Un banco muy diferente para la gente que busca vivienda en Atenas

El Banco de Inquilinos, una iniciativa de Solidaridad para Todos en conjunción con diversos movimientos sociales griegos, ya ha saltado a los titulares aún antes de estar plenamente operativo. En los últimos dos años, los comedores colectivos y las clínicas y farmacias sociales organizados por diversas asambleas de barrio se han multiplicado y han perfeccionado su funcionamiento, hasta el punto de que Solidaridad para Todos, una organización que funciona a modo de coordinadora, cuenta más de 150 de estos proyectos tan sólo en la región del Ática. Sin embargo, es la primera vez que se plantea la aplicación de este mismo modelo solidario al problema de quienes necesitan un techo bajo el que guarecerse.

Según explica Tonia, la responsable de vivienda de la plataforma, existen muchos pisos vacíos, a pesar de que los precios han caído en picado en los últimos años. Por una vivienda de unos 70 metros cuadrados, el impuesto sobre la propiedad supone unos 70 euros cada dos meses, a los que se suman otros 30 o 40 de contribuciones municipales, que van incluidos para evitar el impago en la factura de la luz, junto con la tasa sobre la televisión pública. Y la cuota de la comunidad de vecinos es otro gasto fijo que se debe abonar aunque el inmueble esté vacío.

Estos pisos constituyen una carga para el propietario, en muchos casos en una situación económica precaria. Incluso el importe de alquiler alcanza poco más que para cubrir los gastos.

Por otra parte, un gran número de personas han perdido sus hogares al no poder hacer frente al pago de sus alquileres, aunque los desahucios no constituyan un problema tan acuciante como en España. En el país heleno, la primera vivienda de los ciudadanos endeudados con bancos o administración está protegida frente al embargo a través de la conocida como Ley Katseli.

Durante los últimos años el Gobierno ha anunciado en varias ocasiones su intención de no prorrogarla, debido a las presiones de la Troika, pero no se ha atrevido a dar ese paso y la paralización de los desahucios aún no ha sido levantada.

Ante esta situación, los activistas han comenzado a elaborar una red para alojar a las personas sin hogar en casas vacías. “Hemos recibido llamadas de gente que ofrece sus pisos a quienes puedan hacerse cargo de los costes, sin pagar alquiler. Pero aún no hemos encontrado un modelo más sistemático”, explica Tonia. Muchas personas que querrían sumarse temen que un desempleado no pueda hacer frente a los gastos de electricidad e impuestos, y desaparezca dejándoles más endeudados.

Solidaridad para Todos, explica la activista, se financia con donaciones y no puede hacerse cargo de estos gastos salvo en casos extremos, como el de Katerina. Con una discapacidad severa y un hijo desempleado, esta mujer había sido desahuciada en Níkea, uno de los suburbios atenienses más azotados por la crisis, al retrasarse en el pago del alquiler. Un movimiento ciudadano del barrio le encontró un hogar y de momento se hace cargo de los gastos de mantenimiento del piso, que ascienden a unos 200 euros mensuales. Pero este modelo no es viable.

“Una vez resueltos los problemas, cuando comencemos a hacer campaña en serio, recibiremos muchísimos ofrecimientos”, señala Tonia. “La solución ideal sería contar con la colaboración de los municipios, que podrían actuar como avalistas o eximir estos pisos de ciertos impuestos. En algunos ayuntamientos gobernados por la izquierda se están estudiando iniciativas de este tipo”. La más adelantada es la del suburbio de Nea Ionía, donde el Ayuntamiento ha creado una red de intercambio de pisos, avalando a los inquilinos en caso de que en un momento dado no puedan hacer frente a los gastos de mantenimiento.

Aumento de la pobreza

El mes pasado, un informe de la fundación alemana Bertelsmann señalaba a Grecia como el último país europeo en materia de justicia social. De los 6 indicadores medidos, el país heleno estaba a la cola de los 28 en cuatro: acceso a la educación, al mercado laboral, cohesión social y no discriminación e igualdad intergeneracional. Al mismo tiempo, la Oficina de Presupuesto Estatal del Parlamento dejaba caer una bomba: según un estudio, 3 de cada 5 griegos viven actualmente bajo el umbral de la pobreza (2,5 millones) o en riesgo de caer en ella (otros 3,8 millones).

