Egipto no ha abandonado la situación límite

La situación social, económica y política que atraviesa Egipto en estos momentos podría dar lugar a una revolución. De hecho, hay quienes incluso ven con cierta melancolía la situación previa a la revolución de 2011 que llevó a la dimisión de Hosni Mubarak, motivada, entre otras razones, por un mandato de corrupción extrema.

Egipto se encuentra con una situación económica límite. Un cuarto de la población vive en la línea de pobreza con dos dólares al día y un desempleo superior al 13%, además de una inestabilidad política que ha lastrado la inversión extranjera y el turismo, una represión policial alarmante, el acoso a organizaciones de defensa de derechos humanos, periodistas, actores sociales y un poder militar cada vez más acentuado.

El Gobierno actual del exjefe del Ejército, Abdelfatah al Sisi, quien llegó al poder tras un golpe de estado en 2013 que puso fin al Gobierno de los Hermanos Musulmanes elegidos democráticamente, está situando al país de nuevo en una situación extrema. Nunca fue fácil la gobernanza del país norteafricano más poblado (90 millones), situado además en una posición estratégica privilegiada, con una pobreza y analfabetismo que afectan a más de una cuarta parte de la población.

La revolución de 2011 en Egipto aceleró el camino para lo que ha sido el continuo histórico de cualquier sociedad: la lucha de la libertad y la justicia social. Mubarak entregó el poder al SCAF (Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas) y se mostraron las alternativas a su poder. No eran muchas. Se asistió a una emergencia de formación de grupos políticos y surgió un nuevo problema: quién era más legítimo para representar al islam.

Allí estaban los Hermanos Musulmanes, la corriente principal del movimiento islamista contemporáneo, denominado también, y quizás por alguna razón, reformismo islámico. El movimiento fue inaugurado a finales de los años veinte del siglo pasado por el maestro de escuela egipcio Ḥasan al-Bannā, quien vio en los valores de la religión una forma de luchar contra el colonialismo británico. La influencia de las Hermanos en el mundo asociativo educativo y de beneficencia fue determinante desde su formación.

Desde entonces, los gobernantes egipcios apoyaron o denigraron la religión en función de la legitimación que ansiaban. Lo demuestra, por ejemplo, el caso de Nasser, quien, aseguran, llegó a prestarles juramento. Sin embargo, en uno u otro momento, los gobernantes coincidieron en relacionarlos con el islamismo violento y la oposición terrorista. La marginación política sistemática, lejos de frenar su expansión, los llevó a volcarse en la sociedad civil.

En la manifestación que dio lugar a la revolución en enero del 2010, los Hermanos se mantuvieron al margen autorizando a sus miembros a participar a nivel individual. La táctica dio sus frutos: tras la dimisión de Mubarak, las Fuerzas Armadas los introdujeron en el proceso de transición, pues su notoriedad los hacía imprescindibles. Los resultados fueron el premio a años de trabajo con los sectores más desfavorecidos. En las primeras elecciones parlamentarias después de la destitución de Mubarak en 2011, el nuevo Partido Justicia y Libertad, vinculado a los Hermanos, ganó la mitad de los escaños de la Asamblea Popular. Mohamed Morsi se erigió después como el primer presidente egipcio de los Hermanos, con el 51,9% de los votos en 2012.

En julio de 2013, millones de personas salieron a la calle para reclamar la renuncia de Morsi. Protestaban por la influencia mayor del islam en el Gobierno pero, sobre todo, por la ampliación de poder del presidente. Hay indicios de que la organización civil Tamarod (Rebelión), que pidió la renuncia de Morsi, había estado apoyada por el Ejército, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, la seguridad de Estado y los fouloul (partidarios del antiguo régimen).

A pesar de todo, la Constitución recién firmada fue aprobada en referéndum con un 64% de los votos. Había que remontarse hasta 1971 para comparar la última Constitución con esta, que incluía también cambios positivos, como, por ejemplo, la libertad de los medios de comunicación para informar.

El Ejército tomó el Gobierno y se inició un nuevo ciclo para los Hermanos de ilegalidad, persecución y condena a muerte. Desde entonces, 50.000 personas han sido arrestadas por su oposición a Al-Sisi, 3.000 han muerto a manos de la seguridad y se han prohibido varios partidos políticos. Tras el golpe de Estado y el derrocamiento de los Hermanos, Emiratos Árabes y Arabia Saudí concedieron al Gobierno ayudas y préstamos por valor de 23.000 millones de dólares para financiar la economía y reconstruir el Estado.

Por su parte, EEUU aporta 1.300 millones de dólares anualmente para ayuda militar, pues así favorece un Gobierno que respeta el tratado de paz con Israel, y que ayuda a la estabilidad y a políticas antiterroristas.

Arabia Saudí acogió a muchos de los Hermanos que huyeron de Egipto en los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, su presencia favoreció una corriente islamista saudí crítica con el absolutismo de la familia real y con determinadas políticas, como la alianza con Estados Unidos.

La llegada al poder de los Hermanos en las urnas supuso un desafío para el régimen saudí, pues mostró un islamismo compatible con la democracia, además de una posible reconciliación entre el Egipto de Morsi e Irán lo que inquietó vivamente. De allí que el país apoyara el golpe e incluyera a los Hermanos en la lista de organizaciones terroristas.

En julio, Al-Sisi recibió un préstamo del FMI para escapar de la quiebra. A cambio se comprometió a reducir el déficit al 5,5% del PIB y la deuda, al 88% en 2018-2019. Con ello, intenta favorecer las exportaciones y el turismo, y atraer inversiones extranjeras para impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

En la actualidad, son muchas las dudas y preocupaciones. Al-Sisi y su régimen militar se dedican, más que a cercar a los denominados terroristas, a hacerlo con periodistas, activistas de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc. Una represión que no tiene que ver solo con una facción religiosa sino con todo aquel espacio que se ensancha democráticamente. Una buena parte de los encarcelados no son islamistas sino progresistas, y el delito de estos últimos consiste en manifestarse contra la dura opresión militar y del régimen.

Posiblemente, las ayudas económicas deberían condicionarse a que Al-Sisi elimine la represión policial y permita mayor discrepancia pública. La posibilidad de que los egipcios rompan en cólera en un futuro próximo se mantiene. Y quizás, si aún no se ha materializado, es porque no se ha encontrado una alternativa a la autoridad ya existente. Se debería privilegiar la acción política y económica concreta en detrimento de la abstracción religiosa. Ni la política ni la religión son conceptos cerrados, claros y con límites estrictos, y la represión crea siempre radicalización.