La Comisión Europea tiene los fondos de recuperación polacos en la nevera. Al igual que los húngaros. Pero ese dinero es sólo una parte de lo que le corresponde a Polonia, un país que se está situando fuera del ordenamiento jurídico de la UE por su negativa a reconocer la primacía del derecho europeo sobre el nacional. Polonia tiene asignados 106.000 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea hasta 2027, entre fondos de cohesión, política agraria común y los del fondo de recuperación. Es decir: 36.000 millones del fondo de recuperación (23.900 en transferencias y 12.100 en créditos); 75.000 millones en fondos de cohesión (en 7 años) y 31.200 millones de la política agraria común (en 7 años), como explica Europa Press.
Y este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió duramente al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en el pleno de Estrasburgo del Parlamento Europeo: “No podemos ni vamos a tolerar que se pongan en riesgo los valores comunes. La Comisión Europea va a actuar, vamos a llevar ante los tribunales la sentencia del Tribunal Constitucional polaco, tenemos el mecanismo de condicionalidad de los fondos y el Estado de Derecho, además de otros mecanismos financieros. En estos próximos años vamos a invertir miles de millones de euros con el Marco Financiero Plurianual y el Next Generation EU, y debemos proteger el presupuesto europeo”.
Sin embargo, las palabras no se acompañan por los hechos con la suficiente rapidez a juicio del Parlamento Europeo. En consecuencia, el presidente de la Eurocámara, David Sassoli (PD/S&D), ha pedido este miércoles a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo que preparen una demanda contra la Comisión Europea por la no aplicación del reglamento de condicionalidad con la mirada puesta en Polonia.
Este reglamento, adoptado el pasado mes de diciembre, permite a la UE suspender los pagos del presupuesto comunitario a los Estados miembros en los que el Estado de Derecho está amenazado.
La carta de Sassoli a los servicios jurídicos de la Eurocámara llega tras una votación en la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo del pasado 14 de octubre que recomendaba llevar el caso ante el Tribunal de Justicia. La mayoría de los líderes de los grupos políticos en la Conferencia de Presidentes de este miércoles han apoyado esta acción.
La carta deja claro que el Parlamento Europeo retirará este procedimiento judicial si la Comisión toma las medidas necesarias, cosa que la propia Von der Leyen ha dado a entender que pasará.
En su intervención tras la reunión de los líderes de los grupos políticos, Sassoli ha dicho: “Los Estados miembros de la UE que violan el Estado de Derecho no deberían recibir fondos de la UE. El año pasado, el Parlamento luchó con todas sus fuerzas por un mecanismo que lo garantizara. Sin embargo, hasta ahora la Comisión Europea se ha mostrado reacia a utilizarlo. La Unión Europea es una comunidad construida sobre los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Si éstos se ven amenazados en un Estado miembro, la UE debe actuar para protegerlos. Por eso he pedido a nuestros servicios jurídicos que preparen una demanda contra la Comisión para garantizar que las normas de la UE se apliquen correctamente”.