco o siete años”, después de que se revirtiera una cesión realizada a favor del Ministerio durante los años 40.
“La propiedad sigue estando a la venta y ha habido muchos interesados, pero aún no ha encontrado comprador por las peculiaridades que tiene”, aseguran desde S.A.E. Real Estate. Al obstáculo de la moratoria turística le añaden la imposibilidad de poder realizar nuevas construcciones en los terrenos y de ampliar las edificaciones ya existentes.
Para Muñoz estas restricciones no son suficientes debido a que sí se autorizan los cambios de uso que permitirían la transformación en viviendas de lujo y porque algunas de las limitaciones son “fácilmente toreables”. “La moratoria, además, es fácilmente modificable y el Partido Popular ya ha avisado de que la derogará si gana las elecciones”, añade.
Enclaves privilegiados sin gestión medioambiental
Desde la agrupación ecologista GOB reconocen que algunas de las instalaciones que Defensa aún posee en Balears continúan en uso, como la base del Puig Major o la del Cap Pinar, ambas en Mallorca. Sin embargo, destacan que otras están “prácticamente abandonadas” y tienen una vigilancia y mantenimiento “mínimos”. Pese a que muchas cuentan con diferentes grados de protección, todas carecen de gestión medioambiental.
En Reino Unido existen muchísimos espacios militares que tienen gestión medioambiental incluso estando en activo, pero aquí no ocurre lo mismo. No hay ningún control. Defensa no tiene capacidad para gestionar y regular el uso público
“En Reino Unido existen muchísimos espacios militares que tienen gestión medioambiental incluso estando en activo, pero aquí no ocurre lo mismo. No hay ningún control. Defensa no tiene capacidad para gestionar y regular el uso público, no garantiza el acceso y la administración autonómica no tiene poder en estas zonas”, explica Muñoz. Algunas de estas infraestructuras son frecuentadas por senderistas y excursionistas sin que exista una vigilancia sobre cómo puede afectar su presencia a la fauna y flora de la zona, incluyendo las aves que nidifican en acantilados cercanos a las antiguas baterías de costa. Por ello el GOB plantea también que se establezca un acuerdo entre Defensa y el Govern para la gestión pública de estos espacios.
López-Rodó Maresch destaca que las autoridades no pueden exigir ningún cambio de titularidad en estas áreas naturales pese a que consideren que ya no se utilizan o que no existe actividad alguna en ellas. En este sentido, argumenta que estas instalaciones deberían estar sujetas a los mismos “requerimientos legales, ambientales, paisajísticos y de ordenación del territorio que tendrían en caso de no poseer la propiedad militar”.