La pandemia de coronavirus y el sistema sanitario
Mientras la pandemia de coronavirus avanzaba rápidamente por Estados Unidos, la promesa más importante de Joe Biden al pueblo estadounidense era una política que antes de la presidencia de Trump se daba por sentada: creer en la ciencia.
Estados Unidos ya se estaba quedando por detrás de otras naciones desarrolladas en un abanico de medidas de salud clave cuando la pandemia de la COVID-19 golpeó, y es probable que llegue lo peor justo cuando la administración Biden-Harris asuma el cargo.
Después de que Donald Trump decidiera restarle importancia a la amenaza del virus y propagar teorías conspirativas, Estados Unidos se puso a la cabeza en infecciones y muertes por COVID-19 en todo el mundo.
Actualmente se diagnostican más de 100.000 casos al día. Los expertos predicen que hasta 200.000 estadounidenses al día podrían dar positivo para el Día de Acción de Gracias (26 de noviembre). 238.251 estadounidenses ya han muerto a causa del COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Algunos análisis sugieren que más de 90.000 estadounidenses han muerto innecesariamente –y estas cifras probablemente no representan el alcance real del problema–.
Biden ha prometido “un liderazgo disciplinado y de confianza basado en la ciencia”, incluyendo otro paquete de estímulos, un sistema de pruebas y tratamientos sólido y gratuito, inversión en la planificación de la pandemia y más apoyo a las autoridades de salud pública que no tienen financiación suficiente. Ya está formando un grupo de trabajo sobre el coronavirus.
Al mismo tiempo, Biden tendrá que lidiar con los efectos colaterales de la Administración Trump, especialmente un caso en el Tribunal Supremo que podría anular el logro más importante de la administración Obama-Biden, la Ley de Atención Asequible (ACA), más conocida como Obamacare.
Si se anula el Obamacare, 20 millones de estadounidenses podrían perder el seguro durante una pandemia, sumándose a los 12 millones que perdieron la cobertura financiada por los empleadores en medio de los despidos inducidos por la pandemia, y a los 27 millones que carecían de seguro al comienzo de la crisis sanitaria. Esto haría que la situación de los no asegurados fuera peor que la que impulsó la aprobación de la ley.
También podría tener consecuencias imprevistas. Biden tendrá que contar con una izquierda insurgente animada por el deseo de una asistencia sanitaria de un solo pagador conocida como 'Medicare for All'. Es probable que un reforma no satisfaga a este grupo.
Restablecer la confianza en la ciencia no será sencillo después de cuatro años de mentiras, medias verdades, malentendidos y teorías de conspiración. Jessica Glenza.
La economía
Cuando Biden entre en la Casa Blanca el 20 de enero, muchos epidemiólogos esperan que Estados Unidos ya haya superado la peor fase de la pandemia. Hacia dónde se dirija la economía es menos seguro. La COVID-19 y la economía global están ahora tan entrelazadas que no parece haber una esperanza segura de recuperación económica hasta que el virus esté bajo control.
La pandemia desencadenó una ola de cierres y niveles récord de desempleo y despidos temporales. Unos 20 millones de personas perdieron sus empleos en abril y la tasa de desempleo alcanzó el 14,7%, la más alta registrada. El desempleo cayó bruscamente hasta el 6,9% en octubre, pero las solicitudes semanales de seguro de desempleo siguen siendo históricamente altas y el número de desempleados de larga duración está aumentando. El impacto económico en los pobres, las mujeres, personas racializadas y los jóvenes ha sido terrible.
Biden ha prometido utilizar su poder presidenciales para obligar a las empresas a enfrentarse a la pandemia y a aumentar las pruebas y el rastreo, así como a fabricar más equipos de protección personal y ventiladores.
El exvicepresidente ha dicho que también emitirá nuevos subsidios a los estadounidenses más afectados y aumentará los pagos a los desempleados que fueron recortados por la Administración Trump. Parte del dinero provendría de revertir el mayor logro de Trump –sus recortes de impuestos por valor de 1,5 billones de dólares–.
