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Lenín Moreno deroga el decreto sobre el subsidio a los combustibles que originó las protestas en Ecuador

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elDiario.es

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha derogado este lunes el polémico decreto 883, que eliminaba los históricos subsidios a los combustibles, tras alcanzar un acuerdo con el movimiento indígena para poner fin a la ola de protestas contra las medidas de la austeridad que han puesto contra las cuerdas al Gobierno.

Con la orden, firmada el 1 de octubre, los precios de la gasolina y el diésel se habían disparado. Este lunes, Moreno ha establecido que estos volverán a los niveles anteriores hasta que se “expida el nuevo decreto ejecutivo”.

El documento rubricado por el presidente ecuatoriano pide de manera inmediata que se elabore una nueva orden que “permita una política de subsidios de combustibles con un enfoque integral con criterios de racionalización, fiscalización y sectorización, que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos y a los contrabandistas”.

“Conforme a lo acordado, se ha derogado el decreto 883, con lo que procedemos a elaborar uno nuevo que asegure una política de subsidios para quienes los necesitan. ¡Nadie pierde cuando triunfa la paz!”, ha celebrado Moreno en Twitter. 

“La derogación del decreto 883 es producto no solo de la lucha indígena, sino del pueblo ecuatoriano, esta lucha le pertenece al pueblo”, ha asegurado por su parte la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El polémico decreto se enmarcaba en las medidas de austeridad económica acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y encendió la mecha de las protestas que han paralizado durante más de una semana el país y forzaron a Moreno a trasladar la sede de su Gobierno de Quito a Guayaquil y a declarar el estado de excepción.

De acuerdo con el último balance de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, ocho personas han fallecido en el marco de las protestas, 1.192 han sido detenidas y 1.340 han resultado heridas y han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios. Organizaciones especializadas como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han pedido al Gobierno que investigue las denuncias de “uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas. 

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