“Milei: jugás las cartas de la libertad… De la libertad solo para los ricos”, decía el cartel que llevaba en alto Pedro Conide, quien se jubiló en 2013: “Nunca estuve tan pobre como ahora”. Como él, miles de pensionistas, acompañados de sindicatos y agrupaciones de izquierda y peronistas, protestaron frente a un Congreso que les dio la espalda: los Diputados ratificaron este miércoles el veto del presidente ultraderechista a un aumento del 8,1% de las pensiones.
En Argentina, la mayoría de los jubilados, más de cinco millones (de un total de siete millones de pensionados nacionales) cobran la pensión mínima de 234.000 pesos (unos 221 euros) más un bono de 70.000 (66 euros) como compensación para equipararla con la cesta básica. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al mantener congelado el valor del bono desde marzo, las jubilaciones mínimas sufrieron un recorte equivalente a 52.000 pesos (49 euros).
Con el aumento que frustró la bancada que sostiene a Milei, el pago mínimo habría sido de 316.000 pesos, que de por sí ya era insuficiente en un país que tuvo una megadevaluación del 54,4% en diciembre decidida por el gobierno ultra. En lo que va del año, la inflación registrada es del 87%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Motosierra a las pensiones
El ajuste récord decretado por el presidente, Javier Milei, ha recaído especialmente sobre los jubilados, un segmento sobre el que recae casi un tercio del total del “programa de licuadora y motosierra”. Así se desprende de un informe elaborado por CEPA, donde los especialistas advierten del “carácter regresivo” de las reformas en materia de previsión social.
“En el período enero-julio de 2024, el 27,7% del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones”. Además, el análisis no considera diciembre de 2023, mes en el que la feroz devaluación disparó una subida histórica de la inflación, que agravó como nunca la crisis. Desde que asumió Milei el 10 de diciembre, la jubilación mínima cayó un 5% en términos reales.
“Paro, paro, paro, paro general, cantaron este miércoles a viva voz los que se sumaron al llamamiento de los pensionistas. Cada miércoles, los jubilados se concentran para exigir un pago digno por toda una vida de trabajo. El día de la semana no es casual: en los 90 era parte de la resistencia al ajuste de Carlos Menem y la privatización de la seguridad social, nacida de la reforma laboral de 1994.
En 2008, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó el sistema privado conocido como Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), similares a las vigentes AFP chilenas, heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet.
La oposición en el Congreso de los Diputados no pudo conseguir los dos tercios para anular el veto presidencial a una ley aprobada en agosto que subía el poder adquisitivo de los jubilados. La Libertad Avanza, el Pro (partido del expresidente Mauricio Macri), un mosaico de bloques aliados y cinco diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) lograron reunir poco más del tercio de las voluntades necesarias para blindar el veto de Milei.
En la calle, esos diputados radicales eran tildados de traidores, ya que habían aprobado la revalorización –que no fue reconocida por el gobierno– del 8,1% por la inflación de enero.
El resultado final de la votación fue 153 votos a favor de la ley, 87 en contra y ocho abstenciones. El presidente ultraderechista lo celebró en sus redes. “Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir”, declaró.
Balas y gases
La administración de Milei ha respondido a las protestas siempre de la misma manera: con represión. Tras la votación en el Congreso, la Policía disparó balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos y desalojó a los manifestantes bajo el protocolo del “orden” establecido por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.
Una menor de 11 años sufrió el efecto de los gases lacrimógenos y la organización Amnistía Internacional advirtió que “los niños no pueden ser blanco de gases e impactos de bala”.
La ministra Bullrich responsabilizó a la madre de la niña y no a los agentes. “Madre irresponsable y violenta”, dijo en X. “Ya les dijimos: llevar a los chicos a las marchas está prohibido”, dijo quien desplegó 900 efectivos y mandó poner vallas en las inmediaciones del Congreso.
“Bullrich, Milei: con los viejos no”, decía el cartel en manos de Liliana Cabrera, una enfermera pensionada. “Me jubilé hace poco, gano un poquito más que la mínima. Como soy enfermera siempre hay alguna chanquita para hacer, como tomar la presión o poner inyecciones. Pero no es la idea seguir trabajando”, afirmó a elDiario.es.
Una mujer con un pañuelo en la mano, emulando al de las Madres de Plaza de Mayo, mostró la frase que acuñó Diego Maradona durante el menemismo: “Hay que ser cagón para no defender a los jubilados”. Actriz, de 78 años, dijo que era jubilada “gracias a la moratoria del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”. Se refería a la moratoria para que los trabajadores y las trabajadoras que no cuentan con 30 años de cotización puedan jubilarse. “El pueblo argentino está despertando de nueve meses de siesta”, dijo Cristina Allende. “Mi papá era un primo segundo de 'Chicho' Allende, soy como su sobrina segunda”, añadió sobre el expresidente chileno Salvador Allende. Ironías de la historia de América latina: la protesta sucedió un 11 de septiembre.