Después de cuatro años de incesantes ataques a los medios de comunicación y agresiones legales bajo el mandato de Donald Trump, el Gobierno de Biden ha defendido la importancia del respeto a una prensa libre y vigorosa.
El fiscal general, Merrick Garland, incluso ha ampliado la protección a los periodistas este otoño diciendo que “una prensa independiente y libre es vital para el funcionamiento de nuestra democracia”.
Sin embargo, el mayor test para medir el compromiso de Biden está en una celda de Londres. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lleva recluido desde 2019 y se enfrenta a un proceso judicial en Estados Unidos en virtud de la Ley de Espionaje, una legislación centenaria que nunca antes se había utilizado para perseguir la publicación de información clasificada.
El hecho de que el Departamento de Justicia estadounidense siga adelante con los cargos de la era Trump contra Assange, cuyo grupo publicó información secreta sobre las guerras de Irak y Afganistán, Guantánamo, la diplomacia estadounidense y la política interna demócrata antes de las elecciones de 2016, contribuirá en gran medida a determinar si la actual administración tiene intención de cumplir sus promesas de proteger a la prensa.
Presión internacional
Biden se enfrenta ahora a nuevas presiones en Estados Unidos y en el extranjero para abandonar el largo proceso contra Assange. A principios de mes, cinco importantes medios de comunicación, entre ellos The Guardian y The New York Times, que dependen de poder publicar también secretos oficiales, hicieron pública una carta abierta al Gobierno en la que hablan del “peligroso precedente” y las amenazas contra la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que protege la libertad de prensa, que representa el procesamiento de Assange.
Altos cargos de Australia se han reunido con sus homólogos estadounidenses para pedir la liberación de Assange, nacido en Queensland y de nacionalidad australiana. “Mi postura es clara y así se la he hecho llegar al Gobierno estadounidense: ha llegado el momento de poner fin a este asunto”, dijo a finales de noviembre el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ante el Parlamento de su país.
Tras reunirse con editores de WikiLeaks que luchan por la libertad de Assange, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también exigió que termine ya lo que calificó como un “encarcelamiento injusto”.
Algunos de los defensores de Assange, que ven su procesamiento como un atropello a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, están con ánimo optimista pensando que el caso puede haber llegado a un punto de inflexión que podría suponer su liberación.
“Este caso es enormemente significativo”, dice Jameel Jaffer, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia y director del Instituto Knight de la Primera Enmienda en la misma universidad. “A fin de cuentas, me cuesta creer que la Administración Biden quiera que su legado en materia de libertad de prensa sea este caso y si siguen adelante con él, eso es lo que va a pasar, eclipsando todo lo demás que pueda hacer en esta materia”.
Las autoridades del Departamento de Justicia no se quieren pronunciar sobre lo que podría pasar finalmente con el procesamiento de Assange, que sigue apelando su extradición a Estados Unidos ante un tribunal británico. El Departamento de Justicia se ha negado a hacer comentarios sobre las peticiones para abandonar el caso, pero uno de sus trabajadores dice sin revelar su identidad que Garland había “dejado claro que seguiría la ley hasta dondequiera que conduzca”, como ya hizo con otros casos de alto contenido político.
¿Un periodista o un espía?
Más allá de todas las presiones que hay sobre el Departamento de Justicia para que retire los cargos, la normativa interna que Garland anunció en octubre para ampliar la protección a periodistas podría terminar siendo un factor clave en este caso: con la excepción de un número limitado de circunstancias, la normativa prohíbe usar registros obtenidos durante incautaciones y otros métodos de investigación contra “medios de comunicación en el curso de su labor informativa”.
Las nuevas regulaciones surgen tras una revisión que ha durado un año y debido a las numerosas quejas presentadas por los medios de comunicación contra las tácticas agresivas del Departamento de Justicia durante la Administración Trump para conseguir datos de periodistas y espiar u trabajo en la investigación de filtraciones y otros asuntos sensibles.
A lo largo de toda la carrera de Assange hacia la notoriedad se ha debatido una y otra vez si se debe considerar como un periodista amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, la postura de sus defensores desde hace tiempo, o como un agente malintencionado que hace de “medio para la propaganda extranjera y... [es] un enemigo del pueblo estadounidense”, como dijo una vez el senador republicano por Nebraska Ben Sasse.