Para Yannis, uno de los coordinadores de la red de activistas, el único recurso del que se puede echar mano es la solidaridad. “Intentamos que la gente se despierte del capitalismo a la colectividad. Así, como sociedad, vamos en contra de la crisis, y resistimos contra el rescate, la austeridad y el neoliberalismo”. Según explica, la función de Solidaridad para Todos es hacer de enlace entre los diferentes Centros de Solidaridad locales y poner en marcha nuevas iniciativas allí donde hay una necesidad sin cubrir.

“Por ejemplo, alguien nos llama pidiendo ayuda, y lo enviamos al Centro de Solidaridad de su barrio, donde puede recoger alimentos o recibir atención médica. Si esa persona es, digamos, un profesor, puede colaborar dando clases de apoyo a estudiantes o ayudando a preparar material escolar, que después se distribuye por los barrios”.

Algunos Centros de Solidaridad gestionan las llamadas “cocinas colectivas”, que se suelen surtir a través de los movimientos Sin Intermediarios. Estos conectan directamente a los agricultores con el consumidor final, abaratando costes. Algunas cocinas de barrio agrupan estos productos para suministrarlos gratis y varias veces al mes a las familias sin recursos, mientras que otras los utilizan para preparar a diario almuerzo y cena para varias decenas de personas.

Otros Centros de Solidaridad incorporan también soluciones para la problemática educativa. Aunque la enseñanza universitaria sigue siendo gratuita en Grecia, sin una preparación complementaria resulta muy difícil aprobar el equivalente a la Selectividad. Por ello, sindicatos y organizaciones de profesores, estudiantes y padres de alumnos organizan en algunos barrios clases de apoyo gratuitas. En este ámbito existen también proyectos culturales, entre los que destacan varios teatros o iniciativas como el Conservatorio Social, que imparte clases de música gratuitamente a 120 alumnos.

Otros proyectos similares, promovidas por organizaciones de abogados, suministran apoyo legal a quienes son incapaces de hacer frente a créditos bancarios o tienen problemas laborales, ofreciendo asesoramiento también a inmigrantes y refugiados.

Clínicas y farmacias

Una de las iniciativas que ha tenido más visibilidad en los últimos años ha sido la de las clínicas y farmacias sociales. Desde 2011 o 2012 surgieron por doquier para recibir al creciente número de ciudadanos sin acceso a la sanidad pública -que se pierde al pasar un año en situación de desempleo-. A pesar de no existir cifras concluyentes, en abril el propio Ministerio de Sanidad cifraba el porcentaje de “no asegurados” en un 20% de la población, mientras que para fuentes del sector podría superar incluso los tres millones.

Algunas de estas clínicas sociales son gestionadas por las ONG o por la Iglesia, mientras que otras han sido impulsadas directamente por las asambleas de barrio. Fundadas con unos pocos voluntarios, algunas son funcionan ahora gracias al esfuerzo de hasta 150 personas, como es el caso de la de Ellinikó-Argirúpoli, en Atenas. La clínica social de Tesalónica atiende a unos 6.000 pacientes en el curso de un año, un número que va en aumento y que a pesar de todo resulta una gota en el mar.

“Los medicamentos los aporta la gente del barrio, y los médicos son voluntarios que viven en la zona,” explican los organizadores del Centro de Salud Autoorganizado de Exarjia, que prefieren permanecer en el anonimato. La clínica de este barrio ateniense, famoso por su carácter contestatario, se integra dentro del K-Vox, un centro social okupado que lleva funcionando cerca de dos años.

“Cada semana pasan de 15 a 20 personas para visitar a los médicos y otras 10 o 15 para ver a los psicólogos,” calculan los miembros de la asamblea. En su manifiesto, subrayan que rechazan cualquier tipo de colaboración con la Administración, las ONG o los partidos políticos. Durante tres días a la semana, en el Centro de Salud pasan consulta un médico generalista que es también radiólogo y un psicólogo infantil, mientras que con cita previa los pacientes pueden acceder a psicólogo, pediatra, ginecólogo, oftalmólogo, fisioterapeuta y logoterapeuta.

“Creemos que las estructuras de salud autogestionadas no constituyen únicamente una respuesta a los problemas de la atención médica, cubriendo el vacío dejado por el Estado”, señala el manifiesto del colectivo.“Lo que aplicamos en la práctica refleja la manera en la que nos gustaría ver la salud en la sociedad que tenemos en mente, una sociedad de verdadera solidaridad y humanidad.”