España mantiene viva la propuesta de que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la UE y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lo ve un motivo de celebración: “Cuando se trata de unanimidad, no importan los votos, importan los vetos y no hay vetos”. Así, la petición española sigue sobre la mesa de los 27 tras una nueva cita del Consejo de Asuntos Generales, a pesar de las reservas expresadas por varios países. Para el Gobierno en funciones la solicitud es clave dado que es uno de los compromisos de Pedro Sánchez y Junts ha elevado el tono al reclamar más esfuerzos diplomáticos dado que, advierte, ha llegado “el tiempo de descuento”.
Albares volvió a colar el asunto en la reunión celebrada en Luxemburgo este martes después de que el pasado 19 de septiembre se examinara la propuesta por primera vez. En aquel momento, varios países expresaron sus dudas respecto a la inclusión de esas tres lenguas en el catálogo de oficiales de la UE. El jefe de la diplomacia española ha llegado con un discurso más pulido al asegurar no sólo que España correrá a cargo de los costes sino con un argumentario que apunta a la “especificidad del caso español” para evitar que el debate se abra a las 80 lenguas minoritarias que existen en el continente.
“La reforma propuesta se circunscribe exclusivamente al caso de España, dado que cumple unos requisitos únicos en la Unión y, por tanto, otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro no lo desea”, ha señalado tras la reunión del Consejo de Asuntos Generales. Entre las particularidades que distinguen al catalán, el euskera y el gallegó ha mencionado su estatus reconocido en el ordenamiento constitucional, el uso en el Parlamento español, los acuerdos administrativos que rigen su uso en la Unión Europea desde hace décadas así como el depósito de copias certificadas de los tratados ante el Consejo de la Unión Europea en esas lenguas. “Todo este grupo de condiciones solo lo cumplen las lenguas cooficiales españolas en la Unión”, ha dicho Albares, que ha insistido en que será el Estado el que sufrague los gastos extraordinarios que supone pasar de 24 a 27 lenguas oficiales.
No obstante, en el Ministerio aún no saben cuánto supondrá ese gasto y hasta la semana pasada no se requirió formalmente de los preceptivos informes a los servicios de las instituciones europeas. Una vez los tengan, España planteará formalmente una “propuesta adaptada” al resto de socios europeos en la que se recojan esas condiciones que hacen del español un “caso único”.
En la Comisión Europea no se atreven a decir si el informe estará listo para la próxima cita del Consejo de Asuntos Generales del 15 de noviembre, aunque algunos estados miembros consideran que el debate se debe llevar a cabo a un nivel inferior a través, por ejemplo, de grupos de trabajo. “La Comisión está preparada para coordinar el trabajo que las instituciones necesitarían hacer para preparar una declaración financiera sobre los costes. Por ahora no puedo decir si estaría el 15 de noviembre, pero sí que estamos listos para preparar y ayudar”, ha respondido la vicepresidenta para la Democracia y la Demografía, Dubravka Šuica.
Por el momento, esas tres lenguas tienen un estatus intermedio ya que pueden usarse en algunas circunstancias. Los ciudadanos pueden dirigirse a las instituciones en esos idiomas y obtener una respuesta en ellos. Son las autonomías las que se encargan de las traducciones. En el caso del Consejo de la UE y el Comité de las Regiones, existe interpretación desde esas lenguas. Esa fórmula, acordada en 2005, sólo ha costado 60.000 euros en siete años a la administración central.
A pesar del marco de exclusividad en el que Albares ha presentado la propuesta, aún hay países que expresan sus reservas a ampliar el catálogo de lenguas oficiales. En esta ocasión, el que más notoriamente ha mostrado su rechazo ha sido el ministro de Exteriores de Letonia, KrišjÄnis Karins. “No creo que extendamos el número de lenguas oficialmente usadas en la UE en este momento”, ha dicho a su llegada a la reunión. Preguntado por las dudas que le genera, ha respondido: “No creo que ahora mismo sea el asunto número uno. Tenemos muchos asuntos sobre la mesa, tenemos la geopolítica y la posición estratégica de la UE en el futuro y en esto creo que deberíamos estar gastando nuestro tiempo ahora mismo”. Suecia, Finlandia o Lituania son otros de los países que tienen reservas.
Albares no ha querido poner una fecha en la que se podría tomar la decisión definitiva sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego y esa es una de las exigencias que plantea Junts. La inclusión del catalán en el catálogo de idiomas de la UE es una las condiciones para la investidura de Sánchez. “Se han producido avances pero el Gobierno español debe intensificar los esfuerzos diplomáticos y debe ser consciente de que estamos en tiempo de descuento”, advierten desde la formación, cuyos siete votos son fundamentales para que haya Gobierno.