La sentencia que el pasado miércoles dictó la justicia de Luxemburgo contra los delatores del escándalo LuxLeaks ha reavivado el debate sobre la necesidad de establecer una ley de ámbito europeo que proteja a los denunciantes de estos casos. Hoy en día, su amparo varía en cada país y las normas comunitarias están fragmentadas por sectores.
La Corte de Apelación de Gran Ducado condenó a Antoine Deltour a seis meses de cárcel y una multa de 1.500 euros y a Raphael Halet, a una sanción de 1.000 euros. El periodista Edouard Perrin fue absuelto. “Esto demuestra la indefensión de denunciantes e informadores, incluso cuando se trata de cuestiones de interés público”, se lamenta el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun. Sin la denuncia, “nunca podríamos haber demostrado la existencia de estos acuerdos fiscales inmorales e inaceptables entre las grandes empresas y la administración tributaria de Luxemburgo”, continúa.
El jefe de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, recuerda que “los filtradores de estos documentos han puesto en riesgo su carrera profesional y su integridad personal” y cree que “deberían tener el reconocimiento de la sociedad por su valentía”. Ambos eurodiputados se encuentran entre los que estos días han vuelto a reclamar una ley a nivel comunitario.
La demanda se remonta en el tiempo y ante esta situación, la Comisión Europea lanzó el pasado 3 de marzo una consulta pública sobre cómo debería mejorar la legislación en vigor. Dejando claro, eso sí, que respetará la división de competencias entre el Ejecutivo comunitario y los Estados miembros. “Los delatores pueden desempeñar un papel crucial en lo que respecta al lavado de dinero, fraude y corrupción”, dijo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, al anunciar la consulta. Pero puntualizó que “hay que medir con cuidado cuál es el mejor camino hacia adelante y a qué nivel debemos actuar para protegerles”.
Las áreas que contemplan las normas comunitarias van “desde la auditoría y las reglas de blanqueo de capitales, hasta el intercambio de secretos, abuso de mercado o requerimientos de capital”, recordó la comisaria. Y España, junto a Polonia, Holanda y Portugal, no ha transpuesto aún la directiva que busca proteger a las personas que denuncian abusos de mercado. Bruselas instó el mes pasado a estos cuatro países a que adopten la regla.
Urtasun desea que “la norma europea que la Comisión está elaborando prospere y no sea bloqueada por los países que tienen mucho que esconder”. Y sobre qué aspectos debería contener esta directiva, Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, está entre los que cree que hay que “establecer un estatuto de protección” del delator, para que quienes deseen denunciar un suceso, sepan que no tendrán represalias.
La medida que está estudiando la Comisión Europea no es la única a nivel comunitario. El año pasado el grupo de los Verdes presentó una propuesta de directiva para la defensa de filtradores como el LuxLeaks o los Papeles de Panamá. Aunque Marina Albiol, de Izquierda Unida, cree que “habría que ir un paso más allá”, de tal forma que la protección se estableciera a todo tipo de filtradores, como por ejemplo, aquellos que denuncian abusos de derechos humanos.