En una entrevista con la agencia Associated Press (AP), el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha asegurado que el Departamento de Justicia no ha encontrado fraude masivo en el recuento electoral de las pasadas elecciones estadounidenses que certificaron al demócrata Joe Biden como el próximo presidente del país: “Hasta hoy, no hemos visto fraude a una escala en la que pudiese afectar al resultado de las elecciones”.
La declaración de Barr confirma lo que los expertos electorales, incluidos aquellos en el Gobierno federal, han venido asegurando durante el último mes. Además, esta declaración podría suponer un argumento de peso para todos aquellos seguidores de Trump que apoyan las reclamaciones del presidente, quien sigue catalogando la votación de “fraudulenta”, ya que Barr ha sido uno de los mayores defensores de la labor del republicano.
Tras las elecciones, Barr autorizó a los fiscales la investigación de las “considerables alegaciones” de votos irregulares que se habían registrado a lo largo del país, a pesar de la falta de evidencias de que se hubiese producido un fraude electoral a gran escala. Esta decisión llevó a varios miembros del departamento a renunciar a modo de protesta.
El equipo jurídico de Donald Trump ha rechazado las consideraciones del fiscal alegando que “no ha habido nada parecido a una investigación”. La declaración, firmada por el abogado Rudy Giuliani, añade que el Departamento de Justicia no ha indagado en las “evidencias” de fraude presentadas por el equipo de Trump.
Barr, en la entrevista, ya advierte de que esa investigación no forma parte del trabajo del sistema judicial federal. Esas denuncias deben ser probadas en los tribunales.
Sin esgrimir ninguna prueba, el equipo legal del líder republicano asegura que había “reunido una amplia evidencia de votación ilegal en al menos seis estados, que no han sido examinados” y que tienen “muchos testigos que juran haber visto delitos cometidos en relación con el fraude electoral”.
La declaración termina: “Seguiremos en nuestro empeño de descubrir la verdad a través del sistema judicial y la legislación estatal, y perseguiremos el mandato constitucional que debe asegurar el recuento de cada uno de los votos legales y descartar los ilegales. De nuevo, con todo el respeto por el fiscal general, su opinión parece no basarse en ninguna investigación sobre las numerosas irregularidades y evidencias de fraude sistémico”.