Argentina se paraliza durante una jornada de huelga en protesta por el acuerdo con el FMI
Van veintiún paros nacionales en Argentina en el siglo XXI –con un pico distorsionador en los primeros años, durante los gobiernos de De La Rúa y Duhalde– y este es el tercero que le ha tocado vivir a Mauricio Macri como presidente. Y el más fuerte, con mayor unión entre sindicatos y movimientos sociales, que se han lanzado a la calle al calor del reciente acuerdo del Gobierno de la nación con el Fondo Monetario Internacional.
Esta huelga general para la cual se alinearon, entre otros, la Confederación General del Trabajo (CGT) –sindicato mayoritario– y las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), ha contado como punto de apoyo clave con la presión de las federaciones de camioneros, gremios industriales, empleados de banca, comerciantes, docentes y servicios de transporte (trenes, aeropuertos, autobuses y metro). Rozando el 100% de seguimiento de la huelga en servicios públicos de transporte y cerca de 600 vuelos cancelados.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA Argentina, explica a eldiario.es la importancia de haber conseguido aglutinar a tantas organizaciones y la impotencia ante una llamada que le invitaba a una reunión con el FMI un día después de que se oficializara el acuerdo con el Gobierno argentino: “Les mandé una nota sintetizando brevemente por qué entendíamos que lo que el FMI estaba proponiendo iba a profundizar el daño social en Argentina”, comenta Yasky. “Y además, diciendo que no participaba en la reunión porque el daño ya estaba hecho. Hubiese sido bueno que nos convocaran antes y no después”.
Y es que la invitación al diálogo llegó cuando habían transcurrido solo unas horas desde que se hicieran públicos los detalles del contrato con el que Argentina vuelve a fusionar su destino con un organismo internacional que le trae malos recuerdos. Y con una cuantía de por medio mayor de la que se manejaba inicialmente. “Dentro del paquete de 50.000 millones de dólares está previsto que haya un desembolso inmediato del 30%, unos 15.000 millones”, informaba Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda. Otras líneas de financiación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF) redondean la cantidad a 56.500 millones de dólares. Las condiciones de este préstamo llegan en forma de ajustes en las partidas presupuestarias nacionales.
“Hasta que caiga el Gobierno”
A lo largo de este paro nacional del 25-J fueron ganando presencia mediática los principales dirigentes sindicales: los tres líderes de la CGT (Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña), el número uno del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, y el de trabajadores de banca, Sergio Palazzo. Sin embargo, el más contundente, sin duda, fue Rubén “Pollo” Sobrero, del sindicato de ferroviarios, alentando a seguir peleando “hasta que caiga el Gobierno”, lo cual ha suscitado gran número de críticas en la opinión pública más cercana a los ideales del actual Ejecutivo.
La posición de los sindicatos de trabajadores, una vez que el acuerdo con el FMI ya está en marcha, es casi desesperada. Si, como reconocía Hugo Yasky, el daño ya está hecho, quedan pocos objetivos por conquistar: “A medio plazo, lograr un consenso mayoritario en los distintos sectores políticos del país”, asegura el secretario general de la CTA, “porque estas medidas implicarían condicionar la polémica de un hipotético gobierno de otro signo. La política del FMI va a condicionar”. Y algo que se tiene como mal menor, pero que resulta inevitable pensarlo: “En el corto plazo, tratar de que los recortes tengan el menor impacto. Que el calibre de la munición con que nos disparen no sea el más dañino”.
Esos ajustes que se clarificarán en septiembre, con los presupuestos del próximo año sobre la mesa, serían una segunda parte de los que ya ha activado el Gobierno argentino. Una de las líderes sindicales de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), Susana Ludmer, denunciaba ante las cámaras de televisión el estado de la enseñanza pública en su región: “Se están aplicando muchos ajustes en educación que tienen que ver con las infraestructuras, con el financiamiento a las provincias que no pueden alcanzar el mínimo salarial y con el desmantelamiento de los programas socioeducativos.”
El Gobierno defiende el acuerdo y ataca la huelga
No lo ven así en los despachos del Gobierno, desde donde solo se escuchan elogios al “buen acuerdo” firmado con el FMI para la recuperación económica de Argentina, y desde donde únicamente han salido reproches a esta huelga general. Del “no contribuye a nada, no suma” de Macri a primera hora de la mañana, se pasó al “ni si quiera la gente sabe por qué están parando” de Rogelio Frigerio, ministro de Interior, obras públicas y vivienda.
Nicolás Dujovne seguía analizando los números: “El paro va a costar casi 29 mil millones de pesos”. Mientras, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, agravaba el discurso indicando que esta jornada “diferencia claramente a aquellos que quieren una Argentina que avance, que se desarrolle, de los que quieren volver al pasado”.
La izquierda argentina no ha tenido problemas en recoger el guante en este aumento de decibelios en las declaraciones públicas. La diputada Mercedes Trimarchi –agrupación Isadora Mujeres en Lucha (Izquierda Socialista)– avisaba desde la concentración a las puertas del Hospital Posadas, en Buenos Aires, de que a los recortes no se les va a hacer frente “solamente con un paro dominguero, sino en las calles, siendo miles, y con un plan de lucha dispuesto a derrotar ese ajuste.”
En el peor de los escenarios posibles, en palabras de Hugo Yasky, sobresale sobre todo “el programa de ajuste fiscal sobre las provincias, que es lo que va a afectar a los presupuestos de salud, educación y gasto social”. A sus 68 años, 45 de ellos en labores sindicales, Yasky desvela también su gran temor: “El FMI puso sus ojos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las jubilaciones, la gran joya de la abuela que todavía existe en Argentina”.