Se puede esperar que los republicanos intenten bloquear o reducir los nuevos gastos. Habiendo llegado a un déficit presupuestario récord de 3,1 billones de dólares –la brecha entre lo que Estados Unidos gasta y lo que gana a través de los ingresos fiscales y otros ingresos– los republicanos están hablando de la necesidad de equilibrar las cuentas. El camino para el plan de recuperación de Biden será largo y difícil. Dominic Rushe.
Inmigración
En menos de cuatro años, la Administración Trump ha impulsado más de 400 cambios en el sistema de inmigración utilizando todas las vías disponibles –desde órdenes ejecutivas radicales hasta pequeños cambios de reglas fácilmente ignorados por el público en general. Fue un increíble asalto a la inmigración en el que se incluyeron las separaciones familiares y que provocó una ola de condenas internacionales.
Los primeros pasos para Biden será deshacer la mayoría de estos cambios. Algunas políticas necesitarán la intervención del fiscal general de Estados Unidos, otras pueden hacerse a través de órdenes ejecutivas, mientras que otras todavía tendrán que pasar por el mismo proceso de creación de normas que se utilizó para promulgarlas. Muchos de los cambios promovidos por Trump también se han enfrentado a desafíos legales que todavía están abiertos en los tribunales.
La campaña de Biden ha dicho que revocará varios puntos: vetos migratorios a determinados países, restricciones extremas a los solicitantes de asilo y refugiados y la regla de la carga pública, que penaliza a las personas que solicitan la residencia si han sido beneficiarios de ayudas públicas. Se ha informado de que poco después de la toma de posesión, Biden restablecerá las protecciones para los dreamers, personas que llegaron a EEUU sin documentación siendo menores, y revocará prácticamente todos los vetos migratorios de algunos países de mayoría musulmana.
La campaña también ha dejado clara el programa para seguir adelante. Biden apoya la creación de un camino a la ciudadanía para 10,5 millones de inmigrantes indocumentados y el restablecimiento de las protecciones para los dreamers.
Cristóbal Alex, asesor de Biden, declaró a la CBS que Biden terminaría con la lucrativa detención de inmigrantes. Tal movimiento sería en parte un intento de marcha atrás de las políticas muy criticadas aplicadas cuando Biden era vicepresidente en la Administración de Barack Obama, que llevó a cabo más deportaciones que Trump.
Racismo y reforma policial
Biden se ha enfrentado a un intenso escrutinio por la ley de 1994 sobre la delincuencia que condujo a un encarcelamiento masivo de afroamericanos y a desigualdades raciales durante generaciones. Desde entonces ha calificado de “error” su apoyo a la legislación y ha prometido una nueva dirección para la justicia penal, incluidos los esfuerzos por revocar las sentencias mínimas federales obligatorias.
También planea lanzar un programa de subvenciones que anime a los estados y ciudades a reducir el encarcelamiento y ha dicho que ampliará las alternativas a la prisión para ciertos delitos relacionados con las drogas. Además, Biden ha prometido despenalizar la marihuana y borrar las condenas anteriores por consumo de cannabis. Sin embargo, ha declinado apoyar la legalización de la marihuana y se ha enfrentado a críticas de la izquierda por su apoyo a la rehabilitación “obligatoria” para los delitos de drogas, que algunos dicen que es un enfoque punitivo e ineficaz. A diferencia de Trump, Biden ha dicho que trabajará para eliminar la pena de muerte.
Sin embargo, tras los históricos levantamientos de este año contra la violencia policial y el racismo sistémico, es probable que el Gobierno de Biden se enfrente a un intenso escrutinio por parte de los grupos progresistas que han presionado para que se realicen esfuerzos más agresivos para controlar a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Biden ha dicho que ampliará la autoridad del Departamento de Justicia de Estados Unidos para abordar la mala conducta en las oficinas de la policía y la fiscalía locales, una práctica impulsada por la Administración de Obama. Sin embargo, Biden ha rechazado los llamamientos para retirar financiación de los presupuestos de la policía y reinvertir el dinero en servicios. En su lugar, el demócrata ha prometido invertir más fondos en la policía para reformas, incluyendo la diversificación de las fuerzas policiales, la implantación de cámaras corporales y las iniciativas de policía comunitaria (políticas que, según los activistas, han hecho poco para prevenir los abusos).
