El ex presidente boliviano Evo Morales ha sido acusado formalmente de delitos de terrorismo y sedición por el Gobierno interino de Bolivia. La acusación se sustenta en lo que el ejecutivo surgido tras el golpe de Estado considera “pruebas” como un vídeo filtrado por el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, en el que se escucha una voz atribuida a Morales, supuestamente, incitando a bloqueos de ciudades en el país. La denuncia contra Morales, asilado en México, fue presentada en la fiscalía de La Paz por el propio Murillo.
El ministro ha declarado ante los medios que el Gobierno de la presidenta provisional boliviana, Jeanine Áñez, pide las máximas penas por estos delitos. Las penas por terrorismo en Bolivia van de quince a veinte años de prisión y la sedición está penada con de uno a tres años de cárcel.
“Las pruebas están claras”, ha defendido Murillo, en referencia a un vídeo en que se escucha una voz asignada a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes. “Evo dice que maten a los bolivianos haciendo cerco a las ciudades”, ha afirmado el ministro, quien ha denunciado que “esa es la verdadera cara, el verdadero rostro ” de Morales.
La denuncia es también contra el que fuera ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido. El titular de Interior del gobierno autoproclamado señaló que Quintana, un ex militar metido en política que representó el núcleo duro de varios gobiernos de Morales, amenazó con que Bolivia se convertiría en “un nuevo Vietnam”.
Murillo ha asegurado también que el 70 por ciento de Bolivia no presenta conflictos, pues se localizan especialmente en puntos como el Chapare, una zona cocalera donde se dio a conocer Evo Morales como sindicalista antes de llegar al poder, donde mantiene muchos seguidores. Además de Senkata, un punto de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde afines a Morales protestan frente a una refinería.
El ministro ha afirmado que se intenta “agotar la vía del diálogo” con los manifestantes antes de emplear la fuerza para levantar bloqueos. El Gobierno interino de Áñez no prevé “medias excepcionales” para afrontar las protestas, porque “prácticamente todo está controlado”, ha aseverado.
La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, firmó la pasada semana un decreto que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas desplegadas contra las movilizaciones surgidas tras el golpe en ciudades como El Alto, La Paz o Cochabamba.
La medida ha desatado la alarma de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha calificado de “grave” el decreto al considerar que va en contra los estándares internacionales de derecho humanos y “por su estilo estimula la represión violenta”.
Este mismo jueves, un grupo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, especializada en disturbios, dispersó con gases lacrimógenos en La Paz una multitudinaria marcha de féretros de varios de los fallecidos durante las protestas. Varios de los participantes declararon a Efe que se sentían “tratados como perros”, tras haber desarrollado “pacíficamente” su protesta para denunciar la intervención militar y policial del martes en El Alto. “Hemos sido matados y ahora somos gasificados”, explicaba una de las asistentes.
Investigación de la veracidad del vídeo
Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ha dicho en una rueda de prensa que el Ministerio Público ya investiga la veracidad del vídeo que se atribuye a Morales. Para ello ha pedido a la Cancillería de Bolivia que contacte con la de México por si necesita su apoyo.
La investigación incluye pruebas periciales para determinar la veracidad de la voz. Además, se ha solicitado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Bolivia que informe si el teléfono desde el que supuestamente habla Evo Morales desde México es del Estado boliviano. Si fuera así, podría incurrir en un uso indebido de bienes del Estado, ha advertido el fiscal general.
La Policía Boliviana localizó en la región oriental de Santa Cruz el celular en el que se descubrió el vídeo con la supuesta conversación entre un dirigente cocalero y Evo Morales, recordó el fiscal.