El dictador Obiang presume de que en Guinea Ecuatorial “prácticamente no hay torturas”
El dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang ha señalado que en su país “prácticamente no hay torturas”. En declaraciones a TVE, Obiang, uno de los mandatarios africanos que más tiempo lleva en el poder, saca pecho por la situación de un país, antigua colonia española, que acaba de cumplir los 50 años de independencia.
En su último informe sobre Guinea Ecuatorial, la organización Amnistía Internacional, afirma que los defensores y defensoras de los derechos humanos sufren “hostigamiento, intimidación y detención arbitraria” y que el derecho a la libertad de asociación y de reunión “son objeto de restricciones”. Además, esta ONG añade que en el país se detiene y golpea arbitrariamente a personas que asisten a concentraciones pacíficas y que las niñas embarazadas “tienen prohibido asistir a la escuela”.
Respecto a las torturas, Obiang cree que son invención de los activistas: “Yo creo que es una especulación, no tenemos necesidad de torturar a nadie. Ellos tienen que decir qué es lo que entienden por torturas (...). No hay ningún opositor en la prisión”, señala.
Teodoro Obiang llegó al poder tras un golpe de Estado, en 1979. Desde su independencia, Guinea Ecuatorial sólo ha tenido dos presidentes, Fernando Macías (quien accedió al poder tras elecciones, pero estableció una dictadura estricta) y el propio Obiang, sobrino de Macías.
Pese a los sustanciosos ingresos petrolíferos de los que disfrutan las élites guineanas, en el ránking de desarrollo humano, que mide las condiciones de desarrollo en 189 países, Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 141. La mayor parte de la población vive con menos de dos euros al día.
“La ONG Human Rights Watch hizo público un informe este junio que ponía de relieve la falta de inversión en salud y educación pese al aumento, durante dos decenios, del PIB per cápita gracias principalmente a los ingresos derivados del petróleo”, recuerda Amnistía Internacional. “El gobierno seguía concentrando el gasto en grandes proyectos de infraestructuras, de los que algunos funcionarios públicos se lucraban, a costa de los sectores de la salud y la educación”, añade la ONG.
