El frente judicial común contra la ley homófoba de Viktor Orbán va ganando adeptos. España se ha sumado al recurso planteado por la Comisión Europea contra la norma que, camuflada bajo el nombre de lucha contra la pedofilia, incluye la prohibición de hablar de homosexualidad en los programas escolares.
La decisión del Gobierno se produce un día después de que la Eurocámara se personara en la causa así como otros diez países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda y Portugal). Fuentes diplomáticas explican que es inusual que los estados miembro se metan en este tipo de contenciosos contra legislaciones de otros miembros del club.
Pero la gravedad del ataque de Orbán a los derechos de las personas LGTBI ha llevado a algunos socios europeos a actuar. Nada más aprobarse la legislación en Hungría, hubo un primer movimiento. 17 países, entre ellos España, la censuraron al considerarla discriminatoria y reclamaron al gobierno comunitario que actuara en la vía judicial.
“Esta ley húngara es una vergüenza”, dijo entonces la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bruselas envió una carta a Orbán en la que le advirtió de que iría contra la norma. “Si la legislación entra en vigor, la Comisión Europea no dudará en actuar de acuerdo con sus poderes legales”, señalaba la misiva.
Era junio de 2021. El Gobierno de Orbán contestó en un comunicado en el que aseguraba que la Comisión Europea se basaba “en acusaciones falsas”. Bruselas emprendió el pasado julio el camino de Luxemburgo y ahora los tribunales tendrán la última palabra. Por ahora el Parlamento Europeo y varios países han lanzado un claro posicionamiento político en defensa de los derechos LGTBI.