Barry J. Pollack, el principal abogado de Assange en Estados Unidos, dice a The Guardian que “las nuevas normas piden claramente a gritos que alguien en las más altas esferas del Departamento de Justicia examine de nuevo esta acusación para ver si es realmente coherente con la nueva política” y para determinar “si este es el tipo de caso que queremos perseguir”.
Assange es una figura polarizadora desde que hace 12 años WikiLeaks empezó a publicar y a compartir con The New York Times, The Guardian y con otros grandes medios de comunicación millones de páginas de información clasificada que le enviaban informantes del Gobierno y otras fuentes. Sus defensores lo celebraron como alguien valiente que destapa la verdad. Sus críticos, entre los que a menudo figuraban los servicios de espionaje, fueron contra él por el daño que según ellos habían causado sus filtraciones a las operaciones en curso.
En 2010, las primeras grandes revelaciones de WikiLeaks documentaron los abusos y errores militares de EEUU en Irak y en Afganistán. Assange fue ganando más notoriedad y atención con cada uno de los paquetes de información filtrada que siguieron: desde los telegramas secretos (comunicaciones diplomáticas) del Departamento de Estado hasta las herramientas de la CIA para hackear.
Además de los cargos por las inmensas filtraciones, Assange se enfrentaba en Suecia a una acusación por agresión sexual, pero la demanda fue retirada después de que los fiscales suecos dijeran que las pruebas no eran lo suficientemente sólidas. En 2012 se refugió en la embajada londinense de Ecuador para evitar su captura y en virtud de un acuerdo por el que se le concedió asilo político. Según información publicada el año pasado por Yahoo News, la CIA y la Administración Trump estaban tan obsesionadas con los secretos expuestos por WikiLeaks que llegaron a considerar la posibilidad de sacar a Assange de la embajada para asesinarlo.
Durante el Gobierno de Trump, el Departamento de Justicia presentó por primera vez una demanda penal contra Assange en 2019, el año en que las autoridades británicas lo sacaron a rastras de la embajada para detenerlo. “Esto es ilegal, no me voy”, gritaba un Assange desaliñado y con una larga barba blanca.
En enero de 2021, Biden no llevaba ni dos semanas como nuevo presidente y el Departamento de Justicia volvía a pedir una y otra vez a los tribunales británicos que revisasen la petición estadounidense de extraditar a Assange. Tras una larga batalla en los tribunales británicos, la entonces ministra del Interior, Priti Patel, aprobó en junio la petición estadounidense. Assange ha recurrido esa decisión con el argumento de que lo están “persiguiendo y castigando por sus opiniones políticas”.
Filtración de secretos gubernamentales
En la acusación de 2019 la mayoría de los 18 cargos contra Assange se centran en la publicación en Internet de información secreta militar y gubernamental por parte de WikiLeaks. Gran parte de esa información fue proporcionada por la informante y exmilitar estadounidense Chelsea Manning. Solo en uno de los cargos se dice que Assange trabajó activamente ayudando a Manning a conseguir la información secreta, cuando los fiscales acusan a Assange de ofrecer su ayuda para que Manning lograra descifrar la contraseña de un sistema militar confidencial, un intento que fracasó.
Manning terminó siendo condenada a 35 años de prisión por filtrar secretos gubernamentales y en 2017 el entonces presidente Barack Obama conmutó el resto de su condena poco antes de abandonar el cargo. Durante una vista de 2013 ante un consejo de guerra, Manning volvió a decir que WikiLeaks nunca ejerció ninguna presión sobre ella para obtener material secreto de los sistemas informáticos del ejército. “Las decisiones que tomé de enviar información y documentos a [WikiLeaks] y al sitio web fueron mis decisiones y asumo la plena responsabilidad de mis actos”, dijo.
Según Jaffer, de la Universidad de Columbia, acusar a Assange por obtener y publicar información confidencial sin que haya tenido ningún papel activo en el robo de esa información representa “el cruce de un rubicón legal”. Es un umbral legal peligroso para Assange y para todos los periodistas, según Jaffer: “Es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos utiliza la Ley de Espionaje para perseguir a un editor y las implicaciones son enormes”.
“Assange ha sido acusado por una actividad que los periodistas llevan a cabo todos los días y que los reporteros necesitan hacer todos los días para informar al público”, dice. “Esto podría tener graves implicaciones para el periodismo relacionado con los temas de seguridad nacional”.
Traducción de Francisco de Zárate.