En cuanto a la justicia en materia de vivienda, Biden se ha comprometido a restablecer las normas antidiscriminatorias que Trump eliminó y ha promovido las iniciativas de desegregación. Sam Levin.
El medio ambiente y cambio climático
Biden se enfrenta a una batalla cuesta arriba para hacer frente a una crisis climática creciente que ha sido ignorada o empeorada activamente bajo la Administración de Trump. Los científicos y los activistas por el clima al menos se han animado por la ambición (tardía) de Biden de abordar lo que él llama una “amenaza existencial” para Estados Unidos. “La ira del cambio climático está aquí y ahora, en EEUU”, dijo Biden después de un año golpeado por incendios forestales y tormentas sin precedentes.
Un primer objetivo puede cumplirse de inmediato: volver a unirse al acuerdo climático de París que Estados Unidos abandonó a instancias de Trump. El segundo emisor más grande del mundo de gases de efecto invernadero será trasladado de nuevo hacia un papel de liderazgo por una comunidad internacional aliviada que está luchando por contener el aumento de las temperaturas, pero será en el ámbito nacional donde Biden tendrá que ganar credibilidad.
Las medidas ejecutivas podrán detener la nueva minería de carbón y la perforación de petróleo en tierras y aguas federales, mientras que probablemente revertirá una serie de retrocesos en la regulación del aire y el agua limpios impulsados por Trump en la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Biden se ha comprometido a luchar contra la contaminación del aire que asola a las comunidades afroamericanas y tiene un plan de 2 billones de dólares para cambiar el país hacia una energía limpia y crear millones de puestos de trabajo en energías renovables. Este plan, junto con cualquier nuevo intento de eliminar las emisiones de carbono del chirriante sector del carbón, dependerá de una amplia acción cooperativa del Congreso, aunque es probable que el Senado siga en manos de los republicanos. Un Tribunal Supremo conservador también puede derribar cualquier intento de la Administración Biden de hacer retroceder los retrocesos.
Algunos se muestran escépticos respecto a que Biden pueda salir de una década de estancamiento político en materia de la crisis climática. Pero también algunas mentes pueden estar centradas en esta crisis ante la creciente alarma entre los votantes estadounidenses. Después de todo, la crisis climática es un desafío temporal y el tiempo se está agotando. Oliver Milman.
Política exterior
Biden ya tiene un programa completo de tareas de política exterior y seguridad nacional planeadas para sus primeras semanas, la mayoría de ellas centradas en deshacer las acciones de su predecesor. De hecho, el 20 de enero será una especie de freno de mano en la relación de Estados Unidos con el resto del mundo. Biden buscará unir lo que Trump ha descosido.
Eso comenzará con la reincorporación al Acuerdo de París sobre el clima y el freno a la salida de la Organización Mundial de la Salud. A finales de enero quedarán poco más de dos semanas para que se ponga en marcha el tratado New Start, el último acuerdo de control de armas que queda tras la era Trump, limitando las cabezas nucleares estratégicas desplegadas por Estados Unidos y Rusia a 1.550 cada uno. Biden tratará de prorrogar el tratado hasta cinco años en un intercambio de notas con Vladimir Putin, ganando tiempo para más negociaciones sobre las existencias de ojivas.
La Administración también comenzará a trabajar en la organización de una cumbre de los grandes países democráticos en 2021. El equipo de Biden considera esta iniciativa una forma de sortear el estancamiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y revitalizar la diplomacia multilateral.
Es probable que otra prioridad sea la reconstitución del acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Desde que Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo en 2018 e impuso sanciones generales a Irán, Teherán ha estado ignorando las limitaciones de sus actividades nucleares que aceptó como parte del acuerdo. Salvar el acuerdo implicará negociar una secuencia de pasos por los cuales cada país vuelva a donde estaba hace dos años antes de la derogación de Trump.
El enfrentamiento con China en el Pacífico occidental también estará en el escritorio del presidente, pero la prioridad que tendrá en el montón de labores urgentes depende de Pekín y de si intenta aprovecharse de la transición en Estados Unidos con un movimiento agresivo hacia Taiwán o en el Mar del Sur de China. Julian Borger.
