“El método para controlar los conflictos de intereses de los comisionados es una gran mascarada política”. Así describe Manon Aubry, eurodiputada de la Francia Insumisa (GUE), el sistema por el que la comisión de Asuntos Legales, de la que forma parte, examina las declaraciones de bienes de los comisarios designados por los países. Ese examen es previo a las audiencias ante los eurodiputados que han comenzado este lunes y se prolongarán hasta el próximo 8 de octubre.
“El procedimiento es absurdo”, denuncia Aubry en un hilo publicado en Twtter, “y podemos explicarlo ahora que ya se han publicado las famosas declaraciones de bienes [las deliberaciones de la comisión han sido a puerta cerrada].”
“Los comisarios europeos se encuentran entre las figuras políticas más poderosas de la Unión Europea”, razona Aubry, “solo ellos pueden presentar proyectos de ley europeos (directivas, regulaciones), y por eso los tratados requieren que su independencia esté más allá de toda sospecha”.
¿Y cuál es el problema? “Que la UE nunca se ha dotado de los medios para cumplir esta promesa democrática de integridad. El método para controlar los conflictos de intereses de los comisarios es una gran mascarada política”.
¿Por qué es una “mascarada”? “No se nos permite discutir los casos judiciales graves que están en curso para algunos candidatos (corrupción, malversación de fondos públicos, etc.), no tenemos acceso a los ingresos ni a las cuentas bancarias de los candidatos.... Nuestras posibilidades son: validar al candidato directamente; hacer preguntas adicionales, convocarle a una audición, validar con recomendaciones o concluir que hay un conflicto de intereses irresoluble”.
Y, después de todo el proceso, la comisión de Asuntos Legales ha declarado no aptos a la rumana Rovana Plumb (S&D) y al húngaro László Trócsányi (PPE), quien ya ha sido reemplazado por el embajador húngaro ante la UE, Olivér Várhelyi –también parece que Plumb será reemplazada por la embajadora rumana ante la UE, LuminiÅ£a Teodora Odobescu–. “Hemos estado luchando durante dos semanas para hacer seriamente este trabajo de control. Pero solo dos comisarios de Europa del Este tienen problemas (Plumb y Trócsányi), cuando los pesos pesados de Europa occidental han estado bien protegidos”.
¿A qué se refiere Aubry? “Por ejemplo, Josep Borrell, socialista español, candidato para asuntos exteriores, con medio millón en acciones, incluidas Bayer (pharma), BBVA (finanzas) e Iberdrola (fósiles). Pero no se le hizo ninguna recomendación. Paolo Gentiloni, Partido Democrático italiano, candidato para la economía y la fiscalidad justa: 111.000 euros en Amazon; 20.000, en LVMH... sin mencionar los combustibles fósiles (ENI, Enel). Promete vender sus acciones, pero no hay ninguna garantía solicitada”.
La eurodiputada francesa sigue enumerando casos: “Johannes Hahn, derecha austriaca, candidato para el presupuesto: 16.000 euros en Erste Group; 37.000, en Reiffeisen (finanzas); 113.000, en Verbund; 21.000, en OMV (energía, petróleo). Se le pide que venda sus acciones, pero no se le exige garantías. Kadri Simson, liberal estonio, Energía: no declara las empresas de su socio acusadas de corrupción, en contra de las reglas de transparencia sobre los 'socios estables', pero no se le pide información adicional”.
Aubry entiende que a estos comisarios les está saliendo “barato”, mientras que “tanto en términos de solicitud de información adicional como de recomendaciones para la venta de acciones, la comisión demostró que sabía ser firme con candidatos de países menos influyentes”. ¿Por ejemplo? “Se examinó el piso del polaco Wojciechowski, que estuvo desocupado durante 3 años, pero no plantearon ningún problema los 13 apartamentos de la portuguesa Ferreira, ni los cinco de Josep Borrell o los 4 de Gentiloni”.
“A la chipriota Stella Kyriakides”, prosigue Aubry, “se le preguntó si tenía la intención de renunciar a sus puestos en los consejos de dos asociaciones, y ha dicho que lo hará. Pero Borrell se sienta en 22 consejos de administración y no se le ha pedido nada. El húngaro Trócsányi fue llamado a declarar por su antiguo bufete de abogados. Mientras Sylvie Goulard [francesa del partido de Emmanuel Macron] recibió 12.000 euros al mes de un grupo de expertos cuando era eurodiputada sin que nadie sepa para qué y sin que se le haya solicitado más información”.
La eurodiputada de la Francia Insumisa prosigue con los ejemplos: “Al lituano Sinkevicius (Medio Ambiente y Océanos) se le preguntó si su esposa tiene clientes en el campo del medio ambiente. Pero el marido de Ferreira (Cohesión y Reforma) gestiona fondos de desarrollo europeos para la región norte de Portugal y no se le preguntó sobre ello”.
“A Hahn, Ferreira y Kyriakides se les ha pedido que vendan sus acciones”, continúa Aubry, “pero no a Borrell o Gentiloni, mientras que sus activos son igualmente problemáticos, si no más”.
Así, concluye Aubry: “El procedimiento es muy frágil, sin medios para investigar y muy político. El escrutinio de los comisarios no fue imparcial ni riguroso, a pesar de los esfuerzos de algunos eurodiputados de la comisión JURI [Asuntos Legales]. Y, más que nunca, exige una reforma en profundidad. Es urgente establecer una autoridad de transparencia europea independiente para despolitizar y ejercer el control, de ello depende la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas ya muy alejadas de las personas”.