Las consecuencias para Colombia de la detención del expresidente Álvaro Uribe

El arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe es un golpe simbólico con pocos antecedentes en Colombia por lo que él ha significado en nuestra historia reciente, por ser el jefe de la coalición de gobierno y por ser el senador más votado. Y augura una coyuntura muy difícil para el país en el corto plazo porque agudizará la polarización y desconcentrará aún más al presidente Iván Duque de los problemas estructurales. Pero quizás despeje el largo plazo si las instituciones logran salir fortalecidas y los extremos deslegitimados.

El corto plazo

A juzgar por las primeras reacciones frente a la detención de Uribe, es fácil anticipar que el país entrará en una fase difícil en los próximos meses. Aunque Uribe acató la decisión de la Corte Suprema y solo manifestó su tristeza, su partido no optó por un discurso institucional. Por el contrario, escogieron el camino más rentable políticamente en el corto plazo pero más peligroso para el país de ahondar la polarización y marcar el contraste frente a los desmovilizados de las Farc. Es un discurso atractivo para las bases del partido, más cuando la primera reacción del partido de la exguerrilla fue lanzar la primera piedra, como si no tuvieran rabo de paja.

Manipular testigos, el delito del que se le acusa, es un grave crimen contra la justicia. Según el comunicado de la Corte Suprema, la orden de detención es para “evitar la obstrucción de la justicia” (uno de los motivos explícitos en la ley penal para asegurar un investigado) en un caso que “tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas que, al parecer, indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

Aún así, frente a todo lo que se ha dicho de Uribe en su larga trayectoria política, que incluye desde que participó en la masacre del Aro hasta que mandó asesinar a su amigo convertido en crítico Pedro Juan Moreno fallecido en un accidente aéreo, acusaciones que llevan años y no han avanzado ni se han esclarecido judicialmente, este caso es relativamente menor en comparación.

Que Uribe sea detenido por la menor de las acusaciones que se han hecho en su contra, y cuando comienza ahora el proceso, exacerba la narrativa del uribismo de que mientras Uribe es víctima de una venganza política de sus enemigos, los guerrilleros de las Farc que tanto combatió son directivos en el Congreso. Y confirma un temor que existe entre el uribismo desde hace años.

Es un discurso que utilizaron las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia, que ya pidió en el Senado convocar una Asamblea Constituyente para unificar las cortes, y María Fernanda Cabal desde el instante en que se conoció la noticia.

Y es un discurso que la senadora Paola Holguín, también del Centro Democrático, ha llevado a un nivel aún más desestabilizador pidiendo la ayuda (no está muy claro para qué) de las Fuerzas Militares de reserva con este audio y este documento.

Es una narrativa que, de manera muy problemática para el país por la neutralidad que se espera y se demanda de un Presidente, también asumió Iván Duque en su primera declaración al respecto. “Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado el país con barbarie se defiendan en libertad, o inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y a que un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia.”

En otras palabras, del presidente para abajo en su partido del Centro Democrático, la narrativa ya está formulada, a pesar de que el caso por el que se investiga a Uribe gira alrededor de hechos ocurridos después del Acuerdo de La Habana y que, si el crimen fue cometido, no se hizo dentro de la lógica de guerra como para que se apele a una equivalencia. Victimizar a Uribe y usar su detención para avivar la polarización será rentable políticamente con miras al 2022 para un partido como el Centro Democrático, que venía de capa caída.

Sin un liderazgo claro del presidente, ni en su partido ni en otras fuerzas políticas; una división en la colectividad por las disputas generadas en las elecciones regionales; la caída en la popularidad de Uribe que, según la encuesta Gallup Poll, desde junio del año pasado entró en terreno negativo y ha seguido bajando hasta llegar a 59% negativo y 30% favorable en la última medición de junio, el panorama para el Centro Democrático no era nada halagüeño. Panorama que se hace más difícil a futuro pues los nombres que suenan para disputar la Presidencia, entre los que están Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto, no dan certeza de ser cartas ganadoras. Ahora, con el teflón desgastado, la victimización de Uribe puede movilizar los votos para mantenerse en el poder y unificar a la derecha alrededor de su caso.

