Ducharse, lavarse los dientes, beber agua del grifo, cocinar o regar las plantas. Son algunas actividades para las que necesitamos agua. Y que sea dulce. Los habitantes de Uruguay llevan con problemas para realizarlas desde hace casi tres meses. Todo por una sequía que afecta desde noviembre sin precedentes en el país en los últimos 70 años y que ha sido acuñada como “la niña”. Ante la falta de agua en los embalses, el 4 de mayo el Gobierno de Lacalle Pou ha respondido mezclando la escasa agua dulce de la que disponían con la del río de la Plata, donde se encuentra una gran carga de sales por su contacto con el Océano Atlántico. El resultado: un agua que los expertos recomiendan no beber, que empeora la salud y que ha supuesto una crisis en el país.
La situación ha ido empeorando con el paso del tiempo. Los uruguayos llevan al menos dos meses bebiendo agua más salada de lo recomendado. Para potabilizarla, la empresa pública Obras Sanitarias del Estado (OSE), encargada de la gestión del agua, ha decidido aumentar los niveles de cloruro y sodio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja no superar los 200 miligramos de sodio por litro de agua. Actualmente, la presencia de este metal alcalino en el agua que sale de los grifos de Uruguay es de 440 miligramos por litro, más del doble, y las previsiones gubernamentales apuntan a que continuará en aumento.
Sobre todo en Montevideo
El problema de la salinización afecta sobre todo a la capital de Montevideo y su área metropolitana, donde viven unas dos millones de personas que representan el 60% de la población total del país. La población con el mayor riesgo al beber este tipo de agua son los hipertensos, las embarazadas y los bebés. El Gobierno comunicó que si no se estaba en ese grupo, podría beberse el agua pero voces expertas alertan de los problemas de salud que genera consumirla.
La solución para ello es tomar el agua embotellada “pero genera un sobrecoste para las familias y más plásticos que se depositan en el medio ambiente”, recuerda Daniel Pena investigador en sociología y conflictos ambientales en la Universidad de la República. “Tenemos que comprar ocho litros de agua al día como mínimo. El bidón sale a 130-150 pesos aproximadamente [unos 3,60 euros]. De hecho, ante la elevada demanda, los precios del agua embotellada, gestionados por empresas privadas, han subido”, cuenta Maxi Fajardo desde Montevideo. “Ante una situación de crisis, se aprovechan de la necesidad humana”, dice Constanza Martínez, de la campaña ecologista Fridays For Future Uruguay.
El agua salada también supone un riesgo dermatológico, ya que el agua salada deteriora la piel y el pelo. “Cuando llevas 60 o 70 días duchándote bajo estas condiciones, se acaba notando”, asegura Gerónimo Olmando, consultor de asuntos públicos y de Gobierno en Montevideo. “Los investigadores químicos dicen que nos bañemos con las ventanas abiertas para no respirar los trihalometanos del agua al evaporarse”, aunta Pena, el investigador.
En Uruguay es invierno y, según Olmando, la “reacción en cadena” ha afectado a otros ámbitos de los hogares, como el mantenimiento de los calefactores. “La cantidad tan elevada de sal los estropea. Cuestan unos 10.000 pesos uruguayos [unos 200 euros], para quien pueda pagarlo. Tantos se han roto que las tiendas que los venden han mejorado sus ventas un 200%”, explica a elDiario.es.
Ante esta situación, los movimientos sociales, los trabajadores de la empresa pública Obras Sanitarias del Estado y la oposición política llevan casi dos meses demandando actuaciones al Gobierno.
Este martes el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, decretó la emergencia hídrica para la capital y alrededores. Como medida de mitigación para paliar la subida de los costes del agua embotellada, el Gobierno anunció la supresión total del IVA. También ha distribuido agua en botellas a la población más desfavorecida. El Frente Amplio, partido de la oposición y del que fuera presidente José Mujica, avala las propuestas pero las considera “tardías”.
Pese a la mala calidad del agua en las casas, la empresa pública del agua sigue cobrando la misma tarifa que de costumbre. “No puede ser que nos cobren por un agua de tan mala calidad”, cuenta Daniel Pena, activista en Coordinación por el Agua. “Es paradójico que Uruguay fuese el primer Estado del mundo en reconocer el derecho al acceso al agua constitucionalmente”, comenta en referencia al plebiscito de 2004 aprobado por un 64% de los ciudadanos.
El presidente de la empresa pública rechaza la exoneración del coste del agua porque considera “que sería hacer pagar al interior del país por un problema de Montevideo” y apela al ahorro individual.
Problemas derivados del pasado
Además de la sequía, la actual crisis se relaciona con años de mala gestión. Según el diario El Observador y las fuentes consultadas, las cañerías hace años que pierden entre un 30% y 50% del agua que transportan por falta de mantenimiento. La empresa pública OSE ha recortado el personal de empleados desde 2018, ya durante el gobierno del progresismo con el Frente Amplio. “Los dos factores son clave para entender la poca capacidad de reacción y gestión del Gobierno”, explica Daniel Pena, que demanda “una mayor información de la calidad del agua por las instituciones”.
