Alarma en Bruselas por la nueva deriva autoritaria en Polonia con la creación de una comisión de investigación en el marco del Parlamento sobre las injerencias de Rusia entre 2007 y 2022 que tendría potestad para inhabilitar cargos públicos. La Comisión Europea ha lanzando una advertencia al Ejecutivo polaco al entender que la ley que la ampara “podría ser utilizada para afectar a los individuos que se postulen a cargos públicos sin un juicio justo”. “La Comisión Europea está analizando esta nueva ley y no dudará en tomar de inmediato las medidas necesarias”, advierte el ejecutivo comunitario en un comunicado.
La polémica norma fue aprobada en el Congreso pero rechazada en el Senado por lo que tuvo que ser el presidente, Andrzej Duda, quien la sancionara para que entrara efectivamente en vigor. “La influencia rusa requiere una aclaración y el pueblo polaco debe saber cómo actuaron sus representantes en cuestiones de gran importancia durante las últimas dos décadas”, argumentó, según informa la Agencia EFE. La norma da cabida a una comisión de investigación que se creará a instancias del partido ultraderechista Ley y Justicia y que estará integrada por el jefe del Ejecutivo, Mateusz Morawiecki, y ocho parlamentarios de su elección.
La iniciativa es un traje a la medida de la persecución de la oposición y, especialmente, del líder de la Plataforma Cívica, Donald Tusk, que fue primer ministro entre 2007 y 2014 y, posteriormente, presidente del Consejo de la UE. Tusk, que pertenece a la familia del Partido Popular Europeo, ha sido señalado directamente por miembros del Gobierno y del partido que lo sustenta.
La decisión ha provocado una gran “preocupación” en Bruselas. La vicepresidenta de la Comisión Europea, VÄ›ra Jourová, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, han abordado el asunto en el Consejo de Asuntos Generales de la UE. No obstante, no han entrado en una “discusión profunda”, según ha dicho Jourová.
La advertencia sobre esta ley, en todo caso, se suma al cuestionamiento que las instituciones europeas ya han hecho sobre el estado de derecho en Polonia. De hecho, este mismo martes los 27 han vuelto a analizar la situación del estado de derecho Polonia, y también en Hungría, en el marco de su diálogo por infracciones de los valores fundamentales en estos países bajo el artículo 7 del tratado de la UE.
Ese procedimiento se inició en 2017 y 2018, respectivamente, a instancias del Parlamento Europeo, que advertía del incumplimiento de valores europeos como la independencia judicial en ambos países y vulneraciones relativas a la libertad de expresión, la corrupción, los derechos de las minorías y la situación de inmigrantes y refugiados en el caso húngaro. La pelota está desde entonces en el tejado del Consejo, que ha analizado en varias ocasiones el asunto. No obstante, el Consejo requiere de unanimidad para concluir que si ha habido una grave y persistente brecha del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales en el país para imponer sanciones, que podrían llegar incluso a la pérdida del derecho a voto en el Consejo, pero Hungría y Polonia se protegen mutuamente.
El Parlamento Europeo ha abierto, además, el debate sobre la idoneidad de que el ultraderechista Viktor Orbán asuma la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de la UE a través de una resolución que será debatida el jueves. Sin embargo, los 27 no han llegado aún a ese punto. “No estaba en la agenda”, ha afirmado la ministra de Asuntos Europeos de Suecia, Jessika Roswall, que ha rematado: “Cada presidencia representa a todo el Consejo y a todos los estados miembros”. Fuentes comunitarias apuntan a que aparcar a Hungría de la presidencia sería contraproducente.