Los tribunales
Antes de la elección, la pregunta era: ¿qué hará Biden con el Tribunal Supremo? El secuestro por parte de los republicanos del Senado de un asiento de la corte y un juego de poder para llenar otro escaño en la víspera de la elección ha provocado fuertes peticiones de la izquierda para que el presidente Biden amplíe el número de miembros del Tribunal.
Pero esos llamamientos confiaban en que los demócratas tomaran el control del Senado, lo que todavía podrían hacer, pero eso requeriría una improbable victoria en las dos elecciones de segunda vuelta al Senado de Estados Unidos en Georgia el próximo 5 de enero.
Como candidato, Biden anunció que convocaría un grupo de trabajo para formular recomendaciones sobre la posibilidad de añadir jueces al tribunal, instituir límites de mandato y otras medidas. Aparte de eso, la labor que debe realizar Biden para dar forma a los tribunales federales es limitada, en cierto sentido, porque Trump y su cómplice Mitch McConnell ya lo hicieron todo. Trump no está dejando ninguna vacante en los tribunales de apelación de Estados Unidos –el nivel por debajo del Tribunal Supremo– y relativamente pocas vacantes en los tribunales de distrito para la próxima administración a llenar. Por el contrario, Trump llegó a la oficina con 17 vacantes en la corte de apelaciones para completar, gracias a la obstrucción por parte de McConnell de los candidatos nominados por Barack Obama.
Pero la administración Biden tiene un importante trabajo por delante en lo que respecta a los tribunales. Un número de jueces nombrados por presidentes demócratas que pospusieron su jubilación durante la presidencia de Trump ahora podrían jubilarse, creando vacantes para las cuales los jueces deben ser revisados y examinados.
De una manera más amplia, la Administración Biden tendrá que abordar una crisis de legitimidad en los tribunales, creada por la confirmación de Amy Coney Barrett y, en un sentido más amplio, por como los republicanos utilizaron las palancas de poder del Senado para instalar una mayoría conservadora en el Tribunal, que tiene un enorme poder sobre la vida cotidiana de los estadounidenses, pero que no refleja el pueblo del país o sus puntos de vista.
Las grandes compañías tecnológicas
En su primer mandato como presidente, Biden tendrá que participar en la campaña en curso para hacer frente al poder del monopolio en la industria tecnológica. Aunque las acusaciones del Departamento de Justicia contra Google en octubre fueron encabezadas por la Administración Trump, una administración bajo Biden puede tomar las riendas y continuar el esfuerzo bipartidista.
También está el tema de cómo abordar las cuestiones laborales en la 'gig economy' o economía del bolo [trabajos esporádicos que tienen una duración corta y en los que el contratado se encarga de una labor específica dentro de un proyecto]. Biden defendió el fortalecimiento de los sindicatos como una de sus propuestas clave y se espera que busque una reforma en este sector. En su campaña prometió “asegurar que los trabajadores de la 'economía gig' reciban los beneficios y protecciones legales que se merecen”.
La aprobación de la Proposición 22 de California, un proyecto de ley que exime a las empresas de la economía gig de las leyes laborales y a la que Biden se opuso, representa un gran revés para esta misión.
Biden también prometió en su campaña invertir 20.000 millones de dólares en infraestructura de banda ancha rural. “La banda ancha universal es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo y que es fundamental para el éxito económico ampliamente compartido”, dijo Biden. Esto incluye la ampliación del Programa Lifeline del Gobierno, un proveedor de servicios de teléfono e Internet subvencionado para dar a más estadounidenses acceso a Internet.
Biden se ha pronunciado en el pasado contra la sección 230, una parte de la Ley de Decencia en las Comunicaciones que exime de responsabilidad a las plataformas tecnológicas sobre el contenido que publican los usuarios. En enero dijo que la sección 230 “debería ser revocada inmediatamente” para Facebook y otras plataformas.
La revocación del artículo 230, que la organización de derechos digitales sin fines de lucro Electronic Frontier Foundation denomina como “la ley más importante de protección de la libertad de expresión en Internet”, tendría graves consecuencias. Los blogs y las redes sociales tendrían un aspecto radicalmente diferente, reduciendo el alcance de lo que los usuarios pueden publicar y limitando potencialmente la frecuencia con que pueden publicar contenidos. Kari Paul
Traducido por Lara Lema