La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada este viernes a 10 años de cárcel por los sucesos de 2019 que ocurrieron entre el 10 de noviembre, día en el que Evo Morales renunció a la Presidencia del país, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria.
A las 21.30 hora local (01.00 GMT) el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz anunció de manera virtual la condena contra Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y señaló que el texto completo de la resolución se dará a conocer en una audiencia el 15 de junio.
El juicio por el caso “golpe de Estado II” se debatió sobre las acciones de Áñez cuando era segunda vicepresidenta del Senado y asumió en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el Gobierno de Luis Arce y el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), tras las renuncias de Evo Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.
Carolina Ribera, hija de Áñez, dijo a Efe que este “juicio ha sido grosero” y que al momento del anuncio de la sentencia la expresidenta interina se encontraba sin ninguno de los abogados, que al igual que todas las partes escucharon la determinación por vía virtual. Alain de Canedo, uno de los abogados de Áñez, también señaló a Efe que como el anuncio del juez fue en la noche, a “esa hora está restringida la entrada en la cárcel”.
En su última declaración este viernes en la mañana, Áñez manifestó que “el poder político a mí lo que está haciendo es vengarse”. “Me han negado el derecho a estar presente hasta en mi propio juicio, si es que así puede llamársele a este simulacro. Me han negado todo y tratado peor que a nadie pero fui, soy y seré la Presidenta Constitucional que asumió su deber tras la huida del cobarde”, denunció.
Dijo, además, que no tenía la “ambición” de asumir la Presidencia y que solo cumplió su deber y que, a su juicio, el “único ambicioso” fue el expresidente Evo Morales “que no respetó la Constitución” desde 2016 cuando hizo caso omiso a los resultados de un referéndum que le negaban un cuarto mandato consecutivo.
Áñez tuvo que enfrentar todo el juicio de manera virtual desde la cárcel, pues según las autoridades era una medida preventiva por la pandemia y luego argumentó que existía un “riesgo de fuga”, pese a las insistentes peticiones de su defensa para que pudiera asistir personalmente a las audiencias.
La expresidenta transitoria deberá cumplir la condena en la cárcel de Miraflores, donde está detenida de manera preventiva desde hace más de un año.
Apelaciones al fallo
La defensa de la exmandataria así como la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría del Estado ya han confirmado que apelarán el fallo. La Fiscalía pedía 15 años de reclusión para la expresidenta interina argumentando que de forma “ilegal” asumió la Presidencia “vulnerando el reglamento del Senado” e “instalando” sesiones en el Parlamento sin la mayoría oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS). Mientras que el abogado defensor De Canedo confirmó a Efe que “apelarán” la determinación después de que se conozca el texto completo de la sentencia.
El Tribunal también anunció una sentencia de 10 años de cárcel contra el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, y el excomandante de la Policía Yuri Calderon, de quienes se desconoce su paradero, y, además, otros cuatro exmiembros de las fuerzas fueron condenados a penas de entre cuatro y dos años.
En la mañana de este viernes los jueces del tribunal se trasladaron hasta la cárcel para tomar la última declaración de Áñez y luego hicieron lo propio en la prisión donde se encuentran dos exjefes militares, para posteriormente retirarse a deliberar.
Mientras que los jueces deliberaban, varias personas se apostaron a las afueras del tribunal gritando consignas como “cárcel para Áñez” y portando carteles con mensajes de “Áñez asesina” y “30 años de cárcel para Áñez”.
En principio la Justicia le abrió una causa por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un “golpe de Estado”. De ese caso se derivó el proceso “golpe de estado II”, por el que hoy fue condenada.