Aunque un ente público gestione el suministro de agua, hay grandes empresas con pequeños y grandes embalses en propiedad. Tanto académicos como movimientos sociales las señalan como culpables del agravamiento de la crisis por hacer un “acaparamiento” del uso del agua dulce de ríos, arroyos y aguas subterráneas, una práctica que definen como “extractivismo”.
La mayor parte de las exportaciones de Uruguay proceden de la agricultura, el cultivo de soja y arrozales, las fábricas de celulosa de madera y papel y las embotelladoras. Para todas estas actividades se necesita agua. Pero el país no cobra por el agua pública que utilizan las empresas privadas para sus usos industriales, pese a que la ley así lo establezca. Es decir, una empresa arrocera riega con agua de dominio público, pero no paga ningún canon extra por ello. “Se puede decir que somos un exportador de agua a un precio demasiado barato”, opina Constanza Martínez.
“La empresa finlandesa UPM consume cada día el agua equivalente a 96 millones de personas y reducen un 50% la disponible en los ríos”
Entre estas grandes empresas extranjeras se encuentran la finlandesa UPM-Kymmene, dedicada a la celulosa, la arrocera brasileña SAMAN, la Union Agriculture Group, dedicada al cultivo de soja, y SALUS, del grupo francés Danone, dedicada al embotellamiento de agua dulce.
“UPM consume cada día el agua equivalente a 96 millones de personas y reducen un 50% la disponible en los ríos”, asegura Daniel Pena argumentando investigaciones científicas del país. “Y es solo una de estas corporaciones”, subraya. Según el investigador medioambiental, para el monocultivo de eucaliptos, esta multinacional controla 406.000 hectáreas del país. “El porcentaje del consumo de agua total de la población frente al de las empresas es ínfimo, pero son los primeros quienes más lo padecen ahora mismo”, sostiene Martínez, la activista de Fridays For Future.
A esto hay que sumar los residuos contaminantes de las actividades productivas. “Para el eucalipto se permiten hidroquímicos prohibidos en Europa que luego van a los ríos. La soja necesita de fertilizantes químicos para evitar los mosquitos. Escurre, desemboca en el agua natural y se generan cianobacterias, que son tóxicas para el ser humano y el medio ambiente”, detalla Pena. “Esto supone un mayor proceso y aumento de la dificultad para el proceso de potabilización del agua y cada vez llega menos, en peores condiciones y es más cara”, indica.
Según él, “es un problema que ya viene del Gobierno de Mújica” porque “con el boom de la exportación de la soja del 2011 al 2013 se cedieron de forma casi gratuita terrenos a las grandes multinacionales. Así se aumenta el PIB del país y se puede pedir más préstamo bancario, que luego alegan usarlo en políticas sociales”. “Hay responsabilidades políticas de los dos partidos de Uruguay en cuanto desembocan en problemas de la crisis climática”, afirma.
En su opinión, es algo repetido en más países: “Sucede igual con Lula en Brasil. Está bien que se centren en las políticas sociales, pero hacerlo a base de deforestar bosques a la larga trae menos empleo y empeora las condiciones de vida en el interior del país. La deforestación hace también que llueva menos”.
Posibles soluciones
“Que empiece a llover no resolverá el problema”, dice Constanza Martínez. Sobre la medida de la reducción de impuestos a las embotelladoras, la califica como cortoplacista. “Reducir los aranceles no asegura que llegue más barata a los consumidores. Los bidones de agua ya habían subido y veremos estas semanas si el precio se sitúa por debajo de lo que pagábamos antes de la crisis”, explica.
Preguntados por posibles medidas para solucionar el problema, además de cancelar los cobros de la OSE por el agua al mínimo, tanto Constanza Martínez como Daniel Pena coinciden en varias ideas: un plan de contingencia urgente para asegurar el suministro a hospitales, escuelas y residencias; una mayor participación social en la toma de decisiones, restricciones al consumo de agua a los grandes consumidores no residenciales que no brinden servicios de primera necesidad, arreglar “de forma inmediata” las cañerías y aumentar el personal de la OSE, la apertura de los embalses de agua privatizados no autorizados y la prohibición de plantación de soja o reforestación de especies exóticas —como el eucalipto— para madera.
Gerónimo Olmando considera que “la gestión ha sido tardía” y urge “que las instituciones se sienten y decidan planes de contingencia, se trata de exigir al sistema político que se siente a conversar y dé una respuesta de estado”. Y defiende, enfadado, que el problema no puede volver a repetirse “en uno o cinco años”. “Tenemos que prevenir esta situación y que no nos falte el agua dulce”, insiste.
“Hay que ir a por soluciones profundas y estructurales y repensar el modelo productivo”, sostiene Pena. Para Constanza Martínez, “es un momento clave también para concienciar a las personas sobre los problemas climáticos y las consecuencias que traen”.