La justicia para Lula significa desestimar su condena y reconocer su inocencia
Las entrevistas de Lula da Silva a los medios brasileños e internacionales consolidan la versión de una condena sin pruebas, una persecución política y de que el ex presidente brasileño es un preso político. No solo eso, sino también que la historia política de Brasil fue distorsionada por la decisión de impedir la candidatura de Lula a la presidencia de Brasil—elección en la cual, según todas las encuestas, hubiera sido elegido presidente del país en la primera vuelta. Asimismo, el candidato respaldado por Lula, Fernando Haddad, habría triunfado si no fuera por la monstruosa campaña de fake news plagada de escandalosas mentiras propagadas por robots.
Desde el golpe sin fundamento constitucional en contra de Dilma Rousseff, reelegida presidenta de Brasil en 2014, se puso en práctica la guerra híbrida, un nuevo tipo de golpe de estado. Se trata de la estrategia actual de la derecha, utilizada a escala internacional, que se basa en la guerra de las leyes, en la judicialización de la política y en la persecución de líderes democráticos. Es una guerra que resultó en la detención de Lula y los impedimentos ilegales a su candidatura a la presidencia y, que al final, concluyó en la farsa de la elección de Jair Bolsonaro.
La justicia para Lula no es solo reparar las iniquidades que ha sufrido. Es también denunciar la farsa de los cargos vinculados a la investigación Lava Jato, repetidamente desmentidos por la investigación realizada por la revista Intercept Brasil. Se necesita desenmascarar el falso combate en contra de la corrupción, además de procesar, acusar y condenar a todos los que la pusieron en práctica—a servicio de la ruptura de la democracia, de la destrucción del patrimonio público brasileño a favor de los intereses de Estados Unidos, la liquidación de las políticas sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y de los derechos de los trabajadores.
Como resultado de la investigación Lava Jato, Brasil tiene el gobierno más desprestigiado de su historia y en el plano internacional, por encima del presidente más ridiculizado dentro y fuera del país. Un hombre que emite más declaraciones absurdas todos los días, que desprestigia el cargo que posee, mientras promueve la recesión y mantiene a 14 millones de personas en el desempleo.
Paralelamente, la imagen de Lula solo crece dentro y fuera de Brasil. Incluso quienes se habían dejado llevar por las acusaciones de corrupción en su contra, ahora se dan cuenta —informados de las condiciones jurídicas y políticas de su sentencia— que Lula es absolutamente inocente y que no hay un centavo indebido en sus cuentas, ya que su proceso es político. Que él fue condenado no por pruebas, sino por convicción. No hay derecho que no se apoye en la evidencia.
Lula reafirma, por todo ello, que solo saldrá de la prisión si se reconoce su inocencia. No acepta acogerse a ningún otro mecanismo, ni siquiera el arresto domiciliario, al cual tendrá derecho a partir de octubre. Porque esto significaría reconocer la condena, ya que para peticionar por casa por cárcel se necesita cumplir un sexto de la pena.
Como Lula no reconoce la condena y solo acepta salir absolutamente inocente, esta es un posibilidad que no se ve por donde podría ocurrir. Se necesita que las revelaciones de Intercept desmienten uno de los mayores absurdos judiciarios de Brasil: que el Tribunal Federal Supremo [STF por sus siglas en portugués] haya declarado, reiteradas veces, que el juez Sergio Moro sea permitido juzgar a Lula. Esto sucedió aún después de que se denunciara las fehacientes conversaciones de Moro, las cuales confirman cómo él y los otros jueces del juicio Lava Jato actuaron de forma conjunta para condenar a Lula sin pruebas, incluso llegando a falsificar datos, en una operación de carácter político.
El clima torna insoportable para el STF, que no puede mantener la supuesta exención de Moro. Si acaso el STF agarra coraje y declara a Moro no exento, simplemente se anularían todos los procesos que él ha dirigido en contra de Lula y este saldría libre. Hay dos decisiones a tomar en las próximas semanas o meses sobre ese tema.
Mientras tanto, el gobierno se desgasta cada vez más, se riñe cada vez más con los medios y vacila entre ir o no ir a hacer el discurso inaugural en la Asamblea General de Naciones Unidas, con el riesgo de manifestaciones de ser repudiado dentro y fuera de la ONU. El Ejecutivo deja el país sin gobierno y se preocupa más en obtener los votos para que su hijo pueda ser embajador en EEUU, además de maniobrar para que los otros dos hijos puedan evitar ser procesados por corrupción.
Aquel quién debería estar presidiendo sobre Brasil está preso, a pesar de su inocencia, mientras que aquel que está en la presidencia es el que debería estar preso.