El analista Jaime Duarte, profesor del área de gobierno de la Universidad Externado, explica que hay dos formas de ganar elecciones: sumar voluntades y conformar una gran mayoría, o generar polarización garantizando ser el grupo más fuerte en esa división. “Ese libreto lo conoce el expresidente Uribe y su partido el Centro Democrático. Fue aplicado con éxito en el plebiscito con el que, finalmente, se dieron cuenta que sí eran mayoría. La fórmula fue repetida para la elección de Duque, con un resultado más holgado”, dice Duarte. Ahondar esa polarización, como contó La Silla, es también la estrategia electoral de Gustavo Petro con miras al 2022.

Si la reciente decisión del Consejo de Estado de admitir una denuncia en contra del líder de la Colombia Humana, que busca que le quiten la investidura por haber llamado a la desobediencia civil y a desconocer la elección de Duque, avanza, habrá un ingrediente adicional en la confrontación. Así las cosas, la detención de Uribe demarcará el campo y marcará el tono para las elecciones de 2022, algo que no deja de ser paradójico en medio de una pandemia de las proporciones que vivimos hoy en día.

Que este tema absorba la agenda política del país justo cuando se cuentan más de 10 mil muertos por COVID-19, se han perdido millones de empleos y nos embarcamos en una crisis económica y de salud sin precedentes, es una mala noticia para los colombianos. Si, como analizó La Silla, ya Duque tenía problemas para priorizar la agenda y convocar a los colombianos a su alrededor, ahora le será prácticamente imposible. Sobre todo si, como refleja su primera declaración, opta por actuar como jefe de su partido, defensor de oficio o “ciudadano dolido” con la suerte de su mentor, y no como garante de la separación de poderes y el respeto a las instituciones.

Al mismo tiempo, si Duque opta por la neutralidad que le exige la Constitución corre el riesgo de que su partido se vuelva en su contra en respuesta al repudio de las bases uribistas, como le pasó cuando sintieron que no fue suficientemente contundente en respuesta a la extradición de Andrés Felipe Arias. 

Ya el exalcalde uribista de Rionegro, Andrés Julián Rendón, salió a culpar a Duque. Si esta actitud gana tracción, la endeble mayoría del Presidente en el Congreso se disolvería y sería incapaz de sacar adelante alguna de las reformas estructurales que se necesitan en este momento (y que en todo caso no ha presentado).

En conclusión, en el corto plazo, a la tragedia medida en vidas y pobreza ocasionada por el coronavirus y a la creciente inseguridad, la detención de Uribe nutrirá una intensa confrontación política que si, con suerte, no termina en más violencia, como mínimo debilitará la capacidad de Duque para liderar una salida a la crisis.

El largo plazo

Sin embargo, paradójicamente, esta situación abre una oportunidad para que la democracia colombiana salga fortalecida en el largo plazo.

Para comenzar, que la Corte Suprema pueda detener preventivamente a una de las personas más poderosas de Colombia ratifica su independencia frente al poder Ejecutivo y Legislativo y envía la señal de que nadie se puede sentir por encima de la ley. Y que Uribe acate la decisión, como lo ha hecho hasta ahora, también da ejemplo de respeto a las instituciones y contrasta con los embates de sus senadoras.

Esta decisión -aunque no tiene relación con el Acuerdo de paz- le pone políticamente una presión muy grande a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que realmente haga justicia contra los guerrilleros que cometieron crímenes graves, y también a la Farc para que cuente la verdad y reparen a sus víctimas. Incluso de parte de aliados del proceso, como lo demostró la reciente respuesta del senador Roy Barreras al trino inmediato de las Farc.

Por último, como le dijo uno de los consultados para esta historia a La Silla, “pone desnudos en el espejo a los extremos”. En los próximos días y meses, quedarán en evidencia los políticos, los periodistas, los líderes sociales y los empresarios que apuestan por salidas no institucionales. Los que tienen sed de venganza, los que avivan el odio. También los capaces de ofrecer una opción para sacar de este episodio una propuesta de futuro.

Que de la crisis que se avecina salga una oportunidad dependerá del rigor jurídico del caso y del carácter democrático de los líderes políticos para aceptar lo de que de él resulte.

Este artículo ha sido originalmente publicado en el medio colombiano La Silla Vacía.