El coronavirus ha arrastrado al sur y parte del occidente de Bogotá hacia el vacío y la desolación. Entornos donde la protección oficial es más frágil, o inexistente, y el atraso en infraestructura acumula años de promesas incumplidas. Alejandra Martínez, líder social de la sureña localidad de Ciudad Bolívar resume la situación: “Desde hace un año es imposible que una ambulancia llegue hasta nuestro sector. Parece que los habitantes de esta parte de la ciudad no tenemos derecho a ese servicio”.
El conflicto armado colombiano ha marcado durante décadas el ritmo de vida en los asentamientos del sur y de ciertos puntos del occidente. Se trata, en general, de familias con raíces campesinas, muchas veces desplazadas por la pobreza y la guerra, que se han instalado en las laderas de la ciudad (en años recientes se ha sumado la crisis humanitaria venezolana al mapa demográfico).
Según las cifras oficiales, el 69% de las muertes asociadas al virus en Colombia se concentran en las localidades de renta más baja, como Ciudad Bolívar o Bosa, entre otras. Se trata de arrabales bravos, agrupados en los primeros tres escalones de un sistema tributario y administrativo conocido como “estratos”.
En los estratos uno y dos se ubican los barrios más pobres de Bogotá. Los más estigmatizados por la precariedad y con menos hospitales, especialistas o centros de diagnóstico. Un estudio de la facultad de Economía de la reputada Universidad de los Andes establecía en agosto del año pasado que un ciudadano en un barrio de estrato uno tiene diez veces más posibilidades de fallecer o de ser hospitalizado a causa del coronavirus que un habitante instalado en una zona de estrato seis, que cobija a las zonas más pudientes.
Muchas familias de estos sectores han recurrido a colgar un trapo rojo en la fachada de sus viviendas como un desesperado llamado de auxilio económico. En muchos casos se trata de obreros, albañiles, empleadas domésticas, vendedores callejeros o recicladores informales. Oficios que no admiten teletrabajo. El estudio de los Andes apunta a la férrea necesidad de salir a trabajar para ganarse el día a día como el factor central tras las altas tasas de contagio en el sur occidental.
Las cifras resultan, de cualquier forma, insustanciales para personas como Inés Duque, pedagoga, desempleada, de 56 años y vecina de la localidad de Bosa desde hace tres décadas. Ella ha atestiguado la insuficiente capacidad de recolección de datos de la alcaldía. Por eso no cree. Conoce numerosos casos de vecinos que han pasado de largo sin reportar el contagio porque no estaban afiliados al sistema de protección social, porque temían ser estigmatizados o, sencillamente, porque en la línea telefónica de atención del Distrito no hay “poder humano que conteste”.
Alejandra Martínez, líder social de 46 años y vecina de la colindante Ciudad Bolívar, coincide. A pesar de que en julio del año pasado presentó varios síntomas asociados al virus, la visita médica, que un operario del Distrito le aseguró haber enviado, nunca ocurrió.
Más bibliotecas que hospitales
La capital colombiana ha sido gobernada en las dos últimas décadas por líderes mayoritariamente de izquierda, alguno con ciertos matices populistas, así como un tecnócrata de centro derecha. Hoy está al frente de la ciudad la primera alcaldesa en la historia, la centrista por el Partido Verde Claudia López.
Todos sus antecesores han sumado resultados a la vista en áreas como la renovación de colegios y bibliotecas públicas de buena factura arquitectónica y planeación en zonas marginales de la ciudad.
En el capítulo hospitalario, sin embargo, el rezago se ha hecho hoy más evidente que nunca. El eje sur de Bogotá tiene un déficit de al menos 4.000 camas hospitalarias, según cálculos de Luis Gonzalo Morales, experto en salud pública y antiguo Secretario de Salud del exalcalde de centro derecha Enrique Peñalosa. En su opinión, el “deterioro, obsolescencia y la insuficiencia” de la red es un asunto urgente.
Pese a contar con algunos de los barrios con mayor densidad habitacional, y sumar alrededor del 30% de la población de la capital, el sur reúne al 4,06% de la oferta total en servicios de salud (hospitales, clínicas, centros de diagnóstico, laboratorios, centros ambulatorios), según datos del observatorio de la alcaldía.
Analistas como el médico Víctor de Correa-Lugo describe el panorama como una segregación urbana y cultural equiparable “al sistema de castas de la India”. Una realidad que se ha agudizado aún más con la contracción gradual del papel de la sanidad pública en el sistema.
La activista en medicina social Claudia Naranjo explica que la lógica del mercado y el descuido oficial ha desembocado en una “hiperconcentración” de lo mejor de la oferta en manos de un puñado de aseguradoras conocidas como Empresas Prestadoras de Servicios en Salud (EPS), empresas no pocas veces envueltas en escándalos de corrupción, y que a su vez han levantado sus instalaciones alrededor de los barrios más selectos de la capital.
El médico y concejal por el Partido Verde Luis Carlos Leal añade que desde los primeros años 90 del siglo pasado el “Estado ha dejado de ser el ente rector del sistema de salud al trasladarle funciones a las aseguradoras públicas y privadas”.
Con los años, un número creciente de hospitales de segundo o tercer nivel, que cumplían una función seminal en la atención primaria de ciudadanos de estratos bajos, fueron desmantelados.
Estaciones fantasma
Bogotá, con casi siete millones y medio de habitantes, es la capital del país más desigual de una región donde campean las fracturas sociales, según el Índice de Desarrollo para la Región. William García, investigador de temas urbanos de la Universidad Javeriana de Bogotá, plantea que la “escasez de centros hospitalarios en zonas marginales no es una singularidad de Bogotá”. Sí lo es, en cambio, la ausencia de una red eficiente de transporte masivo. Basta recordar que el proyecto de metro para la ciudad tiene un atraso de por lo menos 70 años.
“En nuestro caso (Bogotá) no solo hay barreras de acceso a los hospitales en cuanto a la escasez de equipamiento urbano en el sur”, afirma García, “sino además barreras de acceso a un sistema de transporte público masivo que conecte racionalmente con los centros de salud. Eso es muy complicado. En ciertas zonas los trayectos resultan absurdamente largos y costosos. Lo que vemos hoy es fruto de una modesta e injusta planeación urbana del pasado”.
Pocos se explican en Ciudad Bolívar, por ejemplo, por qué los autobuses rojos del servicio de transporte masivo, conocido como Transmilenio, nunca se han detenido en tres de las estaciones apostadas sobre la vía principal del humilde barrio Divino Niño. Se trata de paradas fantasma donde cualquier espera es una pérdida de tiempo. O un riesgo de atraco. La situación ha agudizado los problemas de inseguridad, arrojando a la calle a más bandas de delincuentes que, por ejemplo, han bloqueado varias veces una de las avenidas cercanas para llevarse dinero o cajas de alimentos.
“Aprovechan”, dice Alejandra Martínez, “porque se han dado cuenta de que la atención del Distrito a este lugar de Bogotá es inexistente. Si hay algo seguro es que ni a los bandidos los van a detener ni a nosotros nos van a ayudar a superar esta crisis”.