El jugador del Real Madrid Vinícius Junior lidera una batalla contra el racismo. El brasileño planteó en una entrevista que España no debería albergar el Mundial de 2030 si no avanza en la lucha contra el racismo. Sus palabras generaron mucha polémica y fueron rechazadas por el capitán de la selección española, Dani Carvajal, que minimizó el problema, y por el Gobierno, que aseguró que en España se respeta la diversidad. Sin embargo, Vinícius tiene razón: el racismo es estructural, como en toda Europa, aunque España avanza en la pelea legal para erradicarlo más que los países del entorno.
“El racismo está arraigado en la estructura y las políticas de nuestra sociedad. Es un problema común y general. En España hemos visto muchos casos de racismo estructural en distintas áreas, como la vivienda, el empleo, etc.”, señala Carmine Conte, analista jurídico principal del centro de estudios de Bruselas Migration Policy Group que ha coordinado un informe sobre la situación del racismo estructural e institucional en ocho países europeos (España, Alemania, Países Bajos, Letonia, Grecia, República Checa, Rumanía y Suecia).
“Nuestra investigación indica que existen diversas formas de racismo estructural e institucional a escala nacional perpetradas por el Estado y las instituciones públicas. Las principales leyes, normas y procedimientos de los ocho países ignoran las necesidades de las minorías marginadas y/o raciales y étnicas y contribuyen a fomentar el racismo estructural e institucional”, recoge el documento, que menciona “la segregación en la vivienda y la escuela, la elaboración de perfiles raciales, las barreras administrativas para acceder a los servicios básicos, la falta de medidas positivas y de concienciación sobre el racismo entre los funcionarios públicos” como factores comunes. Otro de los ejemplos más palpables es el de la violencia policial contra las personas extranjeras.
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El informe ve, por tanto, deficiencias en todos los países, pero sitúa a España en una mejor posición respecto a la batalla legal contra el racismo estructural e institucional, que pasa por cambiar los desajustes legales que perpetúan las situaciones de desigualdad, y con ello también contribuir a la reducción del racismo que unos individuos ejercen directamente sobre otros, como el caso de los insultos a Vinícius. “Si tuviéramos que elegir un país del mundial en base al nivel de racismo, lo tendríamos bastante complicado, porque hay en todos lados”, expresa Francesco Pasetti, investigador principal del CIDOB, centro de investigación de Barcelona.
El principal motivo por el que España no sale tan mal parada del informe es la aprobación de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación en 2022, que convierte a España en el único país que refleja en su marco jurídico la existencia del racismo estructural. Además, es uno de los cuatro que cuenta con un Plan Estratégico para la lucha contra el racismo y la discriminación. “España es uno de los países que han hecho más progresos en comparación con otros, como Holanda o Alemania”, señala Conte.
Falta de recursos y personal
Sin embargo, pasar de la teoría a la práctica es más complicado. “Las políticas de España son muy buenas sobre el papel, pero bastante malas en la práctica. Si leemos las políticas como se publican en el BOE, están llenas de reconocimiento de derechos, de igualdad, que está muy bien; pero a menudo faltan recursos, herramientas, medidas ejecutivas para que la implementación de estas medidas sea eficaz”, profundiza Pasetti, que ha sido uno de los expertos en el análisis de España para ese informe.
“Es un buen primer paso, pero necesitamos políticas específicas”, señala Conte, que menciona, por ejemplo, medidas de sensibilización. “Abuchear a un jugador de fútbol por su color es algo realmente malo y el Gobierno español debería hacer algo para defender a los jugadores, sensibilizar a los aficionados, etc.”, apunta.
“Las medidas de los últimos años son muy positivas. Ahora, creo que el aspecto más importante es la puesta en marcha, la capacidad de hacer que el derecho a la igualdad y a no ser discriminado no solo sea reconocido en la ley, sino que sea un derecho real. Y para esto hacen falta recursos, personal, formación, comunicación y mucha colaboración entre instituciones”, agrega Pasetti.
El informe reconoce que lleva tiempo ver los frutos de los cambios legales. Y, teniendo en cuenta que el racismo enraizó en la sociedad española hace siglos a partir de la colonización, ¿da tiempo a que sea un país menos racista en 2030? El investigador del Migration Policy Group sostiene que es uno de los principales desafíos que tiene Europa y fía en buena medida la mejora a la revisión del Plan de Acción de la UE contra el Racismo que caduca en 2025. “En los próximos cinco años es crucial que todos los estados miembros apliquen el plan de acción europeo y adopten su plan nacional para hacer frente al racismo”, dice Conte.
El auge de la extrema derecha pasa factura
Pasetti aporta un punto más pesimista respecto a la posibilidad de que haya una mejora. “En el contexto político, por cómo está el tema de la inmigración, creo que apunta a todo lo contrario”, reflexiona en un momento en el que el continente tiende cada vez más hacia la ‘Europa fortaleza’ con el endurecimiento de las políticas migratorias que han derivado incluso en la reaparición de controles fronterizos en el espacio Schengen.
Además de motivar ese endurecimiento por parte de los gobiernos, el auge de la extrema derecha también contribuye a incrementar las actitudes racistas y xenófobas. “Los movimientos de extrema derecha europeos han sido muy activos a la hora de proporcionar narrativas y proponiendo medidas que, en última instancia, intensifican la discriminación racial y la incitación al odio contra las minorías y crean un entorno hostil”, asegura el informe del Migration Policy Group.
Sin embargo, otro de los problemas que acumulan las instituciones en esa batalla es la falta de datos oficiales sobre la discriminación por raza o etnia. “Ninguno de los países recopila de forma exhaustiva datos étnicos o raciales (...) para evaluar las políticas y prácticas que perpetúan el racismo estructural”, recoge el informe, que apunta, en el caso de España, al problema de las infradenuncias: en 2021, sólo hubo nueve sentencias por racismo. Según los datos del Ministerio del Interior, las denuncias por delitos de odio crecieron el año pasado un 21,3%, con el racismo y la xenofobia como principales amenazas.
“Muchos Estados miembros han iniciado reformas para complementar sus leyes nacionales de lucha contra la discriminación racial. Pero que esa legislación exista no significa necesariamente que se logre garantizar la igualdad de derechos para todos los que viven en esa sociedad. No basta con tipificar como delito la discriminación; debemos también combatirla garantizando que las disposiciones previstas se apliquen realmente y se pongan en práctica. Lo mismo puede decirse de las disposiciones del derecho penal que prohíben los actos racistas. A fin de que todas estas disposiciones sean efectivas, es imperioso que todas las autoridades las apliquen, incluidas la policía y la judicatura”, señalaba recientemente en un artículo Isil Gachet, secretaria ejecutiva de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI).