El PP de Alberto Núñez Feijóo ha llevado hasta el extremo su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez en Bruselas con el cuestionamiento de la gestión de la DANA que se cobró la vida de más de 200 personas en Valencia. Proteger a Carlos Mazón, que estuvo fuera de juego en las horas previas a la catástrofe, y atacar a Teresa Ribera es la estrategia que los populares españoles externalizaron a Europa en el momento clave: el examen de la socialista para incorporarse al gabinete de Ursula von der Leyen como vicepresidenta de Competencia.
Una vez que la evaluación de todos los vicepresidentes se ha pospuesto por ahora sin fecha –mérito que se ha atribuido el PP de Feijóo– y que la ‘mayoría Von der Leyen’ de PPE, socialistas y liberales pende de un hilo, la delegación de los conservadores españoles redoblaron la ofensiva en un debate sobre la DANA, que se celebró en un hemiciclo prácticamente vacío, pese a que ha situado en la gestión de la catástrofe el nuevo argumento para rechazar a la candidata de Pedro Sánchez. “¿Precisamente la ministra competente va a ser premiada cuando todavía hay cuerpos sin recuperar debajo del barro?”, se preguntó el eurodiputado Esteban González Pons.
La estrategia de desgaste contra el Gobierno en Europa no es nueva. La inauguró Pablo Casado, que tuvo en la pandemia sus momentos más álgidos, cuando llegó a pedir a la Comisión Europea que investigara las cifras de fallecidos por coronavirus en España. El foco lo puso, no obstante, en la gestión de los fondos europeos.
Todo comenzó en la pandemia
Los primeros palos en las ruedas intentó ponerlos durante la negociación de los términos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que supuso un balón de oxígeno para los países más golpeados por la crisis de la pandemia, como España e Italia. La intención del PP español era que las ayudas estuvieran condicionadas para que la coalición de PSOE y Unidas Podemos no pudiera cumplir medidas de su programa de gobierno, como la reforma laboral. No tuvo éxito y, de hecho, buena parte de las promesas del acuerdo rubricado por Sánchez y Pablo Iglesias fueron parte del plan de recuperación por el que España ha recibido ya más de 50.000 millones de euros.
Pero el PP se ha dedicado todo este tiempo a sembrar dudas sobre la gestión de los fondos europeos. Incluso forzó una misión del Parlamento Europeo, que en muchas ocasiones logró vender como una investigación de la UE. Incluso siendo un órgano completamente politizado y controlado por una de las suyas, aquella delegación no encontró ningún indicio de infracción.
Pasó sin pena ni gloria tras meses de ruido y de acusaciones, como mínimo, de falta de transparencia en la gestión. Pero las sospechas sobre el mal uso de los fondos fue una constante y Casado llegó a decir que había un aviso por gasto público excesivo que era inexistente, como le enmendó la propia Comisión Europea.
El Poder Judicial y la amnistía
Otra de las peleas, ya con Feijóo al frente del PP, tuvo que ver con la reforma de las pensiones, al cuestionar que el Gobierno fuera a cumplir ese hito del plan de recuperación. Los populares se llevaron un nuevo varapalo. Finalmente, esa reforma salió adelante. Pero Feijóo cuestionó en Bruselas ese pacto con el gobierno comunitario y aseguró que la reforma que incendió las calles de Francia era mejor.
Pero la gran batalla del PP ha sido cuestionar la situación del estado de derecho en España. En este caso, utilizó la plataforma del Parlamento Europeo, que muchas veces desde Madrid se desvirtúa y se pierde de vista que es una institución politizada en la que el PPE se ha aliado con la extrema derecha en numerosas ocasiones. “El problema del estado de derecho en España es su Gobierno”, fue el mensaje que dejó la delegación española popular en uno de los debates en el que Vox aseguró que era el “peor de la historia” situándolo, por tanto, por detrás en términos democráticos de la dictadura de Francisco Franco.
En la Eurocámara están acostumbrados a la españolización de los debates. En plena precampaña electoral se llegó a celebrar uno sobre el ‘caso Koldo’. Pero el verdadero quebradero de cabeza en Bruselas fue la reforma del Poder Judicial que el PP bloqueó durante casi cinco años, a pesar de que era una de las advertencias de la Comisión Europea en sus informes sobre la situación del estado de derecho en España.
Finalmente el PP de Feijóo reclamó una inédita mediación a la Comisión Europea, que le servía de parapeto a la hora de llegar a un acuerdo tras haber volado los puentes en dos ocasiones con el acuerdo ya hecho. El partido, a través de Esteban González Pons, había maniobrado con el comisario de Justicia, Didier Reynders, antes de una de sus visitas a España con motivo del desbloqueo del CGPJ.
Una crisis sin precedentes
Aún así, el Gobierno aceptó la mediación y, tras varios escollos puestos por el PP, que llegó a poner en riesgo la que había sido su propuesta, se llegó a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
Una de las excusas que el PP puso para negarse a negociar la renovación del CGPJ fue la aprobación de la amnistía para los líderes independentistas. Y también ese tema lo han utilizado, por el momento con poco éxito, en Bruselas. PP y Ciudadanos llegaron a enviar una carta a los embajadores de la UE para advertirles de la “degradación democrática” en España.
El uso, en concreto, de la Eurocámara para atizar a Sánchez ha sido una constante: coronavirus, caso Koldo, negociación con los independentistas, y un largo etcétera en la hemeroteca. Y ahora los populares van un paso más allá al desgastar a Ribera incluso si eso supone volar por los aires la mayoría que tradicionalmente opera en la UE junto a socialistas y liberales y aboca a una crisis política de consecuencias desconocidas.