A pesar de los conciertos de reggaeton, salsa o merengue y la pseudo-misa a cuenta de la telepredicadora Yadira Maestre, el acto que el PP celebró coincidiendo con la Cumbre Iberoamericana para captar el voto hispano tuvo todos los componentes de un acto electoral. Estaban los candidatos, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida; el merchandising y se reclamó el apoyo de la comunidad hispana en los próximos comicios. ¿El problema? Que era un acto pagado con fondos que el Parlamento Europeo pone a disposición de los grupos para que desarrollen su actividad política con una línea roja muy clara: no se pueden emplear para “financiar de ninguna forma campañas electorales europeas, nacionales, regionales o locales”.
“Me comprometo a ser el presidente de todos los hispanos en España. Trabajaré por toda la Hispanidad en mi país. Me comprometo desde el primer instante y os aseguro que no os defraudaré”, dijo Feijóo, enfundado en el atuendo de candidato, a un auditorio de unas mil personas que un rato antes se había entregado a las canciones de Henry Méndez. Más explícito aún fue el alcalde de la capital: “No queremos discutir; queremos trabajar, cantar, bailar, reír, disfrutar [dijo Almeida emulando una suerte de latin way of life] y sobre todo celebrar lo que nos une (...). Y eso pasa por que dentro de 63 días vayamos a las urnas y demos un mensaje claro y alto: que los hispanos están con el PP, con Feijóo, con Ayuso y que apuestan por que Madrid es la capital de Hispanoamérica en Europa. Contamos con vosotros”.
“No os defraudaré”, a 63 días de las elecciones
En un tono mucho más ideologizante, Ayuso también se lanzó a por el voto hispano. En España más de un millón y medio de personas latinoamericanas tienen derecho a voto en las generales, de las que un tercio están en la Comunidad de Madrid. El número se multiplica en el caso de las municipales. “El próximo 28 de mayo España se va a llenar de ganas de cambio, de ilusión y de futuro. Vamos a dejar juntos estos años nefastos de alianzas con narcodictaduras infames en Latinoamérica. Los que les expulsan por falta de oportunidades allí y pretenden hacer lo mismo con todos nosotros aquí”, dijo la presidenta madrileña en un discurso en el que se refirió al Ejecutivo como “un Gobierno de liberticidas”. “Nuestro proyecto es el 'popular', un proyecto de integración. Con todos vosotros y con Feijóo a la cabeza, el PP va a tener que arreglar este desastre”, zanjó la dirigente conservadora.
A pesar de los llamamientos al apoyo al PP en los próximos comicios, en la delegación española en Bruselas sostienen que no se trataba de un acto electoral porque formalmente no ha comenzado la campaña y aseguran que las reglas se cumplían porque participaron tres eurodiputados –también figuraba el logo del PPE, que es otra de las exigencias de la Eurocámara para los actos que se financian con el conocido como ‘Item 400’, el dinero que se pone a disposición de los grupos para que desempeñen sus funciones–.
¿Pero qué dicen las reglas del Parlamento Europeo? Más allá de establecer la prohibición taxativa de usar ese dinero para financiar campañas, deja un amplio margen a la interpretación. “La naturaleza electoral de una actividad o acción está determinada por el contexto general de esa actividad. Eso significa que, aunque expresiones como 'candidato', 'lista', 'partidos' o 'voto', no se utilicen directamente, el carácter electoral emerge del propósito directo o indirecto y el contexto general”, establecen las normas, que aseguran que una actividad que sea “considerada parcialmente de naturaleza electoral será rechazada en su totalidad”.
Además, proporciona una lista “no exhaustiva” (es decir, que puede haber más casos) de supuestos prohibidos: el uso de la palabra candidato; la mención a las listas; cualquier recomendación o solicitud de voto para una lista, candidato de una tendencia política o el uso de la palabra voto en ese contexto; cualquier actividad relativa a la preparación de la campaña; o la presencia de material de apoyo del nombre o la foto de candidatos que en ese momento no sean miembros del Parlamento Europeo, entre otros.
Ni investigación “ad hoc” ni queja de otros grupos
En el acto celebrado bajo el nombre de ‘Europa es hispana’, además de pedirse expresamente el apoyo para el PP, los asistentes llevaban carteles con el lema “Hipanos con Feijóo” o “Hispanos con Almeida”.
Sin embargo, el Parlamento Europeo, que establece una auditoría externa de la contabilidad de esos fondos, permanece de perfil y no pretende iniciar ninguna investigación “ad hoc” sobre el mitin financiado con fondos europeos, según las fuentes consultadas por elDiario.es. La única forma en la que la Eurocámara podría tomar medidas es en la aprobación anual de las cuentas, pero son muy raros los casos en los que han saltado las alarmas. Nunca lo ha hecho con las delegaciones españolas.
A pesar de que en privado miembros de otros grupos sí denuncian la financiación del acto del PP con fondos de la Eurocámara, ninguno lo ha expresado públicamente ni se ha presentado ninguna queja formal en lo que supondría sentar un precedente.
Relajación de los controles
La del ‘Item 400’ no es la única laguna con la que se topa la ingente maquinaria de la Eurocámara. Tal y como adelantó El Confidencial en octubre, el Bureau (la Mesa) eliminó los controles sobre las asignaciones de 4.342 euros al mes que percibe cada parlamentario para los denominados gastos generales (GEA). Esas dietas ya estaban en el punto de mira porque no se vigilaban y, a pesar de los llamamientos por reforzar el control, la cúpula del Parlamento Europeo, con el voto en contra de la representante de los verdes, decidió convertir esa costumbre en oficial.
Sin embargo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sí que lleva a cabo algunas investigaciones, como la que conllevó la petición de levantamiento de la inmunidad por parte de la Fiscalía de dos eurodiputadas –entre ellas la exvicepresidenta Eva Kaili, en prisión por el escándalo del Qatargate– por las sospechas “de fraude en perjuicio del presupuesto de la UE, en relación con la gestión de la asignación parlamentaria y, en particular, con respecto a la remuneración de los asistentes parlamentarios